La Corte Penal Internacional (CPI) recibirá una nueva denuncia de violación de los derechos humanos por parte del chavismo.
Se trata de la expulsión de 19.900 trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por sumarse a la huelga general realizada en el país entre diciembre de 2002 y abril de 2003.
El despido masivo que figura como uno de los más numerosos de la historia es recordado con el triste nombre de “masacre petrolera,” aseguraron sindicalistas de petroleros que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Afirmaron que los trabajadores de Pdvsa fueron sometidos a una feroz persecución y represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la militancia chavista.
«Además del acoso y la represión, hubo detenciones arbitrarias, tortura y allanamientos», sostuvo un consultado, quien también aseguró que «es hora de que la CPI conozca de estos hechos, los cuales causaron enormes daños a los trabajadores y sus familias sin que hasta la fecha las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hayan admitido su responsabilidad».
A través de las redes sociales, los promotores de la denuncia ante la CPI solicitan a los afectados pruebas del atropello oficialista, entre ellas los listados de los despidos emitidos por el Ministerio del Trabajo y publicados en la prensa entre diciembre de 2002 y abril de 2003.
«Se puede decir que estos trabajadores petroleros protagonizaron la primera migración forzosa de venezolanos al exterior por persecución política del chavismo, que incluyó también listas como la de Tascón que prohibía dar trabajo en el país a los expulsados y la emisión de órdenes de captura», precisó otro consultado.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) manifestó: «Los despedidos de Pdvsa fueron tratados como parias, negándoles la posibilidad de encontrar trabajo en empresas públicas y privadas del país».
Guanique, quien al momento de la huelga general era directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), advirtió que a la fecha actual a ninguno de los expulsados le han cancelado sus prestaciones sociales ni los haberes depositados de sus salarios en el fondo de ahorros de Pdvsa.
«Los 19.900 trabajadores de las nóminas ejecutiva, mayor y diaria de Pdvsa sumaban entonces 200 años de experiencia y conocimiento tecnológico que la industria petrolera nacional perdió. Esto se evidencia en el desplome de las actividades de exploración, producción y refinación», sostuvo.
Destacó que de ser la quinta mejor empresa petrolera del mundo, Pdvsa ha pasado a los últimos lugares del ranking tanto en desempeño financiero como operacional.
Guanique resaltó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calificó como legal la huelga general de diciembre de 2002 a abril de 2003 e insto al gobierno de Chávez a reenganchar en sus puestos a todos los trabajadores de Pdvsa, pagándoles los salarios caídos y resarciéndolos por los daños y perjuicios causados con la medida de expulsión.
«El régimen hizo oídos sordos y colocó a estos trabajadores en una situación desesperada que ocasionó suicidios y separaciones familiares. Muchos afectados debieron vender todo lo que tenían (carros, vivienda y otros bienes) pata subsistir», deploró el sindicalista.
También recordó «los dramáticos desalojos violentos de los trabajadores y sus familias -incluyendo ancianos, mujeres embarazadas y niños- de las viviendas ubicadas en las áreas petroleras».