Las sanciones financieras que en 2017 la administración de Donald Trump impuso sobre Venezuela y luego las petroleras en 2019, no han logrado el efecto deseado que era propiciar un cambio de gobierno. Más bien han tenido consecuencias indeseadas sobre la población, como ha sido reiterado por expertos, al agudizarse la emergencia humanitaria y, por su puesto, sobre la industria petrolera, cuya gestión ha estado signada por una mayor opacidad durante este período.
“Las consecuencias de las sanciones fueron inmediatas”, asegura Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston. Recordó que antes de las sanciones Petróleos de Venezuela (Pdvsa) producía alrededor de 1,3 o 1,4 millones de barriles y, al implementarse las medidas, cayó a 800.000 a 900.000 barriles. Luego, en el año 2020, vinieron las sanciones secundarias, que “complicaron muchísimo las cosas”.
“Primero sancionaron a la estatal rusa Rosneft, que comercializaba más la mitad del crudo venezolano, y eso dificultó muchísimo para Venezuela evadir las sanciones. Además, las empresas estatales de China y las de la India decidieron no comprar más crudo venezolano (…) Entonces, para poderlo vender se tuvo que crear todo este mecanismo oculto, de barcos fantasmas que apagan la señal satelital, que hacen trasvase de crudo en el mar”, apunta Monaldi.
Esa opacidad en la gestión financiera del gobierno es la que el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, destaca como la mayor consecuencia indeseada que tienen las sanciones. “La forma cómo Pdvsa vende en este momento el crudo es totalmente opaca, depende muchísimo de intermediarios y eso perjudica al país”.
Las sanciones, a su juicio, también tienen un “efecto desigual”. Asegura que mientras el gobierno “puede construir una estructura que le permite violar las sanciones o enfrentarlas o neutralizarlas, la ciudadanía y el sector privado no”. De allí que sostenga que “el tema sanciones tiene que ser revisado”, porque en este momento “son un obstáculo para la recuperación de Venezuela”.
Ahora, esto no significa que sea un cheque en blanco para la administración de Nicolás Maduro. “Esa revisión tiene darse en el marco de una negociación política, en el marco de normalizar el tema institucional que existe en Venezuela, porque en las condiciones políticas actuales un levantamiento de sanciones de manera unilateral tampoco contribuiría a la estabilidad del país. Son dos procesos que tienen que ir sincronizados”, advierte.
En el informe especial de Ecoanalítica, titulado “Una recuperación de la producción a costa de más opacidad”, correspondiente al mes de marzo de este año, se hace un exhaustivo análisis de la industria petrolera y el impacto que sobre esta han tenido las sanciones.
Uno de los principales planteamientos del reporte es que “el esquema de sanciones impuesto por Estados Unidos agudizó la caída de la producción petrolera desde 2019 (-86% entre 2014 y 2020), pero en los últimos 18 meses la producción ha mostrado un cambio de tendencia hacia una recuperación lenta pero persistente que se explica en el aumento acumulado de 104% – desde los mínimos de julio de 2020”, cuando se situó en 392.000 barriles diarios (b/d) la cifra más baja desde 1934. En los últimos tres meses reportados (diciembre 2021-febrero 2022) la producción se elevó hasta los 804.000 b/d.
Ecoanalítica también detalla que antes de las sanciones a la exportación de crudo de Pdvsa a Estados Unidos y de las órdenes ejecutivas para sancionar las operaciones de las empresas mixtas con socios internacionales impuestas a principios de 2019, la producción ya había experimentado una caída importante evidenciada en una producción acumulada de -27,4% entre enero de 2014 y agosto de 2017.
Esta disminución, según la firma, se profundiza con el comienzo de las sanciones financieras en 2017, que generaron una caída de -29,1% en dos años y medio. Agrega que las sanciones de embargo a las exportaciones petroleras y las medidas sucesivas en 2019 supusieron una escalada superior en la caída en la producción y una mayor participación del Estado venezolano en las exportaciones de crudo, “que ha pasado a ser manejado de forma casi exclusiva y con mayores niveles de opacidad (desconocimiento de algunos destinos y montos a los que se transan los barriles) por parte de la administración de Nicolás Maduro”.
Por su parte, Antero Alvarado, socio director de Venezuela Gas Energy Latin America (GELA), resalta que en febrero de 2020 se anunciaron sanciones contra Rosneft Trading, empresa que ayudaba a Pdvsa a traer combustibles y diluentes, y a partir de esa fecha se dejaron de importar aproximadamente 90 kbd de gasolina, que era básicamente lo que abastecía el grueso del mercado interno.
“Todos los que vivimos en Venezuela recordamos la escasez de gasolina que se vivió hasta la llegada de los tanqueros iraníes a Venezuela en julio de 2020”, señaló.
Luego, en noviembre de 2020, se suspendieron los swaps de diésel, que le permitían a Pdvsa intercambiar crudo por diésel bajo un permiso especial que tenían tres empresas internacionales. Al suspenderse esa medida, la estatal dejó de importar diésel de bajo azufre necesario para el sector eléctrico y transporte y “tuvo que cruzar ese río con diésel nacional de alto azufre”.
“Pdvsa logró recuperar las refinerías nacionales, pasando a refinar volúmenes importantes de gasolina y diésel. Se puede decir que las sanciones obligaron a Pdvsa a reparar sus refinerías. Hoy en día Pdvsa no importa ni gasolina ni diésel. Pero todavía existe un déficit de unos 40 kbd de gasolina para llegar a los niveles de consumo antes de las sanciones contra Rosneft en 2020”, señala Antero.
¿Cuáles son las razones de esta “recuperación parcial”?
Esta recuperación de la producción de Pdvsa, la cual la firma cataloga como “aún parcial y lejana a las cifras previas a las sanciones”, se ubica en -45,5% (unos 1.477 mbd) respecto al promedio del trimestre anterior a la implementación de las sanciones al sector petrolero. Según Ecoanalítica, Pdvsa se ha favorecido por el comportamiento al alza de los precios del petróleo y los repuntes del bombeo, que han llevado a un mayor flujo de caja para la estatal petrolera.
Sin embargo, aclara que esto se ha producido “en un ambiente de más opacidad en la cadena de comercialización y producción: con poco conocimiento de los actores involucrados, los destinos y los socios que forman parte del proceso”. Esto se ha basado en “un complejo sistema de comercialización de crudo elaborado para evadir las sanciones con un sinfín de triangulaciones, descuentos y envíos a destinos muy opacos y con las herramientas de geolocalización apagadas.”
A pesar de esta recuperación parcial, “la industria petrolera venezolana evidencia una condición de fragilidad y vulnerabilidad nunca antes vista, como demuestra el hecho de que se encuentra golpeada de forma simultánea por la interrupción de los flujos comerciales, la dureza de las sanciones internacionales y la acelerada degradación de la capacidad productiva, la cual solo ha dado señales de recuperación parcial en el corto plazo con ayuda de equipos técnicos iraníes”, agrega el informe.
Para sustentar el anterior planteamiento, Ecoanalítica pone como ejemplo los meses de abril de 2021 o enero de 2022, con caídas intermensuales en la producción, lo que ha dejado como evidencia que Pdvsa sigue presentando problemas operativos estructurales, como la irregularidad en la provisión de diluyentes, la falta de taladros activos y las barreras al financiamiento externo que ocasionan caídas repentinas de la producción. “Es la razón por la cual existe un techo (inestable) para la recuperación de la producción local, también afectado por las posibilidades de colocar crudo en el marco de un contexto de comercialización hostil”.
Llegan nuevos socios y aumenta la opacidad
Las empresas mixtas que llegaron a aportar cerca de 70% de la producción total cuando Pdvsa empezaron a enfrentar la caída drástica en su operatividad. También vieron frenada a cero su participación debido al esquema de sanciones impuesto entre 2019 y 2020.
Esta situación, explica Ecoanalítica, ha propiciado la salida de varios de los socios occidentales como las japonesas Mitsubishi y Teikoku y las europeas Shell, Equinor y Total, aunque se mantienen Chevron, ENI o Repsol dentro de la participación en las empresas mixtas. “No obstante, hay poca o ninguna información si para contrarrestar esas salidas han entrado nuevos actores en el capital accionario de esas empresas”.
El informe revela que la administración de Nicolás Maduro, “carente de la capacidad financiera necesaria”, ha estado ofreciendo posibilidades de inversión en la industria petrolera desde comienzos de año (…) Pero, “el estancamiento en el statu quo y los altos costos reputacionales que implica actualmente estar asociado a Pdvsa han implicado la salida de varios de estos actores occidentales y la entrada de nuevos y menos conocidos socios”.
“El gobierno, al estar consciente de la posibilidad de que antiguos socios se desliguen de otros proyectos y ante sus limitaciones financieras, ha venido celebrando tratos con compañías locales para la financiación de proyectos a cambio de crudo, mientras se mantiene la participación de Chevron y CNPC en empresas mixtas como las empresas más importantes con mantenimiento de actividades locales, aunque nulos niveles de producción, luego de la salida de Rosneft en marzo de 2020 por enfrentar la aplicación de las primeras sanciones secundarias como parte del esquema de medidas tomadas desde la administración de Trump contra Nicolás Maduro”, indica Ecoanalítica,
Según el reporte, sin el apoyo de socios extranjeros y una reinstitucionalización del sector, “un escenario de recuperación sostenido de la industria es poco factible por la falta de acceso a financiamiento, la poco o nula resolución de los problemas estructurales de productividad de la economía venezolana y las facilidades que genera el clima de alta opacidad para adecuar esquemas de corrupción amplios a lo largo de toda la cadena productiva y de distribución”.
De hecho, en opinión de Francisco Monaldi, para Venezuela es muy importante que no se vayan las empresas internacionales. “Desde hace tiempo se está hablando de la posibilidad de flexibilizar las sanciones para que las empresas puedan cobrar y no se tengan que ir del país. Incluso, desde la perspectiva de Estados Unidos no hace ningún bien que se destruya la industria petrolera venezolana».
Más exportaciones: ¿a cambio de qué?
De acuerdo con los cálculos de Ecoanalítica, los ingresos por exportaciones petroleras pasarán de 5.714 millones en 2020 a 16.200 millones de dólares en 2022, un incremento de 183% “que ahora depende en su totalidad de Pdvsa y su funcionamiento opaco para evadir las sanciones”, ante la paralización de la producción de sus socios extranjeros. Bajo ese escenario, las exportaciones promedio cerrarían el año en unos 830.000 b/d, y “el repunte de ingresos se vería más favorecido por el entorno global de repunte en los precios de las materias primas”.
En un escenario de recuperación, a partir de un eventual levantamiento de sanciones y apertura petrolera a empresas occidentales, que pasa por una modificación de la Ley de Hidrocarburos, la cual hasta ahora mantiene la obligatoriedad de la mayoría accionaria de Pdvsa en los proyectos, el aumento de los ingresos por exportaciones petroleras calculado por Ecoanalítica alcanzaría un rango entre 25.000 y 31.000 millones de dólares, con exportaciones promedios que se ubicarían entre 984.000 y 1.211.000 b/d.
Por el momento, China sigue siendo el principal socio comercial en materia petrolera, a pesar de que no exista registro de envíos directos de Venezuela o Irán por parte del gobierno chino. Malasia y Omán han servido como paradas estratégicas para hacer llegar el crudo venezolano al país asiático. De hecho, según datos de Bloomberg, las importaciones de crudo venezolano e iraní hechas por China crecieron en 53% en 2021.
“Hoy en día Venezuela está exportando a China y está cobrando aún con las sanciones, pero a través de mecanismos totalmente oscuros, llenos de intermediarios y donde Venezuela pierde un dineral por los descuentos que tiene que otorgar, porque tiene que exportar a un costo más alto a destinos como China e importar el diluyente de Irán, que es carísimo”, comenta Monaldi.
En efecto, como resultado de las sanciones, Pdvsa ha seguido acudiendo a ventas con descuento y a operaciones marítimas opacas que permiten a sus socios pasar por debajo del radar estadounidense y evadir posibles sanciones secundarias. No obstante, en los últimos meses, algunas fuentes consultadas por Ecoanalítica han afirmado que “el peso de los descuentos adicionales por la comercialización opaca ha disminuido sensiblemente con una optimización del proceso de triangulaciones de exportaciones de Pdvsa.
Por otro lado, según fuentes oficiales a las que Ecoanalítica pudo acceder, cerca de 60% del crudo venezolano exportado pasa por el sistema financiero ruso, que se encarga de entregar dólares en efectivo a Pdvsa para cerrar la operación financiera, seguramente implicando costos adicionales al proceso.
Todo lo anterior, de acuerdo con la firma, “implica un fracaso, al menos parcial, de la estrategia de cerrar las oportunidades de comercialización del crudo venezolano, cuyas exportaciones interanualmente muestran un repunte de 19,7% al pasar de 540.000 b/d hasta los 670.000 b/d registrados en enero”.
La recuperación pasa por levantar las sanciones
La dinámica de precios actual y la compleja situación en la que se encuentra el sector energético de Rusia frente a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos pueden renovar incentivos para buscar acuerdos que beneficien el levantamiento de la producción venezolana con la participación de empresas occidentales, indica el informe. Sin embargo, “Venezuela tiene pocas alternativas para una mayor recuperación sin el levantamiento de sanciones”.
Por eso, para que el crudo venezolano vuelva a abastecer a los mercados occidentales, “es clave que una estrategia de levantamiento de sanciones contribuya a la reactivación de las actividades con los socios occidentales, siendo la única forma de limitar la opacidad del esquema actual en el que se desconoce el destino de los envíos, los precios de referencia de nuestro barril y los actores involucrados en las triangulaciones financieras para evadir las sanciones”, sostiene el reporte.
Sin embargo, a juicio de Antero Alvarado, para que haya un impacto positivo a largo plazo en la industria petrolera venezolana no solo deben revisarse las sanciones, “sino que también el gobierno -cualquiera que sea- debe evaluar cómo hacer más atractivo el negocio. Bajar los impuestos y regalías. Que los privados puedan jugar un rol más importante. Que se creen entes reguladores que puedan hacer de contención a una empresa estatal toda poderosa”.
Así que, a partir de un eventual levantamiento de sanciones y apertura petrolera, los escenarios de recuperación en los siguientes 12 meses implican -de acuerdo con Ecoanalítica- aumentos de los ingresos por exportaciones petroleras en un rango entre 24.000 y 29.000 millones de dólares, con promedios de exportaciones que se ubicarían entre 984.000 y 1.211.000 b/d.
“Más allá de la mayor rentabilidad que genera el acceso a niveles más elevados de ingresos para la industria petrolera, el impacto de un repunte como este es también muy relevante en otras áreas, como la emergencia humanitaria compleja y una posible renegociación de la deuda, problemas estructurales que debe corregir la economía venezolana para avanzar hacia un crecimiento amplio y sostenido”, concluye Ecoanalítica.