Venezuela llegó a convertirse en el país con mayor número de demandas en tribunajes de arbitraje internacional debido a la política de estatizaciones, expropiaciones o expoliaciones que adoptó a partir de 2007 el fallecido presidente Hugo Chávez durante su segundo gobierno y que tuvo como hechos emblemáticos las acciones emprendidas por dos empresas petroleras estadounidenses: ExxonMobil y ConocoPhillips.
Las medidas estatistas de Chávez comenzaron contra la apertura petrolera que se hizo en los años 90 y eso incluyó también críticas contra dos aspectos que en su momemento se firmaron para ofrecer seguridad jurídica para la captación de capital foráneo: los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones que se firmaron con 27 países, y la membresía de Venezuela a un organismo del Banco Mundial como es el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Inversiones Relativas a Invesiones).
Los cierto fue que Venezuela solo formalizó su intención de retirase de Ciadi y denunció el acuerdo con los Países Bajos bajo el pretexto que favorecía a las empresas petroleras norteamericanas, toda vez que nunca se firmó uno con Estados Unidos.
Paradójicamente, la diáspora venezolana –por encima de 6 millones de personas según el Observatorio Venezolano de Migración- ha llevado a muchas empresas venezolanas a utilizar los tratados vigentes para abrir operaciones en los países donde hay connacionales por el mercado que se abre y muchos de los expatriados también han recurrido a los mismos para invertir en los países donde llegan.
El abogado José Gregorio Torrealba, socio senior de la firma Lega, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje con maestría en Derecho del King’s College de la Universidad de Londres y experto en lo que concierne a las inversiones extranjeras, así como se refirió a los riesgos por la forma errada en la que el gobierno de Chávez afrontó los reclamos de las empresas extranjeras, ahora advierte sobre los riesgos de los inversionistas venezolanos, sobre todo en países de América Latina.
“Hay un buen movimiento de inversión venezolana en el extranjero”, señala Torrealba. ”Ningún inversionista tiene la intención de pelearse con el país donde va a poner su capital, pero las cosas cambian y lo estamos viendo en América Latina con el cambio de rumbo hacia la izquierda, que tiene mucho gusto por las nacionalizaciones o expropiaciones; y allí es donde vienen los problemas”, agrega. Explica que cualquier medida regulatoria del Estado donde se realiza la inversión puede afectarla, ser violatoria del tratado y dar el derecho a la empresa a demandar como se vio en el caso venezolano que comenzó por el sector petrolero y se extedió a otras actividades no solo en la gestión de Chávez, sino incluso durante el primer gobierno de Nicolás Maduro.
