En los últimos años la emergencia humanitaria ha acabado con el derecho al trabajo decente, la seguridad social y la libertad sindical, en el país. Situación que se ha visto agudizada además por los efectos de la pandemia del COVID-19, aseguró en rueda de prensa este jueves 23 de septiembre, el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS).
Jaqueline Richter, directora de OVLIS, manifestó que “el 96% de pobreza de ingreso que refleja la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por investigadores de la UCAB es consecuencia de la destrucción del empleo productivo y de la violación del derecho al salario, cuya principal manifestación en la administración pública es la pulverización de las remuneraciones (que oscilan entre 2 y 20$ al mes), mientras en el sector privado se expresa fundamentalmente en la bonificación del salario”.
Añadió que “la inexistencia de democracia en el país impide la solución al problema, pues solo en democracia se puede garantizar la libertad de asociación, de pensamiento, de expresión, y el derecho a la protesta y a la negociación colectiva inherentes a la actividad sindical”.
Por ejemplo, precisó Richter, “El 30 de septiembre de 2019, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de una intensa y rigurosa investigación, emitió su informe denominado Por la Reconciliación Nacional y la Justicia Social en la República Bolivariana de Venezuela, en el cual ratificó el incumplimiento por parte del gobierno de los convenios N° 26, sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos; N° 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; y N° 144, sobre la consulta tripartita”.
“Esta Comisión, en sus conclusiones y recomendaciones, reclamó el cese a la diversas formas de agresión hacia empleadores y trabajadores, incluidas detenciones arbitrarias y a las prácticas de obstaculización del ejercicio de la libertad sindical; así mismo, demandó medidas efectivas de diálogo social, y el cumplimiento de las obligaciones de consulta previstas en los convenios N° 26 y N° 144, así como la instalación del diálogo tripartito efectivo con las organizaciones representativas del sector laboral en el país».
Por su parte, José Elías Torres, secretario general (E) de la CTV manifestó que «es necesario que las centrales sindicales y las organizaciones no confederadas se pongan de acuerdo y se sienten a diseñar una estrategia sobre qué es lo que debe hacerse en materia social, para que en la mesa de negociaciones quede clara la posición del sector social, sindical y gremial. Esta discusión debe darse directamente con los actores del sector sindical.»
En materia salarial expresó que «en el artículo 91 de la Constitución Nacional y en el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo están claros los mecanismos para la mejora salarial, para la definición del salario mínimo, lo que supone tomar como referencia el costo de la canasta básica, para, a través del diálogo tripartito de Estado, empleadores y trabajadores, avanzar hacia la recuperación del salario en Venezuela.»
Por último, la directora de Ovlis advirtió que “en virtud del incumplimiento por parte del gobierno a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, del pronunciamiento que por ese motivo adoptó el Consejo de Administración en su reunión de marzo de este año, y dada su importancia para la clase trabajadora venezolana, subrayamos la necesidad imperiosa de que en la Mesa de Atención Social del diálogo esté representado el movimiento sindical autónomo y clasista y que se impulse un acuerdo que comprometa a todas las partes con el cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT».
Nota de Prensa