El 16 de noviembre de 2022, Nicolás Maduro reiteró su respaldo a los consejos productivos de trabajadores (CPT) como órganos de control obrero socialista en las empresas del sector público y privado.
«Se han constituido (los CPT) en todo el país para seguir impulsando, evaluando y controlando los procesos productivos de distribución, abastecimiento y comercialización de los bienes», dijo el gobernante en un encuentro con trabajadores y sindicalistas oficialistas de la petroquímica El Tablazo, en el estado Zulia.
Sin embargo, estas organizaciones creadas para acabar los sindicatos independientes hoy se suman a la ola de protestas laborales desatadas en el país desde inicios de 2023, como consecuencia del deterioro de las condiciones de trabajo, aseguraron fuentes laborales que solicitaron guardar sus nombres en reserva.
Revelaron que estos trabajadores también devengan “sueldos de hambre” que no cubren las necesidades más básicas del grupo familiar.
«Me incorporé al consejo productivo de trabajadores convencido de que recuperaríamos la producción con una mayor participación activa en las decisiones y mejorías en las condiciones laborales», contó un empleado de una de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Agregó que después de diez años la situación productiva y financiera de la empresa empeoró hasta su práctica paralización operativa, mientras los beneficios socioeconómicos se iban al suelo.
«Cuando reclamas respeto a los derechos laborales vienen las amenazas de los jefes y militantes del PSUV que, en lugar de trabajar, realizan espionaje interno para ver si eres leal o no al gobierno», alertó un consultado.
La Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en Gaceta Oficial número 41.336 del 6 de febrero de 2018.
Pese a los cuestionamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la ilegalidad de los consejos de trabajadores, el chavismo-madurismo los ha impuesto.
Las cifras oficialistas indican que hay 3.006 CPT, de los cuales 694 están en fase de renovación, 1.711 vigentes y renovados y 601 inactivos. Las organizaciones tienen además 12.734 voceros y voceras.
Reclamar es sinónimo de traición
Las fuentes destacaron que la «luna de miel» entre trabajadores y oficialismo se agota en los consejos productivos de trabajadores.
Hace un par de semanas dos consejos de trabajadores denunciaron que no toleran «más vejaciones» ante la negativa de la empresa de garantizar el HCM al personal y sus familias, además de la falta de transporte, dotación mensual de uniformes y la entrega de los combos de alimentos.
«El objetivo de los CPT es el control obrero de la gestión y producción, pero las directivas- incluso las recién nombradas juntas interventoras por las tramas de corrupción- siguen siendo burocráticas y no hay señales de que resuelvan los problemas», reveló un consultado.
Trabajadores de empresas del Estado alertaron que la crítica constructiva es considerada traición por la diligencia obrera y del PSUV, quienes exigen lealtad absoluta.
«Dirigentes y miembros de control obrero de las empresas básicas de Guayana que han protestado en las calles y los portones están bajo régimen de presentación judicial o presos», advirtió un consultado.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, sostuvo que el gobierno siempre reprime al movimiento de trabajadores que se desvíe de los postulados oficialistas.
El representante de Fadess resaltó que la estrategia del régimen chavista-madurista ha sido barrer el sindicalismo independiente y disidente.
En esa dirección, atomizó el movimiento sindical mediante la implantación de organizaciones paralelas, lo cual incrementó el número de sindicatos de 1.600 a 6.000.
Luego aplicó el control obrero, modelo que ha fracasado en las fábricas y empresas del sector público.
«Desde 2018, los atropellos laborales se han profundizado con la bonificación del salario despreciando las prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos”, aseguró.
Dijo que otras arremetidas contra los trabajadores del sector público es el instructivo Onapre; así como la no discusión de los contratos colectivos.
«Todos los trabajadores -prooficialistas o no- del sector público viven la misma tragedia: salarios e ingreso de hambre que impide cubrir los gastos más esenciales del grupo familiar», insistió Guanique.
Por ello, indicó el sindicalista, se mantiene la ola de protestas laborales exigiendo la fijación del salario mínimo vital establecido en la Constitución.
Refirió que ya van 20 meses sin que el Ejecutivo aumente el salario mínimo, el cual devengan -además de los trabajadores activos- los jubilados de la administración pública y lo pensionados del Seguro Social.
Desde febrero de 2022, el salario mínimo está congelado en 130 bolívares mensuales equivalentes a 3,4 dólares. Sumándole los bonos, el ingreso mensual en el sector público es de 20-30 dólares.
El sueldo mínimo en la empresa privada es de 20 dólares al mes. Con los bonos, el ingreso mensual promedio queda entre 120 y 150 dólares.
En ambos casos, señaló Guanique, los montos están bastante lejos del costo de más de 400 dólares de la canasta básica del Cendas-FVM.