Este martes, la ONG Transparencia Venezuela presentó su informe sobre corrupción del año 2018, en el cual reveló que las redes se han extendido a la banca y a empresas en otros países para perpetrar el robo más grande de la historia, que hasta ahora alcanza los US$ 13.199 millones, según procesos judiciales adelantadas por fiscalías y tribunales de varias naciones.
Las altas sumas de dinero y el perfil de los funcionarios involucrados, así como la complejidad del entramado, impulsó el seguimiento de estos expedientes por parte de Transparencia Venezuela, lo que permitió identificar al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, que han tejido relaciones personales y empresariales en Europa y América para apropiarse de los fondos de las arcas del Estado, precisa el informe.
Transparencia enmarca la situación venezolana dentro del concepto gran corrupción, caracterizado por la participación de funcionarios de alto nivel en irregularidades graves, causando daño a toda la población, con vínculos internacionales y amparados en la más absoluta impunidad.
Entre los hechos de corrupción registrados en el informe, se encuentran la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de US$ 1.200 millones; los US$ 2.400 millones que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices; los US$ 4.200 millones en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos y sus cómplices; hasta el conocido caso de El maletín, con recursos comprometidos que totalizan US$ 4,2 millones, monto que pareciera palidecer frente a la magnitud sustraída en otros hechos.
El Patrón de la Gran Corrupción
En los casos presentes en el informe se constata la opacidad, monopolio y captura del Estado, la discrecionalidad y otros elementos que configuran lo que han denominado el Patrón de Gran Corrupción que se ha profundizado en Venezuela desde el año 2003.
Se trata de decisiones y políticas públicas aplicadas en forma sistematizada y generalizada, con la complicidad del sistema de justicia que garantiza la impunidad, denuncian.
Advierten que los decretos de emergencia, dictados de manera inconstitucional y constante en 2018, son objeto de revisión en el informe por su impacto en la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.
También el presupuesto nacional, que alcanzó un nivel de secretismo extremo a la hora de su formulación y aprobación, además del manejo discrecional de los créditos adicionales, que ya ni siquiera se publican en su totalidad en las gacetas oficiales.
Otro aspectos que se incluyen en el informe, son datos y cifras que evidencian cómo la Contraloría General de la República (CGR) sigue sin ejercer sus atribuciones de control, a costa de la destrucción institucional del país.
Finalmente, hay un capítulo denominado Insistir y Resistir, dedicado a la Asamblea Nacional, como reducto institucional en 2018, pese al hostigamiento y el desconocimiento sistemático de su legitimidad como órgano del poder público.
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