Tiziana Polesel presidenta de Consecomercio señala, que una vez más, se toman decisiones que afectan al sector productivo de la economía y a la población en su conjunto, sin haber conversaciones previas con miras a llegar a acuerdos en función de todos.
Explica que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF es una demostración de la voracidad fiscal del Estado venezolano y de las grandes contradicciones en materia económica, lo que sin duda perjudicará a la economía nacional y echará por tierra, los ligeros avances que se habían logrado.
«Es fundamental que el sector oficial observe en el sector privado a un aliado para sacar adelante al país. Hemos reiterado nuestra disposición de dialogar, revisar y tomar las mejores decisiones para el avance económico y el bienestar de la población. Sin embargo, las autoridades prestan poca atención a nuestras sugerencias y propuestas», indicó la gremialista en una entrevista al circuito Unión Radio.
Por otra parte, resaltó que el comportamiento de la economía, en el primer trimestre de 2022 ha sido levemente positivo; aun cuando estamos conscientes de que ésta se ubica en un foso del 80 por ciento. Y esa mejora se debe al proceso de liberalización de la economía, la flexibilización del control de cambios y de precios, la apertura al comercio y a la inversión extranjera. positivos para la economía.
Lamentable decisión
Detalló que así como se ha producido un incremento desproporcionado en el costo de los servicios públicos, se ha originado una política de aumento de los impuestos municipales en todo el ámbito nacional y ahora el impuesto a las grandes transacciones, que a la fecha se sigue mostrando confuso, costoso, apresurado y altamente dañino para los sectores productivos y todos los venezolanos.
Se trata de la Providencia administrativa SNAT / 2022/0000013, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, a través de la cual se designan a los sujetos pasivos especiales como agentes de la percepción del IGTF.
Los sujetos pasivos especiales pueden ser entes públicos, empresas privadas, personas naturales o jurídicas y una de las consecuencias de ser calificado así por el Seniat es que el contribuyente pasa a ser un agente de retención del IVA. Además, se convierte en contribuyente del IGTF que queda excluido del API Fiscal para determinar el ISLR.
“Uno de los elementos más graves para todos los sectores es que la Providencia entra en vigencia el 28 de marzo y no hay manera de que las maquinas fiscales y los sistemas administrativos puedan estar actualizados para esa fecha”, afirmó Polesel.
«En consulta con nuestras cámaras sectoriales y regionales podemos concluir, que nos afecta sensiblemente, aun cuando existe la mayor disposición de colaborar para que sea instrumentado de forma armónica», sentenció.
Señaló la dirigente empresarial, que entre los temas vitales figuran las máquinas fiscales. Si bien es cierto que muchas han sido adquiridas, también se presenta la necesidad de actualizarlas, dado que las actuales no toman la funcionalidad para cobrar el tributo. Hay muchas dudas e imposibilidades en este tema, sobre todo en las regiones que han presentado mayores dificultades para adquirir las referidas máquinas. En general, en el interior hay poca información.
«También nos han manifestado, que el IGTF es un impuesto contraproducente, por cuanto va a gravar toda la operación en moneda extranjera en efectivo y transferencias de personas naturales (estudiantes, amas de casa, trabajadores, comerciantes; servicios en general y personas jurídicas», dijo.
Entre las consecuencias menos deseadas con la implantación de este impuesto, figura el incremento de la economía y el comercio informales. «Es un impuesto inflacionario que afecta directamente a todas las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones en dólares, lo cual va afectar la capacidad adquisitiva de todos.
También ha sido calificado entre los comerciantes de todo el país, como un impuesto confiscatorio, en razón de que no respeta la capacidad económica del contribuyente e implica doble tributación. Adicionalmente, no es deducible como gastos en el Impuesto sobre la Renta», detalló.
Insistió que este impuesto afectará a todos venezolanos que manejen divisas, en especial dólares americanos, bien sea que los perciben por bonificaciones recibidas en sus empresas o porque cobran remesas, afectando al inversionista, al empresario y al trabajador.
En conclusión, indicó la presidente del ente comercial, el gran porcentaje de los sujetos especiales no están preparados para la puesta en vigencia de esta providencia, por lo que en nombre de nuestros afiliados solicitamos una extensión de la prórroga en función de las dificultades e imposibilidades que se han evidenciado en las últimas semanas y días.
«Es fundamental que los sectores oficiales y privados se pongan de acuerdo en cómo vamos a instrumentar las leyes, elevar la producción, atender las necesidades del sector productivo y de los venezolanos, en general. Con decisiones como ésta podríamos estar dando un paso atrás en lo que hemos logrado hasta ahora. Es tiempo de avanzar», concluyó.