«La violaciones de derechos humanos ha sido una constante en detenciones de militares», sentenció la directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo, destacando las alarmas que suponen la cantidad de denuncias recibidas por parte de los familiares acerca de las diferentes torturas que se les ha propinado a los oficiales de las Fuerzas Armadas presos por razones políticas.
«Nosotros consideramos que las violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido con mayor ahínco y con mayor inclemencia contra los oficiales que están privados de libertad, algo que no se entiende porque se supone que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) está conformada por militares en su mayoría», apuntó al respecto.
Sobre este tema, Camejo precisó que en el caso del fallecido presidente Chávez y todo el grupo de oficiales que lo acompañó en el alzamiento militar, se les respetaron sus derechos humanos y en los sitios de reclusión tuvieron un trato digno, mientras que a los militares institucionales presos por defender la constitución les violan sus derechos: «En todos estos casos no ha habido nada de eso, ningún alzamiento, simplemente muchos de ellos se han quejado por las carencias que vienen teniendo en cuanto a alimentos para sus tropas, en cuanto a logística para que sus batallones, unidades funcionen en optimas condiciones y a raíz de estas quejas han sido privados de libertad».
En entrevista con Vladimir Villegas para Unión Radio, la defensora de derechos humanos recalcó la anomalía que supone que los operadores de la justicia penal ordinaria y la justicia militar se encuentren violando la aplicación de la norma constitucional en referencia a la forma de juzgar tanto civiles como efectivos castrenses. «Hay una violación al debido proceso, ni los civiles pueden ser juzgados en tribunales militares, ni los militares en tribunales penales ordinarios. señaló poniendo como ejemplo de esto al sindicalista Ruben González, quien se encuentra privado de libertad con un delicado estado de salud en un anexo militar de cárcel de La Pica, ubicada en Maturín.
En el mismo espacio, la jurista hizo un llamado al Fiscal General, Tarek William Saab, para que envíe fiscales de derechos fundamentales a verificar el estado de todos estos oficiales que se encuentran privados de libertad, sobretodo en la Dgcim. Precisó conocer denuncias en los últimos días sobre la carencia en el suministro de alimentos, la situación delicada de salud en que se encuentran varios oficiales, así como casos de hipertensión, problemas de la piel y problemas de visión, que deben ser atendidos lo mas pronto posible.
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