Gobierno en el exilio no representaría una amenaza para Maduro

Debido a la criminalización por parte del régimen de Nicolás Maduro de las decisiones emanadas desde la Asamblea Nacional en manos de la oposición desde el año 2015, algunas instituciones designada, como el Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General, el Banco Central de Venezuela, la Contraloría General de la República, entre otras han tenido que instalarse y funcionar en el exilio. 

Un escenario que podría concretarse en los próximos meses, luego de las elecciones parlamentarias organizadas por el régimen de Nicolás Maduro, ya que se encuentra establecido en la Constitución, es que el gobierno interino de Juan Guaidó también se instale fuera de nuestras fronteras.  

Ante este panorama que podría presentarse luego del 5 de enero de 2021, HispanoPost conversó con el politólogo, comunicador y psicólogo social Ricardo Sucre, quien advirtió que esta figura podría diluirse en el tiempo y no representaría una amenaza real para la administración de Nicolás Maduro.

“Todo apunta a que la estrategia de Juan Guaidó y el G4 es instalar un gobierno en el exilio. Sin embargo, hay que esperar que se realice la consulta que pretenden hacer en los próximos meses para ver cuál será la verdadera propuesta de esta entidad que funcionaría en el exterior.  Otro tema importante será el reconocimiento de este gobierno en el exilio, porque sabemos que hasta los momentos 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero no sabemos si ese escenario pudiese cambiar luego del 5 de enero”, indicó.

Advirtió que un gobierno venezolano en el exterior sería sumamente limitado en cuanto a sus acciones dentro del país y de mantenerse mucho tiempo, podría entrar en una importante burocracia, ya que los recursos que se han recuperado terminarían siendo utilizados para los gastos de ese gobierno y no para el pueblo venezolano. 

“En Cuba creo que todavía existe una junta de gobierno en el exilio, Libia también tiene un gobierno de este tipo, pero se han diluido en el tiempo, porque al final no logran generar un impacto ni dentro ni fuera del país. Hay casos exitosos de gobiernos en el exilio como los hubo en Francia, en España, en Polonia. Sin embargo, la situación en Venezuela es totalmente diferente, porque en los casos europeos, los escenarios eran de guerra, estamos hablando de la segunda guerra mundial”, detalló.

En cuanto al respaldo internacional, Sucre pronostica que es muy probable que un gobierno interino de este tipo sea apoyado por Estados Unidos, porque ya han declarado abiertamente que seguirán apoyando la figura de Guaidó hasta que dure el interinato. 

Indicó que gran parte de las instituciones instaladas en el exilio lo que han hecho hasta la fecha, es proteger los activos para que Maduro no se apodere de ellos. A su juicio, es muy probable que esta situación no cambie en un futuro cercano. 

Al ser consultado si un gobierno en el exilio podría tener algún tipo de impacto en el régimen de Maduro, aseguró que es poco probable, porque insiste, no tendrá la misma capacidad de acción. 

“Yo no veo que el gobierno de Nicolás Maduro sea afectado por un gobierno en el exilio. Incluso, hace pocos días el propio Maduro dijo en una entrevista que le hizo Ernesto Villegas, que Juan Guaidó podía seguir jugando a ser presidente durante mil días si quería, pero que eso no le genera ningún tipo de impacto a su gobierno”, indicó. 

Liberar a Venezuela 

El también politólogo y analista político Pedro Urruchurtu aseguró que de instalarse un gobierno en el exilio para Venezuela, es necesario que tenga su misión sumamente clara, que sería buscar los mecanismos necesarios para que regrese la democracia al país. 

“Sobre el escenario de un gobierno en el exilio, que cada vez cobra más fuerza, entendiendo que a partir del 5 de enero cuando se instale una nueva Asamblea Nacional que tendrá una legitimidad cuestionada y probablemente sea tan fraudulenta como el propio mandato de Nicolás Maduro, un gobierno en el exilio solo tendría sentido si su propósito es lograr una acción concreta contra el régimen de Maduro y que, a su vez, permita la liberación de Venezuela”, señaló.

Aclaró que no tiene sentido que un gobierno venezolano en el exterior perdure demasiado en el tiempo, para el simple hecho de recuperar activos, pagar bonos y administrar recursos. 

“Un gobierno en el exilio debe articular desde el exterior una serie de acciones que permitan avanzar en función de la liberación del país y no para prolongar un gobierno o una administración en el exilio. Su efectividad tendría sentido, y además resultados concretos, si lo que buscase es democratizar a Venezuela. El gobierno en el exilio debe buscar apoyos internacionales. Incluso, pensar en la idea de una coalición de países que decidan formalmente actuar contra el régimen de Nicolás Maduro”, señaló. 

Indicó que “respetando las distancias”, un gobierno de Venezuela en el exilio debe tener en cuenta el caso de “la Francia de Charles De Gaulle”, que tuvo como misión la liberación de dicha nación desde Inglaterra.  

