Transparencia Venezuela decidió fijar posición “ante las graves denuncias sobre la gestión del Gobierno interino”. En un comunicado publicado en su portal advierte “urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos, no solo por el gobierno de Nicolás Maduro, sino también por el gobierno Interino, además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas”.
Asegura, en que “la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común y quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias que se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación”.
De acuerdo con la ONG, las denuncias “ponen en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos y expuestos otros por la Gran Corrupción desde hace décadas, constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la propia Asamblea Nacional electa en 2015”.
Agregó que la falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, “presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados”.
Según Transparencia Venezuela, los reportajes recogen, entre otras cosas, las denuncias de supuestos sobornos para la recuperación de activos, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior. Señalan también la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato. Hasta la fecha, la página web de la Asamblea Nacional 2015 carece de información de rendición de cuentas.
“Desde las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, la Asamblea Nacional no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia, de contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas sobre las que Transparencia Venezuela se pronunció en su momento”, indica la ONG.
Considera que la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción. La opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático, donde activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos y deben responder a instituciones y a ciudadanos.
“Los organismos públicos deben tener la capacidad y autoridad para controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad. El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias”.
Por lo tanto, hace un llamado al Gobierno interino, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas.
Todo gobierno debe revisar con regularidad los procesos internos y aplicar los controles, con la más estricta disciplina, a fin de lograr eficazmente los objetivos de protección y desarrollo que persigue.
Transparencia Venezuela aseguró que “la misma exigencia hacemos al gobierno de Nicolás Maduro, quien tiene a su cargo la gran mayoría de los recursos financieros del país, cientos de entes públicos y más de 900 empresas propiedad del Estado, de los cuales el país desconoce su gestión desde hace más de 10 años. Una práctica tan recurrente como opaca, que en el último lustro ha llegado al punto de convertir las leyes de presupuesto y endeudamiento en secretos de Estado”.
Y concluye que la propuesta que se viene discutiendo desde hace más de un año, de creación de un fondo especial bajo resguardo de una organización internacional para uso exclusivo en ayuda humanitaria, “debe ser sometida a un amplio e inclusivo debate que renueve la confianza y garantice la efectividad de los recursos tan preciados para el bienestar de los venezolanos”.
Lea el informe completo de Transparencia Venezuela: