La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y medio de prisión por fraude fiscal para Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Venezuela cuando era presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
También pide que el exdiplomático pague una multa de 378.700 euros y otros 126.222,23 euros en concepto de responsabilidad civil, por la supuesta defraudación a Hacienda cometida en el ejercicio de 2014.
Así consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, que también solicita 8 años y medio de cárcel para Alejo Morodo, hijo del anterior, y la misma cantidad para Ana Catarina Varandas, esposa de este último.
Anticorrupción pide que cada miembro de la pareja pague multas que superan los 3,7 millones de euros. Y les atribuye, a cada uno de ellos, dos delitos de fraude fiscal.
El pasado 23 de enero, el juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, propuso juzgar a Raúl, Alejo y a Ana.
En un auto, Abascal atribuyó a los tres investigados un delito agravado contra la Hacienda Pública. En el caso de Raúl Morodo, por el ejercicio económico de 2014; respecto a su hijo, por los años de 2013 y 2014 y sobre la mujer, por los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.
El juez explicó en su resolución que el investigado Alejo Morodo, hijo del exdiplomático, se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y de consultoría. Y que, para defraudar a Hacienda, decidió interponer tres sociedades para evitar el considerable desembolso que le supondría tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (IRPF)
«Estas empresas carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, sólo ejecutaría Alejo», subrayó el juez Abascal.
Gracias a los contactos de Raúl
En su escrito, Anticorrupción señala que, «gracias a las relaciones entabladas por su padre con altos cargos de la República Bolivariana de Venezuela durante los años 2004 a 2007, en los que ejerció el cargo de embajador de España en dicho país, en el año 2007 [Alejo] inició una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014, que le generaron unos ingresos totales de 6.696.221,60 euros, de los que en una parte también se benefició el acusado Raúl Morodo».
Y, tal y como coinciden juez y la Fiscalía, el hijo del exdiplomático habría tributado las rentas a través del Impuesto de Sociedades, mucho más beneficioso que IRPF. «Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública», indicó el magistrado instructor hace una semana.
De lo que ingresó en 2013 y 2014 —un total de 4.463.832,84 euros— a través de estas sociedades instrumentales, Alejo Morodo dispuso, según explicó el juez, «para su consumo personal y familiar», de un total de 4.105.86,56 euros. Y, con el fin de pagar muchos menos impuestos, habría tributado esas cantidades a través del Impuesto de Sociedades.
El auto detallaba que de los ingresos percibidos a través de estas mercantiles también se benefició su padre, Raúl Morodo, que recibió 357.970 euros y «los integró en su patrimonio», ocultándolos al fisco. También la nuera de éste, que, de acuerdo con el auto, recibió «ingresos no justificados por importe de 24.000 euros».
La mujer, en 2017, adquirió dos casas. Según la Fiscalía, lo hizo a precios «muy inferiores a su valor real, ya que los pagó, «en parte, con fondos que fueron ocultados a la Hacienda Pública».
Fuente: elespanol.com