“Ciudadanos deben rechazar nueva escalada contra los medios”

Los primeros días de enero de este año se han caracterizado por una arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra un grupo de medios de comunicación y periodistas independientes, que defienden la libertad de expresión y se caracterizan por publicar informaciones verificadas, reales y sin sesgo político o ideológico.

La construcción de una narrativa por parte de altos funcionarios públicos busca criminalizar el trabajo periodístico en Venezuela y distintas organizaciones gremiales y de la sociedad civil han rechazado las intenciones de acabar con la prensa libre. 

El medio audiovisual Venezolanos por la Información (VPI) tuvo que cerrar sus operaciones en el país, luego que organismos reguladores del Estado, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y cuerpos de seguridad, decomisaran sus equipos con argumentos presuntamente no ajustados a la ley. 

El medio impreso Panorama, con sede en el estado Zulia, también recibió una visita por parte del Seniat, que ordenó el cese de operaciones por cinco días continuos.  El diario digital Tal Cual denunció que sus servidores fueron atacados por hackers durante la semana pasada y, además, funcionarios públicos acusan públicamente a portales como Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Estímulo, Radio Fe y Alegría, entre otros, de recibir financiamientos para “derrocar a Nicolás Maduro”.   

Para Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de la Seccional Caracas, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha cometido “una violación indirecta a la libertad de expresión, ya que el gobierno presidido por Maduro, restringe el derecho de expresión e información a través de vías no solo indirectas, sino totalmente contrarias a los principios democráticos”.

Esta afirmación la hizo a propósito de la arremetida del gobierno en contra de algunos medios de comunicación, en algunos casos utilizando organismos fiscalizadores como el Seniat y Conatel.

El dirigente gremial sostuvo que se abusó de los controles oficiales para evitar la adquisición de papel periódico por parte de los medios impresos y se ha usado el sistema judicial para abrir procedimientos contra los periodistas por su labor de informar y contra ciudadanos por expresar sus ideas públicamente.

Además, se refirió al control de la permisología para la explotación de las frecuencias radioeléctricas y ahora el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre de circulación de ideas y opiniones.

Según Cárdenas, cuando los medios de comunicación y trabajadores de la prensa son agredidos, se ataca a la sociedad. “El mensaje que se intenta transmitir es que son los factores de poder quienes regulan la temática que debe estar presente en la agenda pública”.

La agresión a un periodista o el cierre de un medio ocasiona una pérdida social, pues la sociedad en su conjunto dejará de contar con una fuente de información, indicó.

“La ciudadanía debe estar atenta porque está en riesgo su derecho a informar y estar informados. El ciudadano debe conocer lo que acontece, comprender los asuntos de interés público para que pueda participar activamente en el funcionamiento de la democracia”, dijo.

Afirmó que, según la Corte Interamericana de Derechos Humano, los Estados deben asumir una conducta gubernamental que asegure en realidad una garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos, y en Venezuela, por el contrario, se ha desarrollado toda una política de agresiones a periodistas y medios, lo que se traduce en una flagrante violación al derecho al ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

La directiva de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas pidió a sus afiliados mantenerse en alerta, por considerar que el gobierno de Nicolás Maduro arremeterá con mayor violencia contra medios y trabajadores de la prensa en los próximos días. 

“A pesar de la grave situación que atraviesa la prensa en Venezuela, el gremio periodístico se encuentra unido y dispuesto a asumir frontalmente la defensa de derechos que no son negociables, porque se trata de derechos fundamentales consagrados en la Constitución nacional y diversos instrumentos internacionales”, sentenció. 

Exhortó a la comunidad internacional a que reaccione y se haga eco de lo que acontece en el país, “ya que no hay dudas de que estamos en presencia de acciones que buscan imponer el silencio informativo, legitimando la censura y criminalizando la libertad de expresión e información”.

Barbarie contra la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al “régimen de Nicolás Maduro” por una “nueva ola de agresiones y ataques” contra los medios y periodistas independientes, y pidió a organismos intergubernamentales y gobiernos democráticos que hagan lo mismo.

