El gobierno de Nicolás Maduro realizó un corte a la nómina de la administración pública a raíz de la incorporación presencial de los trabajadores en sus puestos en abril pasado.
La idea es cuantificar el éxodo de funcionarios y obreros durante la cuarentena de más de dos años por la pandemia, aseguraron fuentes laborales que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
«El éxodo ha sido grande, pero eso no le preocupa al Ejecutivo. Más bien lo ayuda en su plan de redimensionar y reducir el tamaño del Estado emprendido por el ala liberal del oficialismo», señaló un consultado.
Recordó que Hugo Chávez expandió significativamente la nómina del sector público de 1,4 millones de personas a finales de 1990 a casi 3 millones de empleados mediante la creación de ministerios, misiones, bancos y comisiones presidenciales y especiales, entre otras iniciativas.
Otro consultado destacó que en las distintas etapas de la prolongada crisis socioeconómica que vive el país -desde 2012 y con mayor crudeza entre 2015 y 2019- muchos empleados públicos migraron.
«La aplicación de la cuarentena radical por el coronavirus hizo que más de 90% de los trabajadores del sector público fueran enviados a sus hogares cobrando sus salarios y otros beneficios», dijo una fuente.
Precisó que la manera escogida por el Ejecutivo para determinar cuántos empleados están en Venezuela era pasar lista, esto es, comprobar bis a bis con la nómina quienes acudirían presencialmente a sus puestos cuando se ordenara el regreso.
«A los trabajadores que se les comprobó no estar en el país fueron sacados de la nómina», explicó.
El ejercicio arrojó como resultado que 1,8 millones de trabajadores están asistiendo presencialmente a sus sitios de labor. Sin embargo, las fuentes precisaron que el Ejecutivo busca bajar aún más la nómina para ahorrar gastos de personal y quedarse con la gente estrictamente necesaria.
«La lealtad política es muy importante, pero la selección de los leales se basa en requisitos técnicos y profesionales», refirió un consultado.
Personeros del oficialismo han señalado reiteradamente que hay mucha burocracia en el sector público, lo cual afecta la gestión.
Por su parte, los sindicatos han denunciado la reducción injustificada de personal en los organismos a través de la exclusión de trabajadores de las nóminas, pero que están en el país, así como también la aplicación de jubilaciones adelantadas y forzosas.