Cansados de abusos y maltratos, los presos y familiares de PoliCarrizal denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que el pasado viernes 29 de octubre fueron objeto de una requisa violenta.
Son 53 los privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos de la Policía del municipio Carrizal, ubicada en el estado Miranda, y aunque dicho espacio tiene una capacidad para 20 personas y no debe albergar a los presos durante más de 48 horas.
Según relataron los familiares, el pasado viernes 29 los funcionarios se metieron de forma violenta a los calabozos para hacer una requisa. Los golpearon y algunos reclusos presentaron heridas abiertas en sus cabezas porque les dieron con las cachas de las armas.
Los familiares se enteraron de lo que estaba pasando porque al momento de llevarle la comida escucharon gritos pidiendo auxilio. Aunque exigieron verlos para constatar su estado de salud, fue imposible.
Los presos gritaban que estaban heridos y necesitaban atención médica y aunque la familia exigía que los sacaran a un centro asistencial no fue posible, según una nota de prensa del OVP.
Alrededor de las 9:00 de la noche acudió una comisión de Protección Civil y solicitaron medicamentos para los dolores que tenían los reclusos, pero aún así los funcionarios se quedaron de brazos cruzados, agrega el OVP.
Los familiares esperaban con ansias el domingo porque tenían visita y sería la única forma de saber que había pasado. Al llegar ese día se encontraron con que la visita estaba suspendida.
El día martes sacaron solo a un privado de libertad porque necesitaba atención médica urgente, aseguraron que por los fuertes golpes que recibió le faltaba la respiración, mientras que la mañana de este miércoles fueron sacados el resto de los presos a un centro asistencial.
“Todo es plata”
En otro orden de ideas, se pudo conocer que este año es la tercera requisa violenta que hacen los funcionarios y según explican los familiares todo pasa cuando no les dan plata.
Un traslado, el pase de cosas extras como agua, comida, teléfonos, hasta una visita conyugal es cancelada en dólares, agrega la nota de prensa.
“Todo es plata y nosotros ya no tenemos, de verdad estamos cansados de esta situación”, aseguraron los denunciantes, quienes pagaron hasta 20 dólares cada uno para el traslado de los presos al hospital.
De la misma forma, el OVP conoció que los funcionarios presuntamente amenazan a los familiares, les piden que no denuncien o de lo contrario su familiar será trasladado a la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar.
Recuerdan que hace meses fueron despedidos unos funcionarios que estaban extorsionando a los presos. “En ese sitio hay cámaras, allí debe estar la evidencia de todos los maltratos”, señalaron los familiares, quienes a su vez piden a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que investiguen la situación.