El incremento de casos de persecución y criminalización contra trabajadores de organizaciones de Derechos Humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado jueves.
Representantes de Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y FundaRedes participaron en la Audiencia Pública sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, en la cual alertaron que la activación del plan “furia bolivariana”, que empleó el gobierno de Maduro recientemente, originó una ola de persecución contra miembros de las organizaciones civiles que hacen vida en el país.
Durante el 189 periodo de sesiones de la CIDH, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares.
Declaró que la presidenta de la ONG Control Ciudadano se encuentran en El Helicoide, “el centro de tortura más grande de Latinoamérica”, donde aún sus abogados y familiares no han podido visitarla.
Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, explicó que la detención de San Miguel y el grupo de personas que la acompañaba evidencia la situación a la que son sometidos los defensores de derechos humanos en el país.
Denunció que el plan “furia bolivariana”, anunciado en cadena nacional, se trata de una forma de “castigo ejemplarizante del régimen” contra quienes trabajan por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
“Este plan no solamente afectó a Rocío San Miguel, sino a toda su familia. Terminaron desaparecidos, detenidos arbitrariamente y hoy a 20 días de la detención de Rocío San Miguel se le sigue negando el acceso a la defensa y la juramentación de sus abogados de confianza”, dijo Dávila.
Activistas exigen cese de la persecución
Diamanti manifestó que los defensores de derechos humanos en Venezuela son víctimas de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de allanamientos ilegales, de persecución de familiares y amigos; y son sometidos a procesos penales irregulares con evidencias falsas para sustentar acusaciones infundadas.
Por su parte, Clara Ramírez, directora de FundaRedes, consideró que las medidas cautelares que ha otorgado la CIDH a defensores de derechos humanos han sido insuficientes, ya que Javier Tarazona, quien presidia la ONG en ese entonces, fue detenido pese a tener dicha protección internacional.
Osvaldo Cáceres, representante de FundaRedes, denunció que Tarazona ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, que van desde el suministro de sustancias estupefacientes, para obtener un testimonio viciado, asfixia mecánica, golpes e incluso, a pesar de ser una persona con problemas de circulación, sus extremidades inferiores han sido maltratadas con alfileres.
En este sentido, los voceros exigieron el cese de la persecución, los ataques y la criminalización contra las organizaciones civiles y sus trabajadores.
“Exigimos el cese de la persecución política en Venezuela y pedimos toda la solidaridad internacional para que Javier Tarazona, Rocío San Miguel y los demás presos políticos puedan estar en libertad como se lo merecen porque defender los derechos humanos no es un delito”, expresó el presidente de Un Mundo Sin Mordaza.