La ruta del madurismo para tomar Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre

El 12 de enero Nicolás Maduro anunció que las elecciones de alcaldes, previstas para este año, se realizarían en 2020. Lo hizo durante la presentación de su memoria y cuenta y sin previo aviso del Poder Electoral, al cual le compete informar las razones que motivarían ese cambio de fecha. 

Sin embargo, la frase “en 2022 se convocarán elecciones municipales” salió de la boca del gobernante luego de que Jaqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, dijera que llevará a la Asamblea Nacional de Maduro la propuesta de unir a dicha entidad los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. Dos acciones que para los vecinos del área metropolitana están plenamente ligadas.

“Está claro que pospuso las elecciones para dar paso a la unión del área metropolitana de Caracas y con ello elegir a una persona que esté a cargo de esa región. Ellos elegirían quién sería el gobernador y poder así hacer la trampa más fácil al momento de votar por los alcaldes”, afirma la dirigente vecinal de El Hatillo, Zuleima Blanco.

Para Manfredo González, exconcejal del municipio Sucre y coordinador general de la organización Caracas Ciudad Plural, “el anuncio de Maduro no es una sorpresa, ya se esperaba porque los alcaldes tienen un año de desfase con los concejales y la ley establece que deben ser electos de manera conjunta. Es así que en 2021 se les vence el período a los alcaldes, pero el de los concejales culmina en 2022, así que parece lógico que esa elección conjunta se realice el año que viene”.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli explica que la elección de alcaldes, al igual que la de gobernadores, viene determinada por sus respectivos periodos de gestión previstos a nivel normativo “específicamente de acuerdo con la Constitución”. “En consecuencia, no es una competencia a disposición del presidente de la República, ni de quien ejerza ese puesto, porque tiene un origen legal y normativo. No es una decisión del Ejecutivo y ni siquiera del propio estado (Miranda) al cual pertenecen los municipios”. 

Raffalli destaca que la competencia para convocar elecciones, de acuerdo con la ley, le corresponde al Poder Electoral. “Esa declaratoria de Nicolás Maduro hace ver que hay una tutela del Ejecutivo sobre el electoral y denota la ausencia de independencia”.

Blanco afirma que, de unir al Distrito Capital los cuatro municipios del estado Miranda que conforman el área metropolitana, “se afectarían distintas situaciones”. Para Kiomara Scovino, presidenta de la Asociación de vecinos de Prados del Este (Asopraes), “hay un proyecto del régimen por debilitar los municipios y ojalá desaparecerlos porque están en lucha contra el Estado comunal y su esquema de comunas, y con esta arremetida se confirma”.

“Esta aparente propuesta de Jacqueline Faría es un disparate que no tiene tamaño y vulnera el texto constitucional porque Venezuela es un estado federal y descentralizado, donde los estados, por mandato del artículo 159 de la Constitución, son autónomos. De hecho, el artículo 164 establece que cada estado se dará su propia Constitución y Miranda se constituye por 21 municipios y nadie puede arrancar cuatro de ellos y pasarlos a otro. Menos sin consultarlo con la comunidad”. enfatiza Rafalli.

El constitucionalista explica que el impacto de esta medida tendría repercusiones en “una cantidad de leyes de la República que creo que no se evaluaron cuando se hizo ese anuncio”. “Para hacerlo la única posibilidad sería reformar la Constitución de la República, la del estado Miranda y hacer referendo en ambos casos para consultar al pueblo del país y de este estado”.

“Lo primero que hay que hacer es exigirle al régimen que convoque inmediatamente una consulta para saber qué opina el ciudadano sobre esta pretensión de quitarle al estado Miranda cuatro de sus municipios más importantes y doblegarse a un proyecto político, porque esa es la única manera que tienen de ganar la gobernación y en estos municipios. Como electoralmente los números no les dan no quieren someter de esta manera”, señala Scovino.

Ante el panorama, Raffalli expone que la única acción que se puede hacer es “volver a lo que era la Alcaldía del Distrito Metropolitano, porque una cosa es unir estos municipios en un gobierno de segundo nivel y otra muy diferente transmutar los municipios de un estado y pasarlos al Distrito Capital. Esto último es absolutamente inconstitucional, viola los artículos 4,159 y 164 de la Constitución, además de la integración y división político territorial de la República”.

La integración a dos niveles es una acción que la Constitución le otorga únicamente a Caracas y consta de una ley especial. “Lo hace meridianamente en su artículo 18 y hay que recordar que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 suprimió de manera inconstitucional la Alcaldía del Distrito Metropolitano, obviando este artículo e incluso la ley emanada de la ANC de 1999”, agregó.

“Hay algo que es muy cierto, debe existir un ente de gobierno centralizado que coordine la ejecución de las políticas públicas que se adelantan en cada uno de los cinco municipios capitalinos, y ese ente existe y se llama Alcaldía Metropolitana. Lo que pareciera que pretende hacer Faría es asumir las competencias que tenía la Alcaldía Metropolitana sin haber sido electa para ese cargo, y eso no podemos permitirlo los caraqueños”, dice el exconcejal de Sucre.

