Las desacertadas políticas económicas de la administración de Nicolás Maduro desde 2012 han tenido un “efecto nefasto” sobre la capacidad de ahorro de los trabajadores formales en lo que el principal instrumento son las prestaciones sociales, aseguraron fuentes sindicales.
«Antes, el dinero de las prestaciones sociales permitía al trabajador cuando se retiraba tener un capital para montar un negocio, comprar un bien importante como un vehículo o terminar de pagar un préstamo hipotecario de vivienda. Hoy ese monto alcanza si acaso para cubrir un mercado», sostuvo Johnny Magdaleno, dirigente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo.
El representante de Fetracarabobo señaló que el impacto del aumento del salario mínimo de 7 a 126 bolívares mensuales -anunciado la semana pasada por Maduro- es menor a 10%.
La Ley Orgánica del Trabajo dispone que los empleadores acrediten en la cuenta individual de cada trabajador el monto equivalente a 15 días trimestrales de salario por concepto de prestaciones sociales, cantidad que devengará intereses.
Sin embargo, Magdaleno recordó que la bonificacion del ingreso en los últimos cinco años depreció muchísimo los salarios.
León Arismendi, directivo del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, explicó que las prestaciones sociales van alineadas con los salarios, los cuales desafortunadamente son demasiado bajos en Venezuela, lo que hace que ese instrumento de ahorro está totalmente pulverizado.
El representante del Inaesin manifestó que el alza del salario mínimo de menos de 2 dólares a 28 dólares mensuales – prometido por Maduro- tiene un impacto muy pequeño sobre la recuperación de las prestaciones sociales.
Empleados públicos revelaron que los organismos se atrasan en depositar los 15 días trimestrales de salario por concepto de las prestaciones sociales en las cuentas bancarias individuales.
«Me acabo de retirar del Ministerio donde trabajaba y la liquidación por 20 años de servicio es de 20 dólares», narró un funcionario en el centro de Caracas.
Magdaleno indicó que la incorporación de algunos bonos al salario en el sector público -también anunciado por Maduro- tampoco representa un impacto significativo sobre las prestaciones sociales de esos trabajadores.
«Luego de 30 años de servicio, hace un año renuncié a mi empleo en una empresa privada y la liquidación que recibí fue de 102 dólares, de los cuales más de 80% fue por prestaciones sociales. Qué se puede comprar con eso», contó una trabajadora en Candelaria.
Recordó que el Estado es el principal empleador del país. No obstante, es el que paga los salarios más bajos, además de incumplir a tiempo con el depósito trimestral de los 15 días de salario y el pago inmediato de la liquidación cuando cesa la relación de trabajo.
«Los empleados públicos pasan meses y hasta años para que les cancelen la liquidación. Cuando cobran ese dinero está completamente depreciado por la inflación», sostuvo el dirigente de Fetracarabobo.
Arismendi insistió en que las prestaciones sociales son un resguardo para el futuro del trabajador cuando se jubila o culmina la relación laboral.
Magdaleno precisó que la mayoría de los empleados públicos gana el equivalente a un salario mínimo mensual o un poco más mientras que en el sector privado el promedio es de 3 a 5 sueldos mínimos al mes.
«En ambos casos el efecto sobre las prestaciones sociales es marginal y eso no cambia con el nuevo salario mínimo equivalente a medio Petro», concluyó.
