En los últimos tres años y de manera discreta, la administración de Nicolas Maduro adelanta acuerdos estratégicos con empresarios privados para recuperar empresas estatizadas que quebraron y/o se paralizaron debido a la mala administración y corrupción de las directivas oficialistas.
Fuentes seguidoras de ese proceso, que solicitaron guardar sus nombres en reserva, aseguraron que los acuerdos del Ejecutivo nacional y las gobernaciones chavistas con empresarios tradicionales y nuevos se ha extendido bastante en el área de los alimentos.
«Las bolsas de comida de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y los combos alimentarios al personal de la administración pública están conformados con más de 90% de productos hechos en Venezuela», precisó un consultado.
Recordó que en sus inicios el contenido de los CLAP era totalmente importado desde Colombia, Brasil, Argentina, Perú. México, Guyana y China, entre otros países.
Además, de acuerdo con las fuentes, las bolsas CLAP, cuyo precio subió recientemente de 20 a 30 bolívares cada combo, las fuentes indicaron que – salvo la pasta alimenticia proveniente de Turquía- el resto de los alimentos (arroz, harina de maíz precocido, azúcar, leche en polvo, chicha, sardinas, aceite, granos y mortadela enlatada) son elaborados en industrias expropiadas, pero administradas ahora por privados mediante acuerdos con los gobiernos central y estadales chavistas.
Los términos de los acuerdos consisten en el pago al gobierno con suministros de la producción y parte de las ganancias dinerarias.
Retorno y riesgo en las industrias estatizadas
Según estudios de las cámaras de industriales, entre 2002 y 2015, los gobiernos de Hugo Chavez y Maduro -este último en menor intensidad- expropiaron y estatizaron 1.322 empresas privadas como la Electricidad de Caracas, cementeras, bancos, supermercados, silos, mataderos, granjas, fábricas de vidrio y químicos y procesadoreas de café, productos lacteos, pescado y aceite, entre otros.
«Muchas de esas empresas en manos del Estado cerraron debido a la ineptitud y la corrupción de sus directivas», dijo un consultado.
De hecho, de las 1.322 empresas estatizadas se calculaba que para 2021 estaban en pie unas 700 y con dificultades.
Un caso que hizo bastante bulla es el de Lácteos Los Andes -expropiada en 2008- luego de las denuncias de corrupción por parte de los trabajadores en 2021.
La investigación de la Fiscalía llevó a la detención del presidente de la empresa, mientras que el vicepresidente de la sede de Lácteos Los Andes en Barquisimeto se suicidó.
La empresa proveedora de leche en polvo y chicha de los CLAP es manejada ahora por privados, aunque la directiva está integrada por personeros del oficialismo.
Otra transferencia de una compañía estatizada al sector privado es Agropatria -antes Agroisleña- que está en manos del grupo Agrollanos desde 2021 con una inversión de 150 millones de dólares.
«Hay nerviosismo» entre los empresarios
Las fuentes destacaron que «hay nerviosismo» en los empresarios suscriptores de los acuerdos por las empresas estatizadas a la luz de la trama de corrupción destapada en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que salpica a constructores, Cartones de Venezuela y las cementeras.
«No es un secreto la práctica recurrente de funcionarios y personeros del chavismo madurismo de cobrar coimas, comisiones y sobreprecios por debajo de la mesa a empresarios y emprendedores que realizan negocios con el Estado. Estas situaciones pueden salpicar en el futuro a empresarios que hicieron alguna negociación con funcionarios y personeros oficialistas caídos en desgracia», precisó un consultado.
De todas maneras, las fuentes resaltaron que la reflotación financiera y operativa de las empresas estatizadas por parte de los empresarios privados fortalece la actividad productiva del país; además de conservar e incrementar los empleos con un impacto positivo en la oferta de puestos en en el mercado laboral