“Aunque estemos acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, no podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes”, dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP y del Grupo OPSA, con sede en Honduras.

Advirtió que desde la administración de Maduro se busca desviar la atención de la opinión pública con hechos políticos noticiosos y, en este momento, aprovechan para arremeter contra los medios de comunicación y contra los periodistas independientes.  

“El régimen siempre aprovecha la desviación de la atención que provocan otros hechos noticiosos, como la instalación de la polémica Asamblea legislativa propia, para tratar de actuar impunemente en contra de la libertad de prensa”, dijo Canahuati en un comunicado.

La SIP denunció en el ámbito internacional que el pasado  8 de enero fue desmantelada la corresponsalía en Caracas del canal de TV Digital VPI TV, durante un operativo conjunto entre la entidad reguladora de telecomunicaciones, Conatel, y la de recaudación de impuestos, Seniat.

“No podemos bajar la guardia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ante los nuevos ataques.

El también director del diario La Voz del Interior, de Córdoba (Argentina), aseguró que la SIP va a insistir con su “denuncia ante los organismos intergubernamentales y gobiernos democráticos de la región”.

“Se trata  de que nadie quede sin condenar a este régimen que continúa violando en forma sistemática los principios sobre libertad de prensa que emanan de la Carta Democrática Interamericana y de otros documentos internacionales que identifican a las libertades de expresión y de prensa como fundamentos esenciales de las sociedades libres”, sentenció. 

Política sistemática 

La ONG Espacio Público mes tras mes pública su informe sobre violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. 

Solamente en diciembre fueron contabilizadas 54 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación, la censura y las restricciones administrativas los patrones más frecuentes que se tradujeron en 29 casos, donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) precisa que las agresiones y amenazas, el abuso del poder estatal y las restricciones de acceso a la información de interés público fueron los mecanismos de censura que más coartaron el ejercicio del periodismo en Venezuela durante los últimos seis meses de 2020. 

Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del IPYS Venezuela, que totalizó 141 casos de violaciones a los derechos de libertad expresión e información de los periodistas y ciudadanos. 

Durante el segundo semestre de 2020, 91 hombres y 70 mujeres trabajadores de la prensa fueron vulnerados por ejercer su labor y exigir sus derechos. De acuerdo con los datos de IPYS Venezuela, la mayoría de estas violaciones a las garantías informativas fueron ejercidas por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, responsables de 72 de las incidencias que registró esta organización.

Apoyo a los medios y los periodistas 

Luego de la más recientes escalada del gobierno de Maduro contra distintos medios de comunicación, organizaciones pertenecientes a la sociedad civil exigen el cese de estos ataques y respaldan el trabajo realizado por los periodistas y medios de comunicación independientes. 

“Todo ataque contra medios de comunicación y libertad de opinión y expresión debe ser rechazado. Presionar cierre de medios digitales en Venezuela, imponiendo restricciones arbitrarias o decomisando equipos confirma actos sistemáticos de persecución contra quien opina distinto”, aseguró el director del Foro Penal ,  Alfredo Romero. 

La Comisión Delegada presidida por Juan Guaidó también rechazó el cese de operaciones de VPI TV y los ataques a la libertad de expresión. “Procedimientos disfrazados de legalidad contra la prensa libre. Así, el régimen de Maduro ha quebrantado sistemáticamente la libertad de expresión. Cerrar medios y robarse sus equipos es parte de la guerra no declarada de la dictadura contra los ciudadanos. Informar no es delito”, señaló el dirigente opositor. 

El economista y presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, aseguró en un mensaje públicado en su cuenta en la red social Twitter, que «cerrar y amenazar medios de comunicación no solo es una acción antidemocrática e inconstitucional, sino politicamente impresentable hacia el interior y el exterior del país, que aleja al oficialismo de cualquier arista de negociación futura que camine a rescatar equilibrios».

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