El diario digital El Faro anunció el jueves que su estructura administrativa y legal «se muda» a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, debido a la «falta de condiciones para seguir operando».
En un editorial, el periódico aseguró que durante la administración del presidente Nayib Bukele, la publicación y sus empleados fueron «objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial” y enfrentaron «seguimientos físicos y amenazas”, además de «espionaje con Pegasus, acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial».
Pero, sobre todo, «hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes», acotó.
«El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas», dijo el diario.
El editorial explicó que desde el 1 de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica en San José, Costa Ric», antes «operó administrativamente bajo la propiedad de la empresa salvadoreña Trípode S.A. de C.V., con la que nació», apuntó.
Indicó que su «redacción seguirá en San Salvador” y que seguirán «haciendo periodismo en El Salvador”, pero su «operación administrativa y legal ya no”, y que ahora «son un periódico centroamericano con sede en San José».
Faltan condiciones
Señaló que esto es «es la culminación” de un proceso que emprendieron «hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador».
El Faro es considerado uno de los diarios más importantes de El Salvador y reconocido internacionalmente por el valor de sus investigaciones.
En abril de 2021, El Faro denunció que el gobierno supuestamente «fabrica otro caso» en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.
Además, en julio de 2021, el editor de El Faro, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, salió de El Salvador conminado por el gobierno, tras negarle un permiso de trabajo y la residencia temporal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero de 2021 medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes del medio que, advirtió, «estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización».
Fuente: DW