Venezuela dijo que pospondrá la fecha límite legal para demandar por el límite de US$60.000 millones de deuda en mora, un intento del presidente Nicolás Maduro para evitar que los acreedores presenten una ola de demandas mientras intenta recuperar el reconocimiento de Estados Unidos.
La Administración de Maduro anunció el jueves que suspendió el plazo de prescripción de los bonos emitidos por la estatal PDVSA, según un comunicado publicado en su sitio web. Se prevé un anuncio por separado del Gobierno, según una persona familiarizada con los planes. La prescripción entrará en vigor por cinco años o hasta que el Gobierno de EE.UU. levante las sanciones económicas que impiden una reestructuración de la deuda.
El estatuto de algunos bonos expirará en octubre, seis años después de que Caracas suspendiera los pagos de la deuda, lo que significa que los acreedores se enfrentan a perder su derecho a demandar el pago en los tribunales.
Los tenedores de bonos ahora deben decidir si aceptan la oferta de Maduro o presentan una demanda para proteger sus reclamos. La oferta de Caracas, que se conoce como una suspensión de cláusula de prescripción, daría al Gobierno y a los acreedores más tiempo para trabajar en una posible reestructuración. Pero dado que EE.UU. no reconoce al Gobierno de Maduro, los acreedores dicen que se necesitan otras garantías.
“Este es un primer paso importante”, dijo Richard Cooper, abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, quien representa a un comité de tenedores de bonos que posee más de US$10.000 millones de la deuda.
La Administración Biden no reconoce a nadie como presidente legítimo de Venezuela, dejando un vacío diplomático que complica los asuntos legales. Cooper dijo que los tenedores de bonos necesitarían que los líderes que representan a la Asamblea Nacional controlada por la oposición también apoyen la suspensión del plazo de prescripción, y el apoyo de EE.UU.
Las medidas de suspensión son una táctica poco utilizada que se aplica cuando los países han tenido largos períodos de incumplimiento de pago, como Perú en la década de 1990. También se suele hacer en el contexto de un proceso de reestructuración de deuda más amplio.
El anuncio marca un nuevo intento de Maduro de trabajar con los acreedores mientras busca recuperar la legitimidad internacional y convencer a los Gobiernos extranjeros de que eliminen las sanciones contra su país. Washington ha suavizado silenciosamente su postura hacia Maduro durante el último año al levantar algunas restricciones a la industria petrolera y enviar representantes a Caracas para conversaciones directas que condujeron a intercambios de prisioneros.
Maduro, quien reemplazó al difunto presidente Hugo Chávez hace una década, ha dicho repetidamente que el Gobierno está abierto a una reestructuración, sin dar detalles. Un acuerdo de suspensión anterior propuesto por su Administración en 2020 no logró obtener resultados.
Venezuela dejó de pagar su deuda en 2017 y no ha podido llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos, ya que las sanciones económicas impiden que los inversionistas estadounidenses traten con el Gobierno de Maduro. Se han acumulado miles de millones de dólares en intereses sobre los bonos, que cotizan en alrededor de 11 centavos en el caso de los soberanos y menos de 5 centavos en el caso de los bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela SA.
Incluso si la oposición avala el anuncio de la suspensión, es posible que los acreedores además deban solicitar una declaración del tribunal que indique que el respaldo es efectivo dada la ambigüedad legal sobre el tema, dijo Cooper. La destitución del líder opositor Juan Guaidó de su cargo como presidente interino reconocido por EE.UU. en diciembre ha dejado un vacío.
“Necesitamos claridad”, dijo Claudio Zampa, fundador de Mangart Capital Management Ltd., con sede en Suiza, y miembro del Comité de Acreedores de Venezuela. “El gran problema en este momento es que no tenemos una decisión formal del Gobierno de EE.UU. que nos diga, como tenedores de bonos, quién es el representante legal de Venezuela”.
Fuente: Bloomberg