El tribunal regional de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano y en la sentencia destacó que las torturas, detenciones arbitrarias y ejecución extrajudicial de Jimmy Guerrero estuvieron motivadas por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
A su vez, la Corte IDH estableció que, luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo de Guerrero, lo que se comprende como una manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la impunidad. Esta es la séptima vez que COFAVIC, en alianza con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentan un caso ante la Corte Interamericana, y en cada ocasión el Estado venezolano ha sido hallado responsable y obligado a reparar a las víctimas de violaciones los Derechos Humanos.
Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC y quien estuvo al frente del litigio junto al equipo de Cejil, subrayó que la Sentencia «marca un precedente que da luces no solo sobre el pasado reciente de Venezuela, sino sobre lo que viene sucediendo en el país. La Corte establece muy claramente en la sentencia que hay una conexión directa entre la pobreza y juventud para ser motivos de preconceptos entre las fuerzas policiales del país en el desarrollo de sus operativos de seguridad ciudadana. La Corte hace un estudio muy importante del contexto donde ocurrieron los hechos, y evidencia el prejuicio permanente y sistemático presente cuando las fuerzas policiales arremeten contra los jóvenes de sectores populares».
La relevancia del caso Jimmy Guerrero-Ramón Molina vs Venezuela reside en que evidenció el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, enmascarado bajo la versión oficial de que las muertes violentas ocurren durante “enfrentamientos”.
“Esta sentencia subraya un nuevo elemento, que COFAVIC ha denunciado con insistencia: que las víctimas son hombres jóvenes (99%), la mayoría residente en sectores muy vulnerables, como las denominadas barriadas pobres de zonas urbanas del país. Por tanto, la ejecución extrajudicial de Jimmy Guerrero y de su tío, Ramón Molina, no constituyeron un caso aislado, sino que fueron parte del contexto generalizado de violaciones a Derechos Humanos en Venezuela”, explica Cofavic.
En la Sentencia del Caso Guerrero-Molina vs Venezuela se destacan, entre otras, las consideraciones de la Corte IDH sobre tres aspectos relevantes:
1. La conducta estatal discriminatoria contra las personas más vulnerables.
2. La falta de independencia e imparcialidad en la investigación.
3. Obstaculización de investigaciones y de participación de familiares.
Las familias Guerrero y Molina no han cesado en la búsqueda de justicia desde 2003. Han sufrido amenazas, persecuciones e intimidación por parte de funcionarios del Estado, y, sin embargo, han mantenido su firmeza y constancia en la denuncia no solo ante instancias nacionales sino internacionales (COFAVIC y Cejil presentaron el caso ante la CIDH en 2016), por tanto, esta sentencia contra el Estado venezolano por la pérdida violenta que sufrieron es una forma de reparar el dolor y la sistemática revictimización infligida por las autoridades.