En Venezuela, la falta de políticas públicas y la ausencia de una verdadera conciencia sobre la diversidad humana son problemas que no podemos ignorar. Entre tantos males que vivimos, la desprotección que enfrentan las personas con capacidades y necesidades diferentes es una de las que destaca. El Estado tiene una deuda enorme con estos grupos que se deben atender con políticas públicas que funcionen para que den amparo y cobijo a todos los ciudadanos por igual. El país que anhelamos tiene que garantizar los derechos y oportunidades para todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
Vivimos bajo un régimen que se autoproclama revolucionario e inclusivo pero que no ha hecho más que incrementar las dificultades que enfrentan las personas con necesidades diferentes, siendo excluidas de la protección que debe dar cualquier nación a sus habitantes, garantizando que sean tratadas con dignidad y respeto, sin importar su condición o identidad. La discriminación y la exclusión no pueden ser toleradas en ninguna sociedad.
La diversidad, por ejemplo, no es una de sus preocupaciones. Las instituciones no recogen cifras oficiales sobre personas discapacitadas o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Estos venezolanos no solo deben lidiar la discriminación, sino que además padecen la crisis económica, política y social, que nos azota a diario.
En nuestro país no existe una ley que proteja los derechos de las personas invidentes, tampoco se facilita la movilidad de las personas discapacitadas y no se promueve su acceso a espacios públicos y transporte. En el ámbito educativo, aunque existe una normativa que obliga a las escuelas a aceptar a niños con síndrome de Down o autismo, no se han desarrollado ni implementado mecanismos efectivos para adaptar la educación a las necesidades específicas de estos niños y jóvenes. Cada persona tiene habilidades y desafíos diferentes y se debe garantizar una educación inclusiva que les permita desarrollarse plenamente.
La verdadera inclusión requiere la implementación de políticas que se enfoquen en toda la población, especialmente en aquellos que más lo necesitan. Seguir ignorando estos temas cruciales, es condenarnos al atraso. La emergencia humanitaria compleja no puede ser una excusa para dejar de lado la inclusión. Debemos fomentar la educación y la toma de conciencia sobre la discriminación que se produce en nuestra sociedad.
El Estado debe intervenir para asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos. El país que queremos, el país que tenemos que construir, debe ser inclusivo. Este es uno de los principales retos que tenemos por delante, donde todos los venezolanos sean iguales y podamos educar y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión en nuestra sociedad. Es hora también de trabajar por una Venezuela de progreso social e inclusiva.