Ignacio Porras es uno de los más de tres mil venezolanos que fueron arrestados tras las protestas registradas en Venezuela durante el año 2014, y por dura que parezca, su historia se parece a la de cientos de ciudadanos de ese país latinoamericano.
Vivía entonces en el municipio Chacao, epicentro de las manifestaciones que por varios meses estremecieron las calles de la nación caribeña, era empleado de una lavandería de ropa y fue acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de pertenecer a grupos terroristas que pretendían desestabilizar su gestión.
Allanaron su casa, se llevaron su teléfono móvil, su computador y le imputaron delitos que le valieron para pasar casi un año de su vida en un centro penitenciario para presos comunes, a pesar de no tener ningún registro policial previo. Una delicada condición de salud le ganó el beneficio de tener casa por cárcel.
La reciente intervención de la policía municipal de Chacao -un distrito mayoritariamente de oposición- por parte del chavismo, lo dejó sin los custodios que le había asignado el Ministerio Público. Por eso, Hispanopost pudo subir a su apartamento y observar en primera persona las marcas en su piel, que según cuenta, fueron infligidas por torturas y tratos crueles que recibió.
