La administración de Nicolás Maduro incumple la disposición de la Ley de cancelar en el plazo de cinco días las liquidaciones por renuncia al cargo o retiro de la administración pública.
«El afectado es sometido a esperar dos, tres o más años para percibir el pago correspondiente», aseguró Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
El dirigente de Fentrasep denunció que esta práctica corresponde a una política de Estado de reducir la nómina haciendo hincapié en aquellos trabajadores bajo sospecha y por el hecho de no compartir la ideología ni participar en las marchas del oficialismo.
El otro problema, agregó el sindicalista, es que el Sistema Patria no contiene el pago de las liquidaciones y prestaciones sociales por concepto de renuncias y jubilaciones, siendo los organismos los responsables de esa materia.
Señaló que pocos organismos del Estado «pagan sus reales al trabajador en poco tiempo». Entre los entes cumplidores mencionó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional (AN).
Jóvenes ideologizados
Sobre el número de empleados y obreros de la administración pública forzados a renunciar o bajo jubilaciones exprés, Carbone reveló que son muchos y con mayor recurrencia en los sectores educación y salud.
Ambos sectores representan 1,2 millones de los 2,2 millones de trabajadores que laboran en la administración pública centralizada y descentralizada.
El representante de Fentrasep advirtió que el gobierno ha puesto la mira en los jóvenes militantes oficialistas para sumarlos a la nómina del Estado.
Reveló que estos jóvenes ideológicamente adeptos no tienen experiencia ni capacitación para ejercer los cargos y funciones de empleados con 10 y 20 años de carrera.
Según Carbone, esta política de Maduro se enmarca dentro de la Gran Misión Venezuela Joven creada el 2 de febrero con la meta de atender 5,3 millones de muchachos en una primera etapa.
Génesis Garvett, presidente de la mencionada misión, anunció el 5 de febrero la realización de ferias de empleo del sector público y privado e industrias básicas del país «para que los jóvenes conozcan la oferta de oficios y labores de cada organismo que permitan hacer la captación inmediata».
Los últimos dos años, la dirigencia sindical independiente ha denunciado la proliferación de las jubilaciones forzadas pese a que en el país hay inamovilidad laboral por decreto.
En ese sentido, Pablo Zambrano, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud, declaró en abril de 2023 que 20% del personal de la administración pública había sido objeto de medidas de renuncia al cargo y jubilaciones forzosas.
«Pese a las órdenes de las Inspectorias del Trabajo de reenganchar a esos trabajadores, los organismos se niegan a acatar esas disposiciones laborales legales», dijo.