En los últimos 15 días, tres cartas han sido dirigidas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a otras autoridades norteamericanas. Desde la aparición de la primera, el pasado 14 de abril, se ha desatado una fuerte polémica entre los que están favor de que se retomen las negociaciones en México y se flexibilicen las sanciones sectoriales contra Venezuela, que es lo que propone una de las misivas, y aquellos que se oponen a cualquier medida que pueda significar un “alivio” para la administración de Nicolás Maduro y más bien proponen que se profundicen.
Incluso, analistas -entre ellos Diego Area, politólogo y director asociado del Atlantic Council; Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director interino del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de Florida; Guillermo Zubillaga, jefe del grupo de trabajo de Venezuela de Americas Society/Council of the Americas; y Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia- tienen posiciones distintas en torno a las cartas y a la pertinencia de que en estos momentos se pongan esos temas sobre el tapete, y si eso resulta positivo.
Para Area “es muy positivo” que esos temas sean abordados, porque no se puede “dejar de conversar, debatir y analizar cuáles son las opciones para mejorar la situación de Venezuela en general, la situación político institucional y democrática”.
Advierte que “la necesidad de la negociación, la democratización y las sanciones de forma tangencial forman parte de esto. Son un importante incentivo, sino el más importante para que la élite gobernante vuelva a la mesa de negociación. Creo que esa debe ser su función principal, como lo ha dicho la administración de Estados Unidos”.
Solís también ve positivo que estos temas se aborden, ya que la situación de Venezuela es del interés de todo el hemisferio y “conviene a todos los países que haya claridad, especialmente aquellos que han tenido una posición más beligerante sobre el régimen de Maduro, sobre las opiniones y posiciones de los más diversos grupos de venezolanos respecto de lo que ocurre en su país”.
Además, asegura que eso es “normal” cuando se hacen anuncios desde Washington sobre la política que la administración Biden va a asumir con respecto a Venezuela en el contexto de la guerra en Ucrania y sus graves impactos en los mercados petroleros.
Zubillaga coincide con Area y Solís en que es positivo que se pongan estos temas sobre el tapete, ya que es importante “que haya mayor debate sobre la estrategia para retornar a una senda de institucionalidad y democracia en Venezuela”.
Santos, sin embargo, sostiene que la polémica que se ha suscitado por las distintas cartas abiertas la creó el propio gobierno de Biden “cuando se sentó a hablar con Nicolás Maduro y mandó a su consejero de seguridad nacional”. Para él lo importante es saber para qué se habla y cuál es el objetivo que se quiere: “Los temas han estado sobre el tapete siempre, pero quién abrió esa puerta, sin duda, es el gobierno de Biden”.
Ahora, ¿esa situación suscitada con las misivas también demuestra que el statu quo no funciona? “No es que el statu quo no funcione, es que es un tema complejo entre un gobierno ilegítimo y un último pedacito de gobierno legítimo que existe, pero que no tiene mucho poder distinto al que le den sus amigos internacionalmente. Por eso, la decisión de la Casa Blanca de ir a hablar con Maduro le quita el piso al gobierno de Juan Guaidó y abre todas estas polémicas”, responde Santos.
Para Solís la respuesta es también “no”. A su juicio, lo que se demuestra es que tanto los “favorecedores del cambio de política como los más firmes opositores al régimen de Maduro pueden expresar sus puntos de vista con absoluta libertad, y hacérselos llegar sin impedimento alguno al presidente Biden y sus colaboradores. También refleja que no hay unanimidad entre esas organizaciones y que tal situación puede afectar mucho lo que se pueda concretar en torno a Venezuela”.
Posición contraria tiene Area. Para él, sí se demuestra que el “statu quo no funciona”. Sin embargo, aclara que esto no quiere decir que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es la que creó la crisis, sino que se tiene que dinamizar la situación en el país. Recuerda que la oposición venezolana “está todavía tratando de encontrar su norte” y presenta “muchos problemas internos, divisiones, confrontación y acusaciones internas”, por lo que “hasta que no se resuelva el problema político es muy difícil que se resuelva el drama humanitario”.
En vista de ello, Area está convencido que “no hay tiempo que perder, cada minuto que pasa son vidas que cobra mientras la oposición se termina de encontrar. Hay que buscar soluciones que se enfoquen en resolver el problema humanitario del país y la vida de la gente que está allá”.
Además, de sostener que “el statu quo no funciona”, el experto asegura que “el statu quo está lleno de polarización”, y no solo la polarización entre el madurismo y las “fuerzas democráticas”, sino también entre “muchos venezolanos que viven afuera con los venezolanos que viven dentro y padecen”.
Advierte que también hay una polarización interna entre los partidos, entre los sectores políticos antimaduristas y dentro del madurismo, aunque “menos ruidosa”. “Ese es un problema que ha que ha afectado mucho la credibilidad en las instituciones y en el futuro de Venezuela. Pero si el statu quo no funciona, hay que cambiarlo. Hay que repensar sin descanso cómo podemos resolver el problema humanitario en Venezuela”, agrega.
Las sanciones a cambio de qué
Y aunque las sanciones son un medio de presión, también pueden tener consecuencias indeseadas -como agravar la crisis humanitaria en Venezuela- y con lo cual han coincidido expertos. No obstante, a juicio de Area, “no tiene un sentido lógico, ni práctico eliminar las sanciones y relajarlas sin ninguna retribución trascendental por parte de la élite gobernante”.
Desde su perspectiva, cualquier cambio en la política de sanciones, en primer lugar, debe ser “incremental” y, en segundo lugar, “debe poder regresar o retrocederse o detenerse si existe aumento de violaciones de los principios democráticos o no se cumplen con los acuerdos preestablecidos”.
Recuerda que, en los pasados procesos, la administración de Maduro se ha parado de la mesa en los momentos en los “que tiene que hacer concesiones de verdad, que van a generar cambios profundos en la institucionalidad y en las reglas de juego y en la apertura democrática”.
Opina que el objetivo más importante “debe ser eliminar por completo las sanciones para que exista un estado de prosperidad y de condiciones económicas que detengan la profunda crisis que está afectando a tantos millones de personas, que no tienen nada que ver con el conflicto político. Pero eso significa que en paralelo debe haber una reforma institucional y política en el país”.
Zubillaga, por su parte, reconoce que las sanciones tienen un “cierto impacto colateral”; sin embargo, asevera que es la única herramienta que tiene la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro, “que hasta ahora no ha estado dispuesto a sentarse con buenas intenciones en la mesa de negociación, la cual ha abandonado repetidamente”, y “lograr realmente una salida permanente y sostenible a la crisis política venezolana”.
A juicio de Solís, las sanciones son un instrumento legítimo de presión, pero tienen tres limitantes. Asegura que para que sean verdaderamente útiles solo se pueden imponer por un tiempo específico –“después de ese corto plazo, los países se ‘ajustan’ a las medidas y les resulta fácil evadirlas”-; afectan a la población más pobre y vulnerable, y son relativamente fáciles de evadir y tienen un valor preventivo relativamente bajo. “Ningún Estado sujeta la obtención o defensa de su seguridad interna a la posibilidad de que le impongan medidas”, aclara.
Sobre las sanciones, Santos afirma que no solo son un mecanismo de presión. “Lo que tenemos que tener absolutamente claro es que el desastre económico de Venezuela venía desde mucho antes. Las sanciones comienzan en 2018 y ya en 2016 y 2017 se había destruido tanto que la economía ya estaba en un pésimo momento. Por ende, las sanciones no son lo que ha causado el daño económico en Venezuela, las sanciones las causaron la destrucción de la economía por parte del gobierno venezolano”, comenta.
¿Diálogo para lograr la democracia?
Ante ese panorama, ¿el diálogo y la negociación son las vías para recuperar la democracia en Venezuela? La respuesta de Area es “sí”. “El diálogo y la negociación son la vía para lograr acercarse a la democracia y alejarse de la violencia, que lo que va a traer es mayor miseria, mayor crisis y mayores víctimas que no son los políticos, que no es la élite, pero que finalmente son quienes pagan los platos rotos de ese conflicto histórico que tenemos en Venezuela”, afirma.
Sin embargo, aclara que si bien el diálogo, la negociación, la apertura y “recalibrar las sanciones” son la vía, si se hace sin un contrapeso que genere mecanismos de presión “para forzar una apertura democrática, para detener la violación a derechos humanos, la censura a medios, los ataques a quienes piensan distinto, entendiendo a la élite gobernante en este momento y como se ha comportado en el pasado, es muy difícil que cedan poder si no existe una amenaza creíble o si no existen costos por romper las reglas democráticas”.
Zubillaga coincide con Area en que el diálogo y la negociación son las únicas vías para lograr acercarse a una democracia, pero que tiene que ser una posición que “no sea ingenua en dos sentidos”. Primero, que hay que reconocer que “estamos lidiando con un régimen que no ha dado ninguna señal de que quiere retornar al diálogo, la institucionalidad (…) donde no hay Estado de Derecho”.
Segundo, dijo, se tiene que hacer un trabajo gradual para lograr las condiciones necesarias y así tener una elección presidencial que sea confiable y certificable, “en donde los venezolanos se sientan libres a expresarse y la comunidad nacional pueda verlas como una verdadera expresión de la democracia en Venezuela”.
Santos lo ve de otra manera y por eso pregunta: “¿Qué se dialoga con un gobierno que maneja es una organización criminal? ¿Cómo se puede negociar? ¿Aceptando qué? ¿Aceptando que se queden y que sigan manejando la droga y que sigan manejando la ilegalidad en materia de minería ilegal?”. Así que considera que cualquier negociación tiene que partir de la base de que “se van todos y ciertamente algunos de ellos tendrán que ir a la cárcel”.
Mayor claridad de Estados Unidos
En vista de todo lo anterior y frente a las solicitudes hechas en las cartas a Biden por tres grupos, Santos opina que es fundamental tener claro cuál va a ser la posición de Estados Unidos hacia Venezuela porque ahora “muestra, desafortunadamente, que América Latina se maneja es con un vaivén, dependiendo de quién esté en el gobierno y no con una política de Estado de largo plazo que es lo que China y Rusia sí tienen”.
Solís también considera que en este momento y “todos los momentos” es necesario tener en clara la posición política de Estados Unidos con respecto a Venezuela. “No se vale que Estados Unidos, que ha jugado un papel de alto perfil en Venezuela, opere en el país sin hacer consultas mínimas con las personas de la oposición con quienes han estado en contacto a lo largo de los años. Especialmente ahora que se han producido las primeras conversaciones en directo entre Washington y Caracas sin que se hicieran anuncios lo suficientemente claros para saber qué tipo de acuerdos se produjeron en ese marco”.
En cambio, para Area la posición de la administración Biden ha sido “de alguna forma coherente”. “Que está clara, no. Estoy hablando desde el punto de vista del Ejecutivo, de Joe Biden, el Poder Ejecutivo que él representa y que él domina. ¿Por qué ha sido coherente? Porque ha planteado que la negociación es la vía para solucionar la crisis venezolana y ha reconocido a Guaidó como interlocutor oficial. Estados Unidos ha sido focal en cuanto a México, como la posibilidad de flexibilizar y recalibrar sanciones, en intercambio por concesiones democráticas y la vuelta a la institucionalidad democrática”.
Zubillaga hizo referencia a la “ley verdad”, que fue aprobada con apoyo bipartidista y en donde se dice “explícitamente que cualquier solución a la crisis política venezolana tiene que ser bajo negociación y con el fin de impulsar unas elecciones que sean realmente abiertas, confiables y certificables como la única salida a la crisis política”.
También cree que la administración de Biden y su equipo han sido claros en este aspecto: “Que ellos apoyan la solución negociada a la salida política de Venezuela”.
Las tres cartas dirigidas a Biden
La primera carta dirigida a Joe Biden fue suscrita por 25 venezolanos, entre ellos economistas, periodistas y activistas sociales, quienes también expusieron que las sanciones petroleras no han cumplido su objetivo -un cambio de gobierno- y más bien han tenido un impacto adverso sobre el país y su población.
En respuesta a esa misiva, el 20 de abril un grupo de 68 opositores, entre políticos y empresarios, pidieron reforzar las sanciones ante la administración de Nicolás Maduro. Dijeron estar “preocupados” por los riesgos de que instituciones de Estados Unidos terminen respaldando a un “régimen criminal”.
Días después, el 24 de abril, medio centenar de venezolanos, identificados como la “diáspora”, la mayoría radicada en Estados Unidos y España, solicitaron nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del régimen de Venezuela. Además, aseguraron que esas medidas «benefician al venezolano de a pie».
Sin embargo, la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondiente a 2021, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el ciudadano de a pie no la está pasando bien en el país.
De acuerdo con el estudio, la pobreza en Venezuela se mantiene en “niveles máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema seguía creciendo y abarcaba dos tercios de los hogares del país, con 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que se ubicaba en 2020.