La situación energética mundial generada por la invasión militar de Rusia en Ucrania es la principal razón por la que progresivamente el gobierno de Joe Biden ha optado por una flexibilización en la política de sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), señala el semanario Exclusivas Económicas.
La empresa española Repsol y el gobierno de Pedro Sánchez han agilizado en Caracas sus gestiones ante la propia administración de Maduro y toda su acción de lobby en Washington ante la OFAC, con el fin de alcanzar un beneficio similar al que recibió Chevron a finales de noviembre de 2022, advierte la publicación.
El Gobierno de España nuevamente vuelve a tener embajador en Venezuela con la designación de Ramón Santos Martínez, quien desde diciembre de 2021 estaba como encargado de negocios.
Esto marca un viraje -añade el semanario- tomando en cuenta no solo que ese país había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Incluso, su representante diplomático anterior, Jesús Silva, fue clave para mantener al dirigente Leopoldo López en su residencia en Caracas y luego para su salida hacia Europa.
Repsol, por su parte, ha emprendido gestiones ante Pdvsa con el fin de lograr el control operacional y gerencial en las empresas mixtas en las que tiene participación en el sector petrolero venezolano, como es Petroquiriquire con operaciones al sur del lago de Maracaibo y en El Furrial en el oriente del país, además de Petro Carabobo en la faja del Orinoco, indica Exclusivas Económicas.
Pero, sobre todo, en la operación de Cardón IV –en sociedad con la italiana ENI- que es la principal inversión de gas natural que se haya hecho en Venezuela.
Repsol y ENI ya habían sido beneficiadas con una licencia por parte de la OFAC en 2022 para recibir crudo venezolano como compensación por las deudas de Pdvsa, principalmente por la factura de Cardón IV. Sin embargo, estos despachos -de acuerdo con el semanario- no han tenido regularidad debido a que todo el cargamento se dirige a compensar obligaciones sin dejar beneficios en efectivo a Venezuela.
En lo que respecta a la colombiana Ecopetrol, sostiene la publicación, la licencia que gestiona ante la OFAC está dirigida a recibir una autorización similar a la otorgada a Trinidad y Tobago, que al final beneficia a Shell, para la importación de gas natural desde el campo Dragón, ubicado en aguas marítimas en el oriente venezolano.
La intención del gobierno de Gustavo Petro es poder agilizar negociaciones y concretar acuerdos, con el fin de importar gas a través del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte.
Un punto clave para Ecopetrol es si esta dispuesta a reducir sus ventas de crudo a Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos que no está controlada por el Gobierno de Nicolás Maduro y cuya directiva actual fue nombrada por la oposición venezolana, concluye Exclusivas Económicas.