La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha enviado este lunes una carta al gobierno de Gustavo Petro en la que le pide una mano más firme al acercarse a Venezuela. En el arranque de su mandato, Petro restableció relaciones diplomáticas y reabrió la frontera entre ambos países, en particular en el eje entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira.
Venezuela, además, aceptó ser país garante de las negociaciones de paz de la administración Petro con la guerrilla del ELN.
HRW ve este nuevo acercamiento como una “una oportunidad para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas”.
La organización, ahora liderada en América Latina por la colombiana Juanita Goebertus, pide al Gobierno colombiano, puntualmente, apoyar los esfuerzos para que los venezolanos migrantes cuenten con más asistencia humanitaria; impulsar las negociaciones entre el gobierno de Maduro y los líderes de la oposición venezolana; presionar para que no haya complicidad entre las fuerzas armadas venezolanas y la guerrilla colombiana del ELN; y generar mecanismos para que se aborde, de forma efectiva, la trata de personas en la frontera entre ambos países.
La carta le recuerda a Petro las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela durante los últimos años: además de la crisis de salud, menciona que al menos 245 presos políticos que han sufrido torturas y que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido cientos de ejecuciones extrajudiciales desde 2016. “El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria”, dice la carta.
HRW celebra que el gobierno de Petro le haya pedido a Maduro que vuelva a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero solicita “esfuerzos más contundentes para obtener compromisos concretos”.
La organización critica que el gobierno colombiano no formara parte del grupo que lideró una iniciativa para extender el mandato de la Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, una iniciativa para investigar las violaciones de derechos humanos que Colombia respaldó en 2019.
HRW recuerda que países de distintas ideologías políticas —Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay- respaldan la Misión. “Chile, otro país latinoamericano en el cual hubo elecciones y ahora existe un gobierno de centroizquierda, siguió siendo parte de estas iniciativas”, dice el documento.
“También nos preocupan las declaraciones de su gobierno acerca de que está evaluando la posibilidad de retirar la remisión de Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela», señala la ONG.
Aunque retirar la remisión no frenaría esa investigación, “sería un pésimo mensaje sobre el compromiso de su gobierno para que las víctimas de crímenes internacionales en Venezuela tengan acceso a la justicia”.
Igualmente difícil políticamente es la situación de derechos humanos en la frontera, donde hace presencia el ELN. HRW ha estado documentando cómo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han llevado a cabo operaciones conjuntas con miembros de esa guerrilla.
HRW considera que la “Paz Total” del Gobierno Petro, que busca negociar con el ELN, podría ayudar a promover los derechos humanos en la frontera ”si se implementa adecuadamente”. Pero advierte que tal iniciativa del gobierno de Petro corre peligro si “los grupos armados en Colombia pueden usar a Venezuela como retaguardia estratégica y actuar con la colaboración o aquiescencia de las fuerzas de seguridad de Venezuela”.
HRW pide entonces supeditar cualquier cooperación militar “al cese inmediato de la complicidad”.
La carta también toca las conversaciones en México, congeladas en la actualidad, entre el gobierno de Maduro y los líderes de la oposición venezolana: “Colombia tiene la oportunidad de desempeñar un papel positivo y proactivo para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela,” dice la carta.
Y frente a detener la trata de personas en la frontera —que HRW ha documentado desde 2019— la carta señala que la justicia colombiana no ha actuado con la celeridad que se requiere. “La Fiscalía General de la Nación informa que ha identificado a 14 personas presuntamente responsables de casos de trata ocurridos entre 2020 y 2022, pero hasta mayo de 2022 ninguna de estas personas había sido imputada, ni mucho menos condenada, por esos abusos”. Ya que el Gobierno colombiano está evaluando nuevos mecanismos de cooperación con el venezolano, HRW le pide “coordinar estrategias” para prever esa trata de personas, asistir de forma efectiva a las víctimas, y judicializar a los responsables.
Fuente: EL PAÍS