A través de un comunicado público, el Foro Cívico rechazó el proyecto de Ley que regula ONG en Venezuela porque vulnera los DDHH de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en asuntos públicos; y hace un llamado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que se respeten los derechos de libre asociación.
«Desde el Foro Cívico rechazamos estas nuevas acciones arbitrarias emanadas de la Comisión de Política Interior de la Asamblea 2020 y exigimos garantía del ejercicio de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho. Estas acciones, insistimos, constituyen una nueva agresión a los derechos ciudadanos de los venezolanos, una profundización del deterioro del espacio cívico y del Estado de Derecho; una amenaza a los beneficiarios de las labores humanitarias, de asistencia, protección, defensa y acompañamiento que prestan cientos de organizaciones en Venezuela a los más vulnerables.
A continuación el texto completo:
EL FORO CÍVICO ANTE LA APROBACIÓN EN PRIMERA DISCUSIÓN DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, EN EL MARCO DE LA VISITA A VENEZUELA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, SR. VOLKER TURK.
El pasado martes 24 de enero se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales. Un proyecto de ley diseñado en clara vulneración a los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos. Preocupa, además, que la presentación de dicho instrumento se haya acompañado de un discurso oficial de estigmatización, desprestigio y criminalización injustificada a organizaciones no gubernamentales, las cuales han sido constituidas según la norma vigente.
Los expertos en la materia han señalado una serie de inobservancias del mencionado proyecto de ley a principios básicos del derecho, al ordenamiento legal vigente y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos firmados por la República. En tal sentido, desde el Foro Cívico rechazamos estas nuevas acciones arbitrarias emanadas de la Comisión de Política Interior de la Asamblea 2020 y exigimos garantía del ejercicio de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho.
Estas acciones, insistimos, constituyen una nueva agresión a los derechos ciudadanos de los venezolanos, una profundización del deterioro del espacio cívico y del Estado de Derecho; una amenaza a los beneficiarios de las labores humanitarias, de asistencia, protección, defensa y acompañamiento que prestan cientos de organizaciones en Venezuela a los más vulnerables. Implicaciones graves, y que parecen apuntar al objetivo de acallar las voces de quienes legítimamente se organizan para la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas.
Ante tal situación, solicitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas, Sr. Volker Türk, quien se encuentra de visita en el país, adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales para asegurar las garantías al ejercicio de los derechos de libre asociación y de participación ciudadana en los asuntos públicos, así como el respeto al Estado de Derecho, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República y los pactos internacionales de derechos humanos, de los cuales nuestro país es signatario.
Amén de darle la bienvenida a Venezuela y hacer votos por el mayor de los éxitos en su gestión como Alto Comisionado de los Derechos Humanos, creemos importante agregar a esta petición algunas imprescindibles consideraciones. Es urgente diseñar e implementar, junto al amplio y diverso espectro de organizaciones de sociedad civil, una agenda de defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Una agenda que promueva la identificación de áreas de acuerdos posibles, destinados a garantizar su ejercicio y disfrute.
Desde el Foro Cívico hemos sostenido que la negociación en todos los niveles y entre todos los actores posibles es una vía medular para la recuperación de una institucionalidad que proteja efectivamente y dé plena vigencia a estos derechos. Con base en tales planteamientos, requerimos al Alto Comisionado profundizar sus esfuerzos en estas direcciones:
- En aras de la transparencia y del derecho a la información, continuar demandando a las autoridades hacer público el texto del memorando de entendimiento suscrito con su oficina, a fin de habilitar un efectivo seguimiento de los acuerdos por parte de la sociedad civil, y especialmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
- Extremar el seguimiento de modo que el mandato integral de la OACNUDH se cumpla a cabalidad, trabajando activamente por lograr un equilibrio entre el componente de protección a los derechos
humanos y el de asistencia técnica, sumando el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales. Esto, anticipamos, podría tener un efecto muy positivo ante la situación de incumplimiento por parte del Estado en cuanto a las recomendaciones emitidas en este terreno.
- Concretar la visita de los relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas relacionados con los derechos que han sido vulnerados de acuerdo con los informes de la OACNUDH. De igual modo, solicitamos los buenos oficios del Alto Comisionado para que el Estado venezolano se ponga al día con los informes pendientes ante los Órganos de Tratados, tales como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Apoyar decididamente los informes del Panel de Expertos de la ONU y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) para que el derecho de participación expresado en los próximos procesos electorales sea verdaderamente justo y que mediante el ejercicio pleno de nuestra soberanía, podamos edificar un andamiaje institucional reconocido por todos.
- Impulsar el reconocimiento, por parte de las autoridades, de la población venezolana que ha migrado forzosamente y el establecimiento de políticas públicas para la protección de los venezolanos, atendiendo a las poblaciones más vulnerables con perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad.
- Demandar el cese de la represión, la persecución y la criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos, comunicadores sociales, entre otros, así como la liberación de los presos políticos.
- Diseñar mecanismos de seguimiento efectivos, que garanticen el cumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones emanadas de los informes de la OACNUDH. Asimismo, realizar un balance de dicho cumplimiento en sucesivos informes.
- En sintonía con su mandato, apoyar desde la OACNUDH a otros mecanismos regionales de protección de derechos humanos y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.
- Trabajar junto a la sociedad civil en la creación de espacios de entendimiento en los que, entre otras acciones, el Estado venezolano, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la oficina del Alto Comisionado puedan diseñar metodologías concertadas para la investigación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos. Esto, a fin de romper el círculo vicioso de desconocimiento de los instrumentos de escrutinio del sistema de protección por parte de las autoridades venezolanas.
Como fue oportunamente comunicado durante la reunión del pasado 4 de enero del año en curso, ratificamos nuestra disposición a construir, junto a la oficina del Alto Comisionado, una hoja de ruta que apunte en esa dirección. De más está decir cuánto valoramos el trabajo de la OACNUDH en relación a Venezuela, y que consideramos de suma importancia su presencia y acompañamiento permanente en estos sensibles procesos. He allí una demostración fehaciente de que la violación de derechos humanos en Venezuela preocupa a la Comunidad Internacional y atañe a todos los Estados del mundo, conscientes de que dicha defensa se enmarca en la protección universal de la persona humana. Una que no reconoce fronteras, que de ningún modo puede estar restringida por la condición política o jurídica. Eso marca, sin duda, nuestro compromiso, nuestra más profunda convicción.
Caracas, 26 de enero de 2022.