La Asamblea Nacional (AN) aprobó el jueves, con mayoría calificada, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, iniciativa, presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la presentación la semana pasada de la memoria y cuenta 2025.
Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, fue el responsable de presentar ante la plenaria del Parlamento, el instrumento legal. Según expuso, la normativa tiene como objetivo central actualizar el marco jurídico energético del país a las exigencias del mercado global actual.
Dijo que la Ley vigente de 2006 requiere ajustes profundos para garantizar un entorno atractivo y seguro para los capitales extranjeros, permitiendo que el petróleo continúe siendo el motor principal del desarrollo nacional.
La propuesta legislativa -de acuerdo con Camacho- contempla la modificación de 18 artículos para incentivar la inversión privada y elevar la producción petrolera en 2026.
Resaltó como uno de los puntos clave de la reforma la incorporación del modelo de los Contratos de Participación Productiva (CPP), derivados de la Ley Antibloqueo, donde las empresas operadoras asumen la gestión integral a su propio riesgo y costo.
Camacho explicó que de esta forma e Estado no adquiere nuevas deudas, ya que la retribución de los socios privados consistirá en una participación porcentual sobre los volúmenes de crudo fiscalizados.
Esta medida lleva al segundo punto: la reactivación de campos maduros y desarrollar nuevas áreas que requieren inversiones de gran escala. Y, en tercer lugar, el nuevo texto legal propone mecanismos de flexibilidad en las regalías para atraer inversiones a campos no desarrollados, así como la inclusión de arbitrajes independientes para la resolución de conflictos bajo la Constitución.
Durante la sesión de este jueves, y siempre con el voto salvado de la Bancada de la Libertad como ocurrió con la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los diputados aprobaron también el proyecto de ley de protección de los derechos socioeconómicos y el proyecto de ley de aceleración y optimización de trámites en la administración pública.
Ahora, el Parlamento iniciará una fase de consulta pública nacional antes de proceder a la segunda discusión y sanción definitiva de la ley.