Venezuela fue referencia internacional porque en los años 70 fue el primer país que tuvo un Ministerio de Ambiente y se le consideró en ejemplo regional en destinar buena parte de su territorio a establecer parques nacionales. Igual podría decirse de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que se le consideró paradigma en seguridad industrial y ambiental principalmente por la forma cómo atendía los derrames de crudo, al punto de que asesoraba en esta materia a otras empresas del área y asumía con diligencia la contención de los combustibles vertidos en el tramo colombiano de la cuenca del río Catatumbo, que se originaban por las acciones terroristas de grupos guerrilleros en ese país.
Esa situación cambió y hay dos hechos que marcan un punto de inflexión en el año 2012: el primero en febrero, con la rotura del oleoducto del complejo Jusepín que derramó crudo en el río Guarapiche; y el segundo en agosto, con la explosión en la refinería de Amuay. Ambos eventos evidenciaron las fallas en sus instalaciones por falta de mantenimiento.
Otro caso visible de daño ambiental que afronta Pdvsa es el de los desechos del crudo pesado o extrapesado de la faja del Orinoco, el coque, que la empresa no ha logrado monetizar por fallas en las operaciones de transporte y ni colocar en sus muelles este producto que en el pasado sí logró exportar.
Los expertos han advertido que las montañas de coque que se han formado en terrenos aledaños al Complejo de Jose, en el oriente de Venezuela, son tóxicas porque contienen azufre y, en contacto con la humedad, pueden formar ácido sulfúrico. Cifras extraoficiales señalan un volumen por encima de 12 millones de toneladas métricas de coque al cierre del año 2019, sin que las mismas se hayan podido remover.
A lo anterior se suma el rezago que muestra Pdvsa en concretar los planes para reducir el venteo o “quema” de gas natural, cuyo volumen se calcula en 2.000 millones de pies cúbicos diarios provenientes de la extracción de petróleo sobre todo en el oriente del país. Esos niveles llegan al punto que, en un reciente informe del Banco Mundial, Venezuela figura entre los países que más contaminan por desaprovechar el uso del hidrocarburo gaseoso, el cual se considera como la fuente principal de la transición energética debido a que resulta menos contaminante que el petróleo.
“Venezuela es el sexto país donde más se quema más gas natural producto del petróleo, a pesar de que esta actividad declinó 41% en 2019 y otro 40% en 2020, y el venteo de gas aumentó 4% desde el año 2018”, indica el Informe de Seguimiento sobre la Quema Global de Gas de este organismo multilateral.
Añade que la intensidad de quema, es decir, la proporción de emisiones de gas por barril de petróleo “se incrementaron en países petroleros en conflicto como Venezuela, donde aumentó en 50%, y Libia con un incremento de 38%, lo que indica la incapacidad y la falta de recursos para atender este problema”.
En los primeros cinco puestos en volumen de “quema” de gas están Rusia, Irak, Irán, Estados Unidos y Argelia, pero Venezuela en 2020 alcanzó el primer lugar en intensidad de venteo debido a que por cada barril de petróleo se queman 44,5 metros cúbicos o 15.715 pies cúbicos de gas, mientras que el resto de las naciones en esta situación muestran una intensidad igual o inferior de 20 metros cúbicos (706 pies cúbicos) de gas por cada barril.
El Banco Mundial señala que en 2012, último año de gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, la intensidad de “quema” de gas natural de Venezuela era de 8,93 metros cúbicos (315 pies cúbicos) por barril, lo que implica que durante ocho años de la administración de Nicolás Maduro se quintuplicó el volumen de quema por cada barril de crudo extraído, alcanzando récord en 2020.
Esta situación es lo que también ha sido determinante en el hecho de que Venezuela, entre 2012 y 2020, lejos de mostrar un avance en políticas dirigidas a promover la transición energética, más bien muestre un retroceso de 44% en el índice que creó el Foro Económico Mundial. En su último reporte aparece en la posición 111 de un total de 115 países, solo por encima de Líbano, Mongolia, Haití y Zimbabué.
“La transición energética va a ocurrir y tendrá un impacto en la actividad petrolera, pero Venezuela para recuperar su economía necesita la palanca del sector de los hidrocarburos en las próximas dos o tres décadas, y es el sector privado el que tiene que asumir el riesgo por la magnitud de los cambios mundiales que están ocurriendo. Si no logramos esa inversión privada por falta de consenso políticos, tristemente tendremos una recuperación muy pobre y se va a desaprovechar la última ventana de oportunidad para aprovechar esa riqueza como es el petróleo”, sostiene Francisco Monaldi, investigador de la Universidad Rice en Houston.
Indicó que las circunstancias que dieron origen a la “Pdvsa eficiente y que conocimos en el pasado, lamentablemente, son irrepetibles porque fueron parte de una transición muy bien pensada y organizada de un conjunto de empresas privadas a una estatal”.
La sombra del Arco Minero
En otras circunstancias, estas informaciones sobre la “quema” de gas natural no tendrían notoriedad, pero en un contexto donde dominan informaciones sobre las políticas que adoptan los gobiernos para reducir el impacto del cambio climático y reducir la huella de carbono, estos eventos toman relevancia y más cuando también se denuncian los daños que están ocurriendo en el Parque Nacional Canaima, principalmente por la explotación aurífera.
“Maduro en Venezuela debería ser juzgado por ecocidio” fue el título que utilizó la prestigiosa publicación Foreign Policy en un artículo para reseñar los hechos que marcan el desarrollo del Arco Minero, que ha ocasionado la deforestación de amplias extensiones de bosques y contaminación de cuencas fluviales ubicadas al sureste del estado Bolívar.
“Es un tanto irónico que el tema ambiental haya sido el caballo de batalla de los gobiernos venezolanos como el Hugo Chávez, cuando dijo que los problemas ambientales eran culpa del capitalismo y su gobierno publicó un libro de discursos titulado ‘Ecocidio, un crimen capitalista’; o el que representa su sucesor elegido, Nicolás Maduro, quien dijo que el socialismo es la única vía para la preservación del medio ambiente y la salvación de la especie humana”, señala el artículo escrito por Ryan C. Berg, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y Lauri Tähtinen, fundador de Americas Outlook y miembro del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.
Acota que “después de más de una década de inestabilidad política y una economía en ruinas, que ha llevado a la mayor crisis migratoria en la historia moderna de América Latina, el término ecocidio ha perdurado y sería prudente que se examine de cerca a Venezuela, si el daño masivo o la destrucción de los ecosistemas, cometidos con conocimiento de los riesgos, se eleva al nivel de ecocidio”.
Los autores señalan que el régimen de Maduro ha estimulado la minería ilegal a costa de la deforestación del país, se ha llevado adelante la explotación de oro sin tomar precaución de la contaminación de mercurio tóxico en los ríos y se ha perjudicado a las comunidades indígenas que son originarias de esa región.
“El crecimiento de la economía ilícita en Venezuela también ha sido testigo de la erosión de los derechos indígenas y el exceso de muertes a medida que las actividades del régimen de Maduro invaden tierras ancestrales”, puntualiza la nota publicada por Foreign Policy.
No en vano las propuestas elaboradas por la recuperación económica de Venezuela, de su industria petrolera y de Pdvsa –que principalmente se sustentan en apoyo de empresas extranjeras- incorporan los aspectos ambientales y coinciden en poner freno a la explotación minera que se ha llevado adelante durante los años de Maduro, pero siempre apalancadas en el apoyo del sector de los hidrocarburos con un peso importante en políticas vinculadas al desarrollo sostenible.
“El Arco Minero es un proyecto delincuencial, que cayó en manos de una burocracia delincuente, asociada con la mafia internacional, los pranes y la Fuerza Armada también está metidas en eso. Pensamos que hay que reformular una economía minera porque en la región hay vocación para eso, pero tendría que ser bajo otras modalidades”, ha señalado Arnoldo José Gabaldón, primer ministro de Ambiente de Venezuela a mediados de los años 70 del siglo XX, y ahora al frente del Grupo Orinoco, que es un centro de pensamiento en materia energética y sostenibilidad.
El experto asegura que “en las áreas de explotación a cielo abierto se están produciendo unos impactos terribles, algunos en la cuenca superior del río Caroní donde están ocurriendo todo tipo de desafueros ecológicos”. “Es una situación que alarma, sobre todo cuando se ve la región a mediano y largo plazo en el Parque Nacional Canaima unos y en la Gran Sabana. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras?”, se pregunta.