Urruchurtu explicó que la efectividad de las instituciones que se han instalado fuera de Venezuela radica básicamente en sus resultados y hasta los momentos no han sido muy favorables para lograr la democratización de nuestro país. 

“Si afuera existe un Tribunal Supremo en el exilio, un gobierno en el exilio y una seria de órganos en el exilio, el propósito de todos es coadyuvar a que se libere el país, es decir, que desde afuera se generen las condiciones materiales, objetivas, subjetivas y muchos otros factores que permitan darle un vuelco a la realidad política venezolana. Lo importante de esto es que no se extienda en el tiempo para que no se diluya su existencia, porque no basta que exista algo afuera, sino que tiene que generar resultados y aglutinar, organizar y generar una serie de condiciones externas que permitan la actuación en Venezuela”, dijo. 

A su juicio, un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio debe generar un marco normativo y de justicia que justifique la actuación del gobierno interino en el exilio dentro de Venezuela. 

“Un gobierno en el exilio debe instalarse pensando en dos cosas. Uno, como ya lo dijimos, la liberación del país, pero a su vez en la resistencia interna. Es decir, se tiene que asumir que existe esta figura que debe también organizarse y conducir determinadas acciones que faciliten la transición en Venezuela. Esa sería la única lógica de un gobierno en el exilio, de lo contrario se diluiría en el tiempo”, sentenció. 

Detalló que con la instalación de un gobierno fuera de nuestras fronteras, también se tiene que cambiar la forma y la conciencia de hacer política dentro del país.

“Es otro tipo de política, partiendo que de resistir desde adentro implica organizarse, implica una serie de fuerzas articuladas que puedan validar y sean parte de lo que se haga externamente y justificarlo internamente. Esto implica un cambio en la conciencia de cómo venimos haciendo política tradicional partidista o electoral, implica asumir que eso no es una opción, versus un grupo de resistencia organizado para lograr la liberación del país”, concluyó. 

Instituciones en el exilio  

La primera de estas instancias que inició funciones en el exterior fue el Tribunal Supremo de Justicia. El organismo, perteneciente al Poder Judicial venezolano, está conformado por 33 magistrados. Fueron juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional, en medio de la crisis institucional y las protestas de ese año en Venezuela, para reemplazar a los magistrados nombrados en 2015. 

Los magistrados residen actualmente en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web.

El Tribunal Supremo en el exilio se ampara en la jurisdicción universal y tiene como referente los principios de los tribunales de Núremberg para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. La Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados reconocen la legitimidad del tribunal, mientras que el gobierno de Maduro el TSJ de Venezuela lo desconocen.  

La designación de los magistrados en 2017 obedeció a la crisis institucional que vivió el país y como una respuesta a las protestas de ese año. Sin embargo, desde el inicio comenzó la desincorporación de sus miembros. Los magistrados Jesús Rojas Torres, Zuleima González y Rojas Torres dimitieron. Debido a la persecución contra los magistrados, se acordó que no habría magistrados principales ni suplentes, y que su función se limitaría a generar opiniones jurídicas. Después de que la mayoría de los magistrados cambiaran estos acuerdos, Alejandro Rebolledo y Alzuru Rojas también presuntamente se desincorporaron, pero tiempo después lo negaron.

Otra de las instituciones que funcionan en el exilio es la Procuraduría Especial de Venezuela. El 27 de febrero de 2019, Juan Guaidó informó a través de su cuenta en la red social Twitter la designación del abogado José Ignacio Hernández, como procurador especial para Venezuela. 

“¡Avanzamos en el rescate de Venezuela! Hacemos oficial el nombramiento de José Ignacio Hernández como Procurador Especial de la República. Nuestro país cuenta ahora con un servidor honesto, comprometido y sin militancia partidista al servicio de la Procuraduría”, escribió. 

Hernández duró 15 meses en el cargo. Mientras ejerció como procurador especial, se dedicó a defender los intereses de Venezuela en el exterior, sobre todo en casos como el de la empresa petrolera Citgo. Sin embargo, hasta los momentos los procesos judiciales entablados por acreedores internacionales siguen en curso. 

El 23 de junio de 2020, la Asamblea Nacional autorizó la designación del abogado Enrique Sánchez Falcón como nuevo procurador especial del gobierno interino. 

Entre otras instituciones que hacen vida en el exterior y que forman parte de la administración de Guaidó se encuentran,  la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela,  Petróleos de Venezuela,  Citgo, Monomeros Colombo-Venezolanos, Fiscalía General de la República, Cancillería, Comisión Especial de Seguridad y Defensa, Comisión Especial de Salud y Comisión Especial ante la Organización de Naciones Unidas, además de un grupo de representantes diplomáticos acreditados por 60 países que reconocen a la Asamblea Nacional como el único poder legalmente constituido en Venezuela.

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