Este viernes, la asociación civil Convite, presentó los resultados de la evaluación de condiciones de vida y salud de las personas de la tercera edad en Venezuela, en su tercera edición.
Francelia Ruíz, gerente de proyectos Convite, dijo que a través del estudio se constató la continuidad de la situación precaria para este grupo etario: «Encontramos hallazgos que siguen dando cuenta de la situación de precariedad en la que están envejeciendo las personas mayores en nuestro país».
Una de las mayores carencias para los adultos mayores es el acceso a un servicio de salud de calidad: «Vimos como resultado unas cifras alarmantes, de 93% de las personas que entrevistamos no cuenta con una póliza de servicio de salud privada, lo que los obliga necesariamente, cuando tienen un problema de salud, a asistir a la red pública de salud».
Ruíz aseveró que la salud pública venezolana no cubre las necesidades de la población, en especial de los adultos mayores: «Una red plagada de precariedad, donde a veces vamos por un padecimiento y salimos con otra enfermedad distinta. Muchas veces estos centros de atención pública no tienen ascensores, sillas de rueda o las áreas no son amigables para las personas mayores que necesariamente deben asistir para allá».
Explicó que «59% de los entrevistados padece de hipertensión, mientras que 58% no asiste a las consultas médicas por falta de dinero. Por otra parte, 66% compra las medicinas con dificultad y el 47% de los encuestados dijo que su salud ha desmejorado considerablemente. Muchos considera que están envejeciendo mucho más rápido».
Dedicados a la buhonería
Otra cifra alarmante que reconoció Convite, es el ingreso de adultos mayores a la economía informal: «Además, vimos con mucha preocupación de que a pesar del 62% de las personas que encuestamos no se encuentran trabajando, están en calidad de retiro, incrementó el número de personas que se incorporando al mercado de trabajo, en relación a la evaluación del año pasado».
Ruíz, puntualizó que al formar parte de la economía informal, no reciben los beneficios que merecen por au trabajo: «Eso tiene unos riesgos fundamentales, porque son personas mayores de 60 años, haciendo trabajos domésticos con remuneraciones precarias, carentes de seguridad social y prestaciones salariales, además, personas mayores trabajando en la buhonería o haciendo oficios, lo que supone que viven al día, porque los ingresos que reciben son escasos».
Dijo que un grupo de los encuestados manifestó recibir entre 10 y 30 dólares mensuales, mientras que otro grupo menor logra percibir hasta 50 dólares mensuales: “Sin embargo, ellos dicen que para satisfacer las necesidades mínimos requieren gastar al menos 100 dólares, por ello las pensiones y bonificaciones del Plan Amor Mayor del sistema Patria, no son suficientes para satisfacer estas necesidades”.
«Hay que apoyar la lucha»
Por su parte, Luis Francisco Cabeza, director general de Convite, argumentó que: «Venezuela sigue siendo el peor país del continente para envejecer y esto debe cambiar. Las cosas están cambiando, algunas personas ubicadas en sectores de clase media-alta también están necesitando apoyo».
Por eso invitó a la población en general a fortalecer la lucha de este sector poblacional, en su exigencia al Estado venezolano para que garantice el cumplimiento de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades: «Es importante seguir denunciando y demandando el respeto de los derechos sociales de los pensionados y jubilados. No hay protección por parte de Estado venezolano hacia esta población».
Durante el encuentro con los medios, Convite también informó que 91% de las personas encuestadas manifestó que, actualmente, «resulta costoso vivir en Venezuela. La pensión de vejez no les alcanza. En su mayoría recurren a las ayudas y apoyos económicos de sus hijos o demás parientes».
La asociación civil también realizó una medición en lo que respecta a la caja CLAP, donde los encuestados refirieron que «no les cubre el mes, otras veces intercambian los productos. Dejaron de comer pescado. El Estado venezolano niega el derecho a envejecer y morir con dignidad, cuando el Estado debe garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional».
Detalles del sondeo
La evaluación que se realizó en 18 ciudades del país, abarcó a un total de 3.058 personas encuestadas, entre hombres de 60 años y mujeres de 55 años hasta más de 80 años de edad. El estudio se realizó entre los meses junio y julio de este año.
Durante la evaluación Convite, abordó a personas de la tercera edad en situación de soledad, vulnerados, con discapacidad, y en el contexto de la COVID-19. Se abarcaron las áreas de servicios públicos: electricidad, agua, gas, telefonía e Internet; vivienda, ingresos y egresos económicos, alimentación, enfermedades, condiciones físicas o con alguna discapacidad y el acceso o no a las medicinas.
Finalmente, se conoció que más de 30% de las personas que entrevistamos se encuentran en situación de cuidadores, lo que supone unas cargas diferenciadas, a juicio dea asociación civil.