¿Rumbo a un Estado comunal?

La intención de postergar las elecciones municipales y la propuesta de Faría podrían ser una estrategia que tenga como fin “eliminar de manera definitiva la mayoría de las competencias de las alcaldías y transferirlas a una nueva estructura comunal”, expresa el periodista especializado en los temas político y electoral, Eugenio Martínez, a través de Twitter.

La afirmación de Martínez va de la mano con el análisis de González, que destaca que “el gobierno ha querido implementar el Estado comunal desde 2008, estando Chávez aún vivo; sin embargo, no lo han logrado consolidar. Para este año han retomado el tema luego que se apoderaron de la Asamblea, pero considero que no va a ser viable la instalación de ese Estado comunal por una sencilla razón: eso implicaría quitarle competencias y recursos a las actuales alcaldías y gobernaciones para entregarlos a las comunas”

“Si revisamos, hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) maneja 20 gobernaciones y más de 300 alcaldías, lo que se traduce en cientos de miles de cargos burocráticos que ya disponen, y dudo mucho que algún alcalde esté dispuesto a sacrificar sus cuotas de poder para delegarlas a las comunas. Por eso, podrán hacer un teatro y hasta asegurar que están haciendo transferencias de poder, pero se quedarán ejerciendo la mejor parte de ese poder”, añade González.

Raffalli indica que no se puede implementar una estructura comunal que “aplaste” a las alcaldías, que son el eje central de la división político territorial de acuerdo con la Constitución vigente.

Afirma que otorgarles un poder superior a las comunas, por encima del de las alcaldías y gobernaciones, implicaría una alteración de la Constitución y requeriría una reforma y la participación ciudadana mediante un referéndum, pero si lo que buscan es “hacerlo mediante una apariencia, ya estaríamos hablando de un terreno extraconstitucional”. 

Advierte que el poder comunal no está previsto en la Constitución. “Es más, las comunas y los consejos comunales y toda esa organización del poder popular tienen su piso normativo en la Ley Orgánica del Poder Popular, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y en la Ley de Comunas, pero ningunas de esas figuras están previstas en la Constitución. Por ende, desde el inicio decimos que son un Estado paralelo creado por Hugo Chávez al margen de la Constitución y esta es muy clara, al determinar que el país está integrado por una división político territorial, entidades federales, espacios geográficos y entidades de gobiernos en cada uno de ellos y una autonomía en cada uno de los estados”. 

Pero esta no sería la primera vez que desde una gobernación se le daría un grado de poder a las comunas. “En diciembre de 2019, la gobernación de Miranda impulsó la transferencia de algunas competencias a las comunas. Inclusive, hicieron un referéndum consultivo donde participó muy poca gente, pero que sirvió para aprobar esa pretensión. Y no pasó de allí, esas competencias que supuestamente se iban a transferir las sigue ejecutando el Ejecutivo regional”, dice Manfredo González.

Scovino, quien además de presidir la Asociación de vecinos de Prados del Este es miembro del consejo comunal de esta urbanización perteneciente al municipio Baruta, el cual, a pesar de ser opositor, tiene un concejo municipal presidido, por tercer año consecutivo, por Georgette Topalián, afecta al partido de Nicolás Maduro. Ante ello, afirma que “ha significado un estancamiento en la gestión municipal porque mientras el Ejecutivo trabaja en algo, el Legislativo conspira contra las comunidades organizadas y ha matado la participación ciudadana”.

“Lo que tenemos ahorita ha demostrado que ellos trabajan para un proyecto político al margen de la propia Constitución y las leyes del Estado. Violan todo y es bien delicado para nosotros que, teniendo un marco legal que nos permite tantas cosas, no se nos deje hacer nada. A pesar de haber logrado registrarnos en consejos comunales. no somos consultados ni convocados”, expresa Scovino, quien además es miembro de la coordinación de la red de organizaciones vecinales de Baruta.

Asegura que como luchadora vecinal ve con alarma y preocupación esta serie de acciones para quienes viven en municipios de oposición. “Donde estamos en una burbuja protegida de alguna manera con las alcaldías”. 

El coordinador general de la organización Caracas Ciudad Plural considera que desde el gobierno de Maduro “se seguirá presionando a los alcaldes y gobernadores para que vayan en la dirección de las comunas, pero lo que se ve desde las bases del PSUV y entre los funcionarios electos y designados en alcaldías, concejos municipales y gobernaciones es mucha resistencia a impulsar esos cambios, ya que eso pondría en riesgo sus propios cargos y sus opciones de poder”.

Ante la realidad que enfrentan los municipios, los alcaldes convocan una Asamblea de ciudadanos para el jueves 14 de enero de 2021 a las seis de la tarde.

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