Este martes representantes de distintos gremios empresariales del país, entre los que se encuentran el Consejo Nacional del Comercio y Los Servicios (Consecomercio), la Cámara de la Industria de la Construcción, Cámara de Comercio de Caracas y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, hicieron un llamado de alerta al gobierno nacional sobre la compleja situación que se está evidenciando en los registros y notarías.
Tiziana Polesel, Enrique Madureri, Leonardo Palacios y Roberto Orta, explicaron que la situación que están atravesando los venezolanos a la hora de acudir a un registro o una notaría y, últimamente con la obligatoriedad del registro de los extranjeros que quieran realizar alguna gestión ante esos entes es ciertamente una calamidad, no solo por lo engorroso, sino desde el punto de vista económico, social y hasta de violación de derechos humanos.
“Además de todos los problemas que aquejan a los sectores económicos del país, hemos visto unos problemas adicionales relacionados a los registros y las notarías y con toda la actividad de formalización del comercio. Es importante que entendamos que si nosotros no simplificamos trámites, y no convertimos los impuestos en racionales y dejamos a un lado la voracidad fiscal a la que estamos siendo sometidos, es un llamado a la corrupción, es un llamado a la informalidad, cosa que no le conviene al país desde ningún punto de vista”, sentenció Polesel.
Denunciaron que en agosto de 2022, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), implantó el Registro para Extranjeros, en el que ciudadanos no venezolanos deben llenar un formulario a través de la página web del organismo, y por la misma vía, lo habilita para la firma de cualquier tipo de documentos ante cualquier registro o notaría, sin embargo, los tiempos de respuestas no son los más adecuados.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo porque está ralentizando y entorpeciendo la finalización de cualquier transacción comercial o de servicios”, lamentó la presidenta de Consecomercio.
El grupo de empresarios, presentes en la rueda de prensa coincidió en que la actuación del servicio de registros y notarías viola los derechos humanos de las personas naturales y jurídicas, a las cuales los tratados internacionales en la materia les extienden su uso y goce. La esencia universal, progresiva, interdependiente, imprescriptible y la obligación de preservarlos son marginadas por la actuación de los registros y notarías.
Leonardo Luis Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas sostuvo que el sistema de registro y notarías es un servicio público tendiente a garantizar la seguridad jurídica y, por consiguiente, está condicionado a los principios de juridicidad que impone que toda actuación se someta al ordenamiento jurídico y no a la abierta discrecionalidad de los funcionarios. “Debe respetar y garantizar los derechos de los usuarios”.
“Los retardos indebidos, los rechazos irracionales, la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atenta contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales, que lo concretan”, sentenció.
Agregó que no se puede dejar a un lado, el cobro excesivo, confiscatorio y discrecional de los derechos de registros por protocolización de documentos varios, esenciales para la certidumbre de las operaciones de los empresarios, uso y goce de los derechos fundamentales y la realización fluida de la intermediación financiera. “Circunstancia ésta, que conjuntamente con las habilitaciones indebidas y atípicas hace de los derechos y tasas, expresiones de tributación confiscatorias”.
Las tarifas indexadas y en manos de registradores y notarios
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri comentó que en la Ley de Registros y Notarías se incorporó el tabulador en el que se indexan las tarifas con el petro.
“Es muy complicado, por cuanto hay más de 200 renglones de tarifas y por cada concepto agregan un costo adicional en el cálculo de la planilla, en la que se aplica la discrecionalidad del funcionario”. Citó el ejemplo de una tarifa de Asamblea de Accionistas de una empresa, en la que se aplica un porcentaje adicional por cada uno de los puntos que se tratan: de aprobación de Estados Financieros, balances, porcentaje por aumento de capital, por ratificación de la junta directiva, por comisario, por número de páginas, etc.
Igualmente Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, informó que su gremio realizó una encuesta a más de 700 profesionales inmobiliarios, de los cuales, 65,8% ha tenido negociaciones inmobiliarias en la que están involucrados extranjeros. El 77,8% de esas operaciones es referido a negocios inmobiliarios de compraventa en registros públicos inmobiliarios.
El 60,7% de los extranjeros registrados no ha recibido respuesta y sus firmas se encuentran paralizadas y el 51,7% tiene entre uno y tres meses esperando respuesta por parte del organismo.
“En la reforma de la Ley de Registro Público, de diciembre de 2021, el artículo 83 establece en su ordinal 7, que el derecho de procesamiento de documentos de ventas, bienes inmuebles y otros derechos para la constitución de sociedades en su ordinal C: “Mas de mil unidades petro (1.001 PTR) en adelante el 2 por ciento”. Es decir, se establece como máximo, el 2 por ciento, calculado sobre el precio de venta del inmueble”, explicó.
Sin embargo, en la encuesta realizada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se reveló que en la realidad el cálculo de los aranceles oscila entre un 5 y un 40% del precio de venta, lo cual constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades, impagables.
“Los que determinan estos montos son las oficinas arancelarias de los registros y notarías e incluso los mismos registradores o notarios, por lo que pedimos a todos estos funcionarios que cumplan con la ley y no trabajen a discreción porque le hacen un gran daño a la economía nacional”, indicó.
Eliminación del registro de extranjeros
Tiziana Polesel pidió la revisión de la política de cálculos y el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías, a los efectos de que los usuarios paguen como máximo, el 2 por ciento del precio de compra del inmueble y además la eliminación inmediata del Registro de Extranjeros.
“La universalidad se ve afectada cuando se somete a los extranjeros a tratos discriminatorios referidos a exigencias extensas de documentación, retrasos indebidos e injustificables, lo cual viola los principios de celeridad, no discriminación y transparencia exigidos por el artículo 131 de la Constitución de la República”, dijo.
Igualmente hizo un llamado a los consulados y las embajadas de los distintos países del mundo, para que intercedan ante el ejecutivo nacional, con el fin de garantizar los derechos de sus ciudadanos dentro de Venezuela.
“El llamado también es a los consulados y las embajadas para que apoyen a sus ciudadanos, para que se cumplan los tratados establecidos y puedan realizar cualquier tipo de trámites sin ningún tipo de discriminación, tal como sucede con este registro del Saren”, indicó.
Finalmente añadió que “perdimos la oportunidad de tener una Ley de Notarías y Registros moderna, con tecnología digital y firmas no presenciales como hacen en algunos de nuestros países hermanos. Cuando todos en el mundo están en la digitalización con firmas online y documentos en la nube, complicamos y encarecemos el sistema antiguo”.