Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, acordaron pedir a Israel que tome «todas las medidas posibles, inmediatas y efectivas» para evitar un genocidio, pero no ordenaron el fin de los combates, como le pedía Sudáfrica en su denuncia por genocidio.
En una audiencia pública este viernes, la Corte se declaró competente para juzgar la demanda, pero estableció sus propias medidas cautelares, que no coinciden totalmente con las pedidas por Sudáfrica, que había solicitado la suspensión inmediata de las operaciones militares israelíes, y que Tel Aviv informara cada semana a la Corte de las medidas destinadas a evitar más pérdida masiva de vidas.
La CIJ no tiene ningún instrumento para hacer cumplir sus resoluciones, solo cuenta con que los Estados firmantes de las convenciones las van a cumplir. Israel ha ratificado la Convención contra el Genocidio, por lo que estaría obligado a cumplirlo.
Hamás y otras milicias palestinas de Gaza se internaron en el sur de Israel el 7 de octubre pasado, matando a 1.200 personas y secuestrando a otras 240, de las cuales se calcula que 136 permanecen en la Franja. Desde entonces, Israel ha matado en Gaza al menos 25.900 personas y 64.110 han resultado heridas.
Peticiones de la CIJ
«Israel debe tomar todas las medidas en su poder» para evitar que se cometan los hechos previstos en el Artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, donde se define este crimen como la intención de destruir en todo o en parte a un grupo humano, las lesiones graves a su integridad física o mental, o su sometimiento a condiciones que acarren su destrucción.
Israel debe igualmente «prevenir y castigar el incitamiento público» a la destrucción de los palestinos como grupo. Así como hacer todo lo posible para que llegue la ayuda humanitaria, y asegurar que no se destruyen las pruebas de posibles crímenes. Para comprobar que así sea, pide a Israel un informe en un mes a contar desde este viernes. Y pide la liberación inmediata y total de los rehenes.
El Tribunal ha reconocido que la población civil de Gaza es «extremadamente vulnerable», debido a la «destrucción de casas, escuelas, centros médicos y otras infraestructuras», y que existe un «riesgo serio» de que la situación humanitaria «se deteriore más» antes de que se llegue el fallo final sobre si ha existido o no genocidio, por lo que existe la «urgencia» que justifica las medidas cautelares.
En la lectura de la decisión, la magistrada y presidenta, Joan Donoghue, ha citado los informes de las ONG y de la propia ONU, que advierten de que el nivel de destrucción, el desplazamiento de más de un millón de personas y la falta de víveres constituyen una «catástrofe humanitaria» y convierten la Franja en «inhabitable».
El fallo por tanto, no reconoce la petición de Israel de desechar la denuncia sudafricana, pero tampoco le obliga a parar la guerra. Tel Aviv ha insistido en que la denuncia sudafricana «distorsiona» la realidad. «Si hubo actos de genocidio, se han perpetrado contra Israel», aseguró en su comparecencia ante la CIJ el representante israelí.
Con información de RTVE