Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el martes el arresto del más reciente jefe de seguridad pública de la capital después de que partidarios del expresidente de derecha Jair Bolsonaro protagonizaran un ataque contra edificios gubernamentales.
El juez Alexandre de Moraes ordenó el arresto de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro antes de asumir este mes como jefe de seguridad pública de Brasilia, donde miles de manifestantes destrozaron la Corte Suprema, el Congreso y las oficinas presidenciales el domingo.
Torres, quien fue destituido de su cargo el domingo, no estaba en la ciudad cuando ocurrieron los disturbios, ya que voló a Florida a principios de este mes. En una publicación en Twitter el martes, dijo que regresaría a Brasil desde Orlando, donde estaba de vacaciones con su familia, y se entregaría a la justicia.
Moraes también solicitó el arresto de Fabio Augusto Vieira, jefe de la policía militar de Brasilia, uno de los funcionarios responsables de proteger los edificios clave del gobierno de Brasilia. Vieira no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Los detalles de los cargos presentados contra la pareja no estaban claros de inmediato.
En la orden de arresto, Moraes citó que no se aseguraron de que hubiera las fuerzas de seguridad adecuadas. También citó su autorización de la entrada a la ciudad de más de 100 autobuses con simpatizantes de Bolsonaro a bordo, y el hecho de que no cerraron un campamento en el que los leales al expresidente se habían estado reuniendo durante meses.
«En un momento tan sensible para la democracia brasileña, en el que se dan protestas antidemocráticas todo el día, con la ocupación de edificios militares en todo el país, y en Brasilia, no se puede usar la excusa de la ignorancia o la incompetencia», dijo Moraes en la orden de arresto, revelada previamente a la agencia Reuters por una persona familiarizada con el asunto.
Un testigo vio a la policía en la residencia de la familia Torres en un exclusivo barrio de Brasilia, donde un residente dijo que se fueron con bolsas.
Al otro lado de la ciudad, la policía empezó a interrogar a más de 1.000 manifestantes después de que fueran detenidos mientras las tropas desmantelaban su campamento frente al cuartel general del ejército.
Los manifestantes en el campamento habían pedido un golpe militar para anular las elecciones de octubre en las que el presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva derrotó por poco a Bolsonaro.
Moraes, que está a cargo de las investigaciones de las manifestaciones «antidemocráticas», prometió en un discurso el martes combatir a los «terroristas» que piden un golpe de Estado.
Sin embargo, el desafío de llevar a cabo una investigación criminal tan enorme sobre un movimiento pro-Bolsonaro débilmente organizado en las primeras semanas de un nuevo gobierno ya comenzaba a mostrarse.
El senador opositor Marcos do Val, que ha denunciado el ataque de Brasilia como un error garrafal de la derecha política, dijo a los periodistas frente al gimnasio donde se encontraban los detenidos que muchos de ellos «están pagando por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado».
A última hora de la tarde, 527 fueron arrestados, mientras que 599 detenidos fueron liberados, la mayoría ancianos, madres con hijos o personas con problemas de salud, dijo la policía.
Alrededor de otros 200 manifestantes estaban bajo arresto y esperaban cargos en una instalación penal por su papel en los disturbios del domingo, que destrozaron algunos de los edificios más emblemáticos de la capital en el peor ataque contra la democracia brasileña en décadas.
Fuente: Reuters