Ante los problemas socio económicos que presentan los trabajadores y sus familias, representantes de más de 60 organizaciones gremiales, sindicales y ONG elaboraron un documento en el que demandan y plantean soluciones urgentes en materia de salarios, respeto a los derechos humanos y restitución de los contratos colectivos en el sector público y privado.
Los dirigentes realizaron -el 29 de noviembre en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv-) el Pleno Metropolitano de Trabajadores de Caracas, del cual surgió el documento con propuestas inéditas como la implantación de la canasta básica laboral.
Dicho mecanismo tiene la finalidad de «determinar los productos, bienes y servicios necesarios para vivir dignamente».
En el escrito también se exige «la institución de las negociaciones de los contratos colectivos como medio para reducir la desigualdad y mejorar los salarios y condiciones de trabajo».
Partiendo del principio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del empleo decente con salario suficiente, en el informe se demanda la salarización de los bonos, incluyendo el ticket de alimentación, para rescatar los sueldos y salarios, cuyo poder adquisitivo ha sido pulverizado por la devaluación y la inflación, llevando al mínimo las prestaciones sociales.
De acuerdo con el escrito, patronos de los sectores público y privado tienen la intención de mantener la política de que la mayor porción del ingreso de los trabajadores sea cancelada en bonos sin incidencia salarial.
Asimismo, los firmantes exigen el respeto a la autonomía y democracia sindical. «Combatimos la corporativización y el paralelismo sindical y la promoción de organizaciones sindicales y gremiales desde los patronos de los sectores público y privado», insisten.
El texto aborda, además, lo relativo al pago de la deuda pública y externa, recordando que las mismas fueron contraídas por los gobiernos «a espaldas del pueblo».
Por ello, recalca que «esos recursos deben ser invertidos en el ahorro social, la producción y para pagar la inmensa deuda social que tiene el Estado con los trabajadores y el pueblo».
Igualmente, está la exigencia al gobierno de la rendición de cuentas de todos los ingresos por concepto de extracción minera, hidrocarburos, impuestos, debido a que «la opacidad de la información opera como mecanismo para ocultar desviaciones de cuantiosos recursos presupuestarios».
El documento señala la necesidad de impulsar una alianza sinérgica de las luchas sindicales con las organizaciones de la sociedad civil; sobre todo, las que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.
En esa dirección se acordó adoptar una agenda de acciones en la que destaca un acto de movilización por la defensa de los derechos humanos el 10 de diciembre, fecha aniversario de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre esta materia.