Para los cómplices de Nicolás Maduro, el costo de la inhabilitación política de Juan Guaidó es menor que privarlo de su libertad. La acción es inconstitucional e ilegitimo, de acuerdo a la explicación del abogado experto en Derecho Constitucional, Juan Manuel Raffalli.
El costo resulta menor porque es un tema jurídico, aunque al final termina siendo político, pero no hay nada más contundente y que pueda generar una reacción más virulenta que el apresamiento de un líder. Sin lugar a dudas, el gobierno de Maduro ha tenido que cuidarse mucho de dar ese paso porque está midiendo el nivel de reacción que se produciría a lo interno, pero también en la comunidad internacional. Sin embargo, esta inhabilitación política es lo suficientemente grave como para generar reacciones y medidas importantes, considera Raffalli.
El anuncio realizado el 28 de marzo por Elvis Amoroso, contralor General de la República de la administración de Maduro, viola lo establecido en los artículos 65 y 200 de la Constitución de Venezuela, porque la inhabilitación política sólo procede cuando hay una sentencia que considere al individuo culpable de un crimen, procedimiento que solo pueden hacerlo los tribunales penales a través de una decisión definitivamente firme, y no se ha cumplido con el debido proceso para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria que enviste a Guiado por ser diputado y presidente del Parlamento.
Según el también profesor de Derecho, las inhabilitaciones administrativas, que desde hace tiempo viene haciendo la Contraloría General de la República -que no es un tribunal ni es parte del Poder