La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), Leida Marcela León, expresó que «ser dirigente sindical no es un delito, a partir de hoy todos los líderes sindicales, según la justicia injusta, quedamos expuestos a ser procesados y condenados por ejercer la libertad sindical, por el solo hecho de ser trabajadores y defensores de los derechos humanos de los trabajadores, somos criminalizados en el ejercicio de la libertad sindical, a través de la errónea aplicación e interpretación de una jueza, que sin darse los elementos jurídicos, y sin existir durante el proceso medios de prueba, para tipificar un delito, previsto en la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, condenó la libertad sindical y el ejercicio de la libertad sindical, en pocas palabras es la confirmación de la criminalización y judicialización del ejercicio de la Libertad sindical, pues de acuerdo a esta sentencia, en Venezuela ser dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada, ésta nefasta sentencia condenatoria, es una aberración jurídica».
Esta fue la reacción de la sindicalista, luego de conocerse que seis activistas y líderes sindicalistas fueron condenados a 16 años de cárcel acusados por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, fueron detenidos el año pasado tras participar en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
Cabe recordar que este martes 1 de agosto se realizó la audiencia del informe final, sobre las conclusiones de cada parte, en la que la defensa de los dirigentes, demostró, que las pruebas evacuadas en la fase de juicio, quedaron desestimadas, estando en presencia de la teoría penal de la inacción, es decir, no hay ni una prueba que haya demostrado la Fiscalía que los imputados hayan estado incursos en hecho punible alguno. Así mismo, la Jueza, no individualizó las presuntas conductas, ni el grado de las presuntas participaciones de cada imputado, es decir al no tener pruebas, no pudo demostrar ningún grado de participación de los dirigentes sindicales Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Reinaldo Cortez; De acuerdo a la información de los abogados defensores, se produjo inmotivación de la decisión y no hubo elementos probatorios que establecieran indicio alguno de culpabilidad de los dirigentes sindicales, por ende apelaran la decisión una vez sea publicada, pidiendo la Nulidad de la Sentencia. Allí cabe la pregunta, en qué se basó la Jueza para condenar injustamente a los dirigentes sindicales a 16 años de presidio.
«Hacemos un llamado a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y a la Organización Internacional del Trabajo, ante el alerta que se generó hoy en Venezuela, la sentencia emitida amenaza el derecho a huelga, el derecho a ejercer la actividad sindical y el derecho a reclamar derechos, vulnerando el poder judicial un derecho previsto en el convenio Nº 87 sobre Libertad Sindical y en la Constitución de Venezuela. Estos ataques a los derechos civiles en el ejercicio de la Libertad sindical son una degradación de los principios democráticos. Estamos condenados los trabajadores a vivir con el peor salario del mundo, sin contratos colectivos dignos, sin protección social y sin derecho a ejercer la Libertad sindical. Finalmente, pedimos que se anule ésta indigna sentencia que marca un hito negativo en lo que a derechos humanos se refiere en Venezuela», indicó León.