Carlos Durán, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias) y Alfredo Padilla, director ejecutivo de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) analizan los pros y contras de la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, que fue aprobada en segunda discusión, el pasado 13 de octubre, por la Asamblea Nacional electa en 2020.
Ese día Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, destacó que la nueva normativa incorpora la figura de créditos y fondos especiales para los emprendimientos, así como también la protección jurídica en la actividad comercial y mercantil, además de la posibilidad de realizar registros nacionales de emprendedores, el establecimiento de zonas especiales para sus actividades comerciales y la exoneración de pagos tributarios en casos excepcionales.
La rectoría estará a cargo del ministerio con competencia en Economía y Finanzas, que diseñará políticas y estrategias para el desarrollo del sector. Y, además, se creará un fondo nacional para el emprendimiento, constituido por recursos asignados por el Ejecutivo.
Hasta ahora, según lo anunciado por Nicolás Maduro, desde que se puso en marcha el Registro Nacional de Emprendedores establecido en la Ley, “se han inscrito 116.140 emprendedores y emprendedoras, a nivel nacional, de los cuales 56.484 corresponden al sector alimentación, 18.554 en servicios, 5.444 en cría de animales, 953 en turismo, 388 en atención a personas mayores y en el sector industrial 2.681”.
Asimismo, América Pérez, diputada de la AN y presidenta de la Subcomisión de Economía Digital y Nuevos Emprendimientos, indicó el 13 de octubre que el nuevo instrumento legal garantiza el derecho de emprender. Y esto lo hacen considerando un contexto económico adverso debido, de acuerdo con lo que expone la Ley, al “bloqueo económico que de manera ilegal y criminal ha establecido el gobierno estadounidense”.
“A ello se unen los impactos económicos de la pandemia del Covid-19. Un factor adicional, en este sentido, consiste en el agotamiento definitivo del modelo rentista establecido en el país desde comienzos del siglo XX”, agrega la Ley en la Exposición de Motivo.
Según la normativa, “de este cuadro se desprenden tendencias que apuntan a masivos procesos de nuevos emprendimientos en diversos sectores de la población en función de la generación de un ingreso que les permita paliar la difícil situación económica del país”.
Sobre el contenido de la Ley, Alfredo Padilla indicó que en la introducción hay un factor importante y que despierta interés. “En el punto cuatro del segundo artículo se habla de favorecer el ejercicio del derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, y tomando en cuenta este punto, considera que “si no hay limitaciones de las previstas en la Constitución y en la ley, esto es central y medular”.
Para Padilla entre los pros de la Ley está que habla de fomentar y desarrollar nuevos emprendimientos, lo cual es “muy positivo” porque Venezuela necesita “germinar nuevas iniciativas económicas para recuperarse del estado de destrucción que estamos viviendo”.
En cuanto a los contras, advirtió que “en esta Ley se habla de que deben ser emprendimientos innovadores y que se va a crear un ecosistema nacional de emprendimiento como una suerte de comunidad emprendedora bajo los oficios del Estado, lo que se presta a excesivos mecanismos de control y de paternalismo estatal sobre la libre iniciativa. Ese puede ser un resultado si no se hacen las cosas debidamente”.
El artículo 12 de la Ley establece que: “Serán responsabilidades y atribuciones de la autoridad única emitir la estrategia nacional de emprendimiento y competitividad, alineada al Plan de la Patria y a los Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana, acorde a los principios y lineamientos establecidos en la presente ley, y establecer los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo correspondientes”.
Al respecto, Padilla considera que no todos los emprendimientos deben estar alineados con el Plan de la Patria, porque “sería un plan socialista y no todos los emprendedores tienen vocación socialista, es decir, no todos se sienten identificados con un partido que esté gobernando”.
Además, advirtió que cuando en la Ley se habla de la “exoneración a quienes no pasen de un límite de ganancia” es ponerles un límite a las ventas, lo que no es “nada recomendable”.
“La libertad económica y la libre iniciativa no pueden estar sujetas a convicciones socialistas, tienen que ser amplias porque de lo contrario limita la propia disposición de la ley y se empobrece cuando se vincula a un proyecto en particular”, recalcó, al tiempo que puntualizó que “los pros son bastante y los contras pueden ser detalles que desvanezcan a una ley que puede tener una importante inspiración”.
De acuerdo con Durán, la Ley mantiene unas “consideraciones y reglones neurálgicos a considerar y que tienen que ver con incentivos, no subsidios, no solo fiscales, sino también financieros en cuanto a carteras de banca que los impulse. Sin embargo, hay que destacar que actualmente hay un problema estructural de banca”.
“Lo importante es que esta Ley, más allá de quedar en un documento, sea ejecutable porque eso es lo que más nos importa hoy en día a los emprendedores”, puntualizó.
Afirmó que desde el sector confían en que esta iniciativa “sea un puente u otro paso positivo para la generación y creación de empresas, esas que sean trascendentes y formales en Venezuela, porque esa es la línea de Profranquicias”. “Es importante que esto sea estructural, a largo plazo, trascendente y que permita a las empresas generar valor”, agregó
Duran dijo que la nueva Ley es vista como un “pilar fundamental” para los emprendimientos y su desarrollo, por lo que también debe serlo para el crecimiento económico “como contribución al PIB y que sea vista para generar empresas con alto contenido tecnológico y de expansión tanto dentro como fuera del país”.
Es de la opinión de que hay que “revisar muchas cosas que están relacionadas a ella, como la propiedad privada, el tema de los controles, del incentivo desde varios puntos de vista y que haya una mentoría y seguimiento para que estos proyectos lleguen a larga edad, ya que la estadística de decesos de emprendimientos es altísima en el mundo y en Venezuela también”, sostuvo.
Por último, insistió en que hay que ver los detalles, los subcapítulos y consideraciones dentro de cada uno de esos rubros que se presentan en cuanto a las ideas y la Ley. “Además, tendríamos que ver la posibilidad óptima de su ejecución y pues allí estaríamos cien por ciento a la orden”, apuntó.
Piden reunirse con la AN
Tanto Durán como Padilla esperan poder sostener reuniones con los diputados de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para aportar ideas a la nueva Ley. Ambos aseguraron que los sectores que representan no han sido consultados sobre la normativa y por eso solicitan reunirse con la AN para presentar y discutir las propuestas que tienen.
En el caso de Profranquicias, Durán indicó que aunque no se han reunido con la AN, “sí tuvimos un acercamiento indirecto, debido a que nos llamaron para coordinar una reunión que no se ha dado, pero nos pusimos a la orden”.
Es por ello que aspira a que durante el último trimestre de 2021 se dé un “contacto formal” entre la Comisión de Finanzas y el sector de franquicias.
“Esto es necesario porque las consideraciones que tenemos parten de un estudio minucioso, muy profesional y académico, basado y fundamentado no solo en los conocimientos de los profesionales más importantes de franquicias y negocios del país, sino también basado en leyes muy exitosas de otros países de Europa y América Latina y en textos y leyes de emprendimientos que han favorecido muchísimo a este sector”, afirmó.
Por su parte, Alfredo Padilla indicó que si bien Atraem no ha sido consultada, esto “no quiere decir que no estemos interesados en hacer contacto con los promotores de la Ley y con la institución que se ocupa de ese asunto”.
“Estamos intentando tener una reunión con los encargados de esta ley porque estamos interesados en ello y dispuestos a ver cómo formamos parte del desarrollo de la Ley que está discutiendo la AN actual”, insistió.
No obstante, hay cierto escepticismo. Padilla explicó que en otras oportunidades el Frente Nacional de Defensa del Trabajador no Dependiente ha presentado propuestas a la Asamblea Nacional en cuanto a leyes y la misma no ha sido receptiva.
“Hasta ahora el Frente no ha recibido respuesta ni de la anterior ni de la actual AN, lo cual no le quita mérito a que esta haya aprobado una ley para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, lo que llama mucho la atención y genera unas expectativas que ojalá puedan ajustarse en su aplicación de manera adecuada a la plena libertad económica”, dijo.
Por otro lado, Durán recordó que el sector de las franquicias les presentó a los diputados de la Comisión de Finanzas de la AN electa en 2015 un texto que elaboraron y llamaron “Consideraciones para una Ley de Emprendimiento”.
“Actuamos como institución absolutamente transparente y en función de aportar soluciones a los nuevos emprendedores que se van desarrollando, los cuales necesitan muchas soluciones y herramientas”, indicó.
Aseveró que en esta nueva Ley o lo nuevo agregado en el documento están expuestas “algunas de las consideraciones que propuso Profranquicias en su momento y fueron tomadas en cuenta”.
“Hay que ver cómo hacer para que estos emprendedores sean exitosos, no es solo darles incentivos, sino otras cosas como herramientas para ayudar a los emprendimientos que hoy están en desarrollo”, recalcó.
Aseguró que esta Ley es una “buena noticia» para el sector y debido a esto “Profranquicias se ha propuesto la tarea de volverle a presentar otro documento a la Asamblea Nacional y a la ministra de Comercio, ya que consideran que desde ahí se están llevando adelante algunas iniciativas que pudiesen ser complementarias para la Ley”.
Los planteamientos de Durán y Padilla contrastan con lo señalado en julio de este año por Jesús Faría, presidente de la Comisión, de Finanzas, quien aseguró que se consultaron a todos los sectores políticos y sociales del país y es lo que, a su juicio, ha permitido que se genere un centenar de propuestas que están siendo ajustadas al texto que ya había sido elaborado por los diputados.