Este viernes 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá fallo sobre la controversia territorial entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. A propósito de ello, en HispanoPost consultamos a expertos para conocer en qué podría beneficiar o empeorar la situación entre ambos países lo que en esa instancia se decida.
Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), explicó que Venezuela se encuentra a la expectativa de si la corte decide tomar la responsabilidad de llevar el proceso de demanda interpuesto por Guyana.
«El fallo que va a emitir la corte el día viernes tiene que ver con las excepciones preliminares, es decir, temas de jurisdicción. Si la corte tiene competencia para conocer el caso de la demanda por Guyana contra Venezuela, y además si esa demanda está bien está bien fundada de hecho y de derecho, es el concepto de admisibilidad», dijo.
La internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro del Covri, Mirna Yonis, advirtió que el deber ser en este caso es que la corte se declare incompetente para llevar la demanda: «Lo que se espera es que la Corte Internacional de Justicia dé una respuesta a la demanda introducida por el gobierno de Guyana para que resuelva, según la petición que hace Guyana, el tema de la controversia a partir de una opinión sobre el laudo arbitral de 1899».
Agregó que se espera una decisión que puede ser en dos sentidos. Que la Corte Internacional de Justicia se declare competente para atender el caso y para proceder a una investigación mayor en los términos que está solicitando Guyana o que se declare incompetente para resolver la situación y atender la solicitud que está haciendo Guyana. Considero que no pueden haber más opciones, porque la decisión está en que se declara competente o se declara que no es competente».
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, aseveró que este fallo tiene que ver con la falta de respuesta por parte del Estado venezolano sobre el caso: «Estamos en la corte por la presión ejercida por Guyana ante el secretario general de las Naciones Unidas, el anterior y el actual, para que esta controversia fuera llevada a la corte. Mañana estaremos esperando la decisión de la corte sobre si es su competencia o no este juicio que se abriría en el caso del Esequibo».
Ramírez indicó que desde el Covri se elaboró un libro blanco donde se explica porque se considera que la corte es incompetente para llevar la demanda. «He realizado un libro blanco, respondiendo a estos temas de jurisdicción y admisibilidad. Con el respaldo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales lo hemos enviado a la Corte Internacional de Justicia, para hacerle saber cuál es el punto de la sociedad civil venezolana sobre estos temas: que la corte no tiene jurisdicción ni la demanda de Guyana es admisible. Fue enviado a principios de diciembre. Nosotros no tenemos potestad para participar; sin embargo, cuando hay un Estado no comparece, la Corte debe investigar la posición de ese Estado».
«Nosotros hemos señalado que la Corte no tiene jurisdicción porque el artículo 4°, numeral 2, no es una cláusula compromisoria que le dé competencia a la corte como Guyana ha querido hacer ver en su demanda. Esto es solo una cláusula del Acuerdo de Ginebra que señala que el secretario general de las Naciones Unidas, si las partes no se ponen de acuerdo sobre los medios, escogerá. El secretario general ha escogido, en nuestro criterio, de manera equivocada a la corte porque Venezuela considera que no es competente, porque nunca le ha reconocido jurisdicción. Es una elección equivocada en tanto que el secretario general no tomó en consideración que una de las partes estaba señalando que no le había dado competencia y rechazaba este medio», agregó.
Yonis insistió en la ausencia de competencias de parte de la CIJ para hacerse cargo de la controversia entre Venezuela y Guyana: «Si se declara competente es un exabrupto. Es lo que consideramos desde Covri, porque definitivamente es un mal precedente en el que se atiende una demanda de carácter unilateral que está bajo un elemento de la negociación directa de las partes. O que, por lo menos, se busque un mecanismo de solución de controversia que sea convenido por las partes y no por una tercera donde no hay un acuerdo».
Contreras explicó la posible razón de la insistencia de Guyana para finiquitar la controversia. «Lo importante de esta decisión es que definitivamente Venezuela no reconoce la jurisdicción de la corte y Guyana sí, porque Guyana alega internacionalmente que Venezuela no permite su desarrollo. L que ha motivado esta aceleración de todo el proceso es, en primer lugar, el fallecimiento del anterior buen oficiante que buscaba un acercamiento de las partes para poder encontrar una solución. El interés de Guyana es acabar la controversia con Venezuela, para poder comenzar las explotaciones petroleras que han sido descubiertas frente a las costas de Guyana y que tiene parte de esos yacimientos en territorio venezolano».
Aspectos legales
Ramírez advirtió que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, podría estar afianzando su rol político con las decisiones tomadas en torno al caso Guyana-Venezuela. «Los poderes del secretario general, en el marco de este artículo 4°, numeral 2, son meramente de mediación que fijan el rol político del secretario general de conformidad con el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, desmontamos esa otra tesis de Guyana en la demanda, donde ellos alegan que el secretario general tiene la capacidad de hacer una decisión vinculante para las partes. Los únicos cuerpos a nivel internacional capaces de tomar una decisión vinculante son los órganos de carácter judicial. Los tribunales internacionales».
Yonis aseguró que de declararse competentes para llevar la demanda se estaría fungiendo en extralimitaciones de sus funciones. «Los jueces estarían extralimitándose en las tradiciones y los elementos jurídicos porque es una controversia que está sometida al compromiso de las partes, que es el Acuerdo de Ginebra y que el gobierno de Guyana, según unos intereses un poco oscuros a nuestra consideración, decidió irse por una vía unilateral, alegando que hay un agotamiento del mecanismo de los oficios y de todos los que contempla el Acuerdo de Ginebra».
«Lamentablemente el gobierno venezolano y su Cancillería han sido muy torpes en el manejo de esta situación y esa torpeza ha permitido que pudiéramos llegar a la corte sin que haya habido una búsqueda conjunta de un mecanismo que pudiera ser acordado entre ambas partes. Llegamos a la corte por la negligencia de la Cancillería y el gobierno venezolano, que no hicieron su trabajo para buscar otra salida», detalló Contreras.
Añadió que la posición de Guyana se ve beneficiada. Para Venezuela esta es una situación importante porque estamos hablando de 150.000 kilómetros cuadrados que representa dos veces el territorio de Panamá, tres veces el territorio de un país como Bélgica. Un territorio importante que, además, cuenta con recursos naturales. Se trata de esas arbitrariedades cometidas en el siglo XIX».
Así que de acuerdo con los expertos este viernes la CIJ debería declararse incompetente para llevar la demanda impuesta por Guyana. De proceder esa opción, haría que la controversia volviera a un plano bilateral y del compromiso que rige la relación sobre este tema, que es el Acuerdo de Ginebra», dijo Yonis.
«En consecuencia, la controversia regresa a manos del secretario general de Naciones Unidas para que junto con las partes logren escoger un medio diplomático apropiado que bien puede ser la mediación o los buenos oficios reforzados con mediación, que es donde estaba la controversia en 2018, para que ésta pueda resolverse», concluyó Ramírez.
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