La condena contra Rodney Álvarez, obrero de Ferrominera del Orinoco, a 15 años de prisión es la punta del iceberg de la reiterada persecución oficialista a los trabajadores en Venezuela, aseguraron fuentes laborales.
«Nicolás Maduro se autodenomina el ‘presidente obrero’, pero tiene en su haber a más de 400 trabajadores y dirigentes sindicales detenidos», denunció Pablo Zambrano, coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base.
El representante de Mosbase destacó que ha seguido muy de cerca el caso de Álvarez, acusado de un asesinato que no cometió. «El colmo es la oferta de las autoridades judiciales que conminan al compañero a admitir el crimen a cambio de dejarlo en libertad. Eso es un chantaje inadmisible», sostuvo.
En 2007, bajo el mandato de Hugo Chávez, comenzaron las detenciones, criminalizando la protesta por derechos laborales como la huelga y la contratación colectiva, persecución que se ha recrudecido con Maduro.
Los sindicatos reportan que más de 50 trabajadores y dirigentes sondicales -entre ellos Eudis Girot, directivo de la Federacion Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela- están presos y el resto bajo régimen de presentación ante los tribunales.
Jakelyn Richter, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la administración de Maduro hace caso omiso a las decisiones de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La abogada laboral explicó que la Comisión de Encuestas -la cual estuvo en Venezuela en noviembre de 2019 para constatar in situ las violaciones laborales de Maduro- es la mayor instancia de la OIT y sus decisiones son vinculantes para su cumplimiento por parte de los gobiernos.
En el informe emitido por la comisión de la OIT se exige la puesta en libertad plena de los más de 400 trabajadores y sindicalistas detenidos, además de ratificar la inocencia de Álvarez.
Richter destacó que otro punto importante del informe de la instancia de la OIT es el desmontaje de todo el aparato judicial y administrativo impuesto por Chávez y Maduro para penalizar la actividad sindical. «Esto implica anular todas las disposiciones legales y prácticas administrativas por írritas», dijo.