David Sánchez es un ingeniero colombiano que se manifiesta como un apasionado por el emprendimiento social y ambiental. Desde su posición como director ejecutivo de la organización Techo Colombia tiene un acercamiento a las causas que han generado las protestas en su país, los efectos sociales de la pandemia de la COVID-19 y el impacto migratorio de los venezolanos, tomando en cuenta que esta asociación atiende a quienes carecen de vivienda y viven en asentamientos.
“La reforma tributaria que impulsó el gobierno de Iván Duque fue solo la mecha que hizo estallar la protesta, pero el descontento estaba, es profundo y pone en riesgo no solo los acuerdos de paz con la guerrilla, sino toda la institucionalidad colombiana”, sostiene Sánchez. “Los muertos de la pandemia los han puesto los grupos de personas de mayor vulnerabilidad, porque tienen un peor acceso a la salud y recrudeció el hambre porque la gente si no podía salir a trabajar no tenía como comer”, acota.
Señala que una de las consecuencias del coronavirus ha sido que más de la mitad de la fuerza laboral de Colombia se encuentra en la informalidad y la pobreza extrema se elevó a 15,1%, cifra que indica la proporción de la población colombiana que percibe ingresos que no cubren ni siquiera su alimentación básica e implica un retroceso al porcentaje que se tenía hace 10 años.
Esta asociación participó en un proyecto para construir 16.000 viviendas de emergencia, muchas de las cuales sirvieron para alojar a parte de las familias venezolanas que llegaron a la ciudad de Cucutá, en el departamento Norte de Santander, donde también fueron beneficiarias de los programas formativos y ambientales.
“La migración de venezolanos alcanza las 2 millones de personas. Estamos hablando de que la población de Colombia aumentó entre 3% y 5% en un par de años, lo cual representó una llegada inesperada y puede cogestionar el sistema de salud. Esa llegada pone unos retos importantes a la institucionalidad, a los líderes y a la política social”, expresa.
