En lo que va de año, cientos de trabajadores públicos de la salud y la educación, activos y jubilados, han tomado las calles del centro de Caracas para demandar mejores condiciones laborales y mejoras salariales.
Mientras, en la zona industrial de Matanzas, estado Bolívar, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) habían completado hasta el jueves 12 de enero 72 horas de protesta continua. Los obreros han obstaculizado el paso en la avenida de los Trabajadores desde el pasado 9 de enero exigiendo la dolarización de sus salarios y mejores retribuciones económicas.
En Venezuela, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), aproximadamente 4.800.000 de trabajadores entre activos y pensionados ganan salario mínimo, fijado desde septiembre del año pasado en 130 bolívares y que en este momento equivale a 6,8 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Ante ello, la consideración que hacen los expertos, entre ellos el economista Luis Vicente León, es que “no hay justificación de mantener los salarios del sector público divorciados de los costos de la vida, cuando las tarifas y los impuestos sí se han dolarizado e indexado”. Sin embargo, aclara que si se pretende “mantener la ineficiencia y financiar aumentos con monetización de déficit y sobrecargas impositivas el resultado será negativo”.
La economista y jefe de la firma Síntesis Financiera, Tamara Herrera, explicó que «aunque la tributación ha sido muy fuerte y ha continuado creciendo, sobre todo, en términos reales -es decir, a un número mayor que la inflación- no es suficiente para financiar el gasto público que tiene que crecer más aún».
Indicó que por esta razón es que el gobierno de Nicolás Maduro no puede aumentar el salario mínimo de los trabajadores públicos: «La economía, independiente de que haya tenido un desempeño de reanimación evidente en el 2022, no es una economía suficientemente fuerte para sostener el gasto público de un país habitado por 25 o 28 millones de personas».
Enfatizó que la economía nacional se ha reducido tanto, que su capacidad de aportar tributos es poca, lo que ha contribuido al crecimiento de la economía informal.
«La actividad económica informal ha aumentado precisamente por lo fuerte de la presión tributaria. No se crean nuevas empresas formales, sean pequeñas o medianas, sino que se empieza a realizarse es una actividad de compra, venta y contratación informal por parte de pequeñas y medianas empresas que están fuera del área de tributación», puntualizó.
Ante esta situación, Herrera alertó la importancia de que el Estado haga «esfuerzos mayores por facilitar la creación de empresas, la agilización de los trámites, el no subir los impuestos sino hacerlos más amplios, porque eso es lo que te permite crear una economía más fuerte».
Para la economista, la «trampa en la que estamos» es la recaudación tributaria es excesiva, mientras que el tamaño de la economía -incluyendo la petrolera-, «es muy pequeña para las necesidades fiscales y esa es la razón por la cual se puede cometer el error de seguir acentuando la presión tributaria y los costos de registros a niveles insoportable».
De continuar con esta política, al final lo que va a ocasionar es menos capacidad de generar empleos, menos capacidad de recoger tributos.
Al ser consultada sobre si parte de la recaudación de los impuestos debería ser destinada al aumento salarial o por qué vía debería tomarla el gobierno, Herrera aclaró que en una economía normal «por supuesto que tiene que salir de los ingresos ordinarios, que provienen de su casi totalidad de impuestos».
Sin embargo, en el caso de Venezuela se vive una disfuncionalidad en la economía y «a nivel salarial es tan débil, absurdamente insuficiente, que el gobierno incurre en financiamiento monetario, cuando tiene que completar o hacer pagos especiales», dijo Herrera.
Puntualizó que, por eso, es fundamental que el Estado haga «reformas profundas» y, para ello, «se requiere de avance con acuerdos políticos en las negociaciones, donde precisamente se construya un pavimento sobre el cual ensanchar esa base de tributación de la economía».
Impuestos tienen contra la pared a los empresarios
Sin embargo, pese a las intenciones -acertadas o no- por estabilizar la economía, el poder adquisitivo de los venezolanos se sigue pulverizando; al tiempo que aumenta la recaudación tributaria sin que ello tenga incidencia en los salarios de los trabajadores de la administración pública, pero sí un efecto negativo en las operaciones las empresas.
El sector privado, mermado tras siete años de recesión, ha alertado reiteradamente de una «voracidad fiscal» por la subida de los impuestos municipales de hasta casi un 10.000% desde 2019, que llevó a comerciantes a pasar a la informalidad, lo que dificulta el camino a la recuperación económica, han señalado los empresarios y es en lo que coincide Herrera.
En noviembre, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, informó que la recaudación tributaria en Venezuela aumentó 93% en 2022 con respecto al mismo periodo de 2021.
«En lo que va de año (2022) hemos recaudado 20 millardos 490 millones 474 mil 620 bolívares, que es igual a 40.067.412 petros», expuso Cabello en su cuenta Twitter.
Detalló que en octubre pasado la recaudación del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) obtuvo 416.638.613 de bolívares, (814.702 petros), mientras que por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Seniat recibió 1.402.412.969 bolívares (2.742.301 petros).
En el caso de las aduanas, la institución percibió 491.333.324 bolívares (960.761 petros) y por otras rentas internas recaudó 802.088.034 bolívares (1.568.416 petros).
El abogado especializado en tributos, Leonardo Palacios, explicó que si bien los impuestos se siguen pagando en bolívares, al estar anclados al Petro se guía por la variación del dólar oficial.
«El Petro está anclado al dólar y, sin duda alguna, eso erosiona cualquier capacidad económica de las empresas, que tienen que pagar mucho más allá de lo que corresponde”, indicó.
Palacios señaló que Venezuela vive una «actividad financiera alocada», a lo que se le suma el problema fiscal, la inflación y la devaluación de la moneda local, debido a las políticas económicas del Ejecutivo, que no ha podido establecer una «economía sana».
Además, aseveró que el problema del situado nacional que enfrentan los estados y municipios es que «el gobierno establece un dólar al valor de la cesta petrolera y una estimación que está por debajo del valor real».
«De manera que todo elemento o cantidad que supere el valor de la cesta petrolera venezolana, a nivel presupuestario, son ingresos extraordinarios que no entran en el cómputo del situado constitucional», agregó Palacios.
El abogado insistió en que esto es un problema de vieja data, que se ha agravado afectando los pasivos laborales y contrataciones colectivas de los trabajadores públicos.