En noviembre de 2020 una noticia pasó casi desapercibida: el acuerdo entre el Ejecutivo y el grupo privado Agrollano para que este asuma las actividades y administración de la estatal Agropatria.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce el estatus de ese traspaso, aseguraron fuentes de los sectores agrícola y petroquímico que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Un consultado destacó que el futuro de una Agropatria nuevamente en manos privadas luce incierto porque prácticamente se desconoce quiénes son los nuevos inversionistas y los planes de recuperación y modernización de la empresa.
«Se sabe muy poco porque no ha habido una información pública oficial sobre la negociación, si se concretó o no y de cuánto van a ser las inversiones», dijo.
Reveló que actualmente Agropatria está muy deteriorada como consecuencia del mal manejo gerencial, financiero y administrativo por parte de las distintas juntas directivas que han pasado desde la estatización en octubre de 2010.
Entonces, el presidente Hugo Chávez decretó la expropiación de Agroisleña -fundada en 1955 por el empresario canario Enrique Fraga Afonso- y otras tres empresas españolas que suministraban a los productores del campo 70% de las necesidades del mercado interno de suplementos agrícolas como fertilizantes, agroquímicos, pesticidas y semillas a través de 60 sucursales en el país.
«En manos privadas, Agroisleña funcionaba muy bien, pero la estatización la destruyó. Para colmo, el chavismo no indemnizo económicamente por concepto de la expropiación de sus activos», sostuvo un consultado.
El impago del gobierno venezolano de esa obligación ocasionó la introducción ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, la expropiación de Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Protefa y Venezolana de Riego.
En marzo de 2022, el CIADI ordenó a Venezuela la cancelación de más de 1,650 millones de dólares a los demandantes por el incumplimiento del convenio suscrito entre España y Venezuela.
Sobre la posibilidad de que la administración de Nicolás Maduro cancele la deuda devolviendo los activos expropiados en Venezuela, las fuentes precisaron que Agroisleña y las otras empresas no estarían interesadas porque tendrían que invertir un dinero extra para recuperar unos activos que, al parecer, le pertenecerían ahora a Agrollano.
«Lo que quieren los demandantes es que el Estado venezolano les pague la deuda por indemnización, daños, perjuicios y costos de abogados objeto de la demanda», explicó un consultado. La demanda de las empresas españolas forma parte de una larga fila de firmas con fallos favorables del CIADI y pendientes de pago como la petrolera Conoco-Phillips y la minera Cristallex.