«Los custodios, independientemente de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos, gozan de los mismos derechos humanitarios sin discrimacion alguna. De allí que requieren atención médica a modo de prevención, así como el mínimo tratamiento contra el COVID-19. En este momento, tanto funcionarios, como presos políticos deben ser tratados y atendidos médicamente», aseveró la abogada y directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo.
Ante la incertidumbre sobre la propagación del COVID-19 en cárceles del país, la defensora de derechos humanos cuestionó que no exista información oficial para familiares y abogados de los oficiales institucionales detenidos.
En entrevista para el programa Código 58 con Mariana Reyes, aseveró además que la realidad de todos los centros de detención del país es la falta de agua y demás servicios básicos, situación que – a su juicio- en poco ayuda a combatir la propagación del coronavirus.
¿Qué pasa con el Poder Judicial?
Camejo, reiteró que el Poder Judicial tiene más de cuatro meses en cuarentena con audiencias preliminares y de juicio paralizadas.
En este sentido, insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad, para que estos oficiales sigan enfrentando los injustos procesos a los que están siendo sometidos desde sus casas y junto a sus familiares.
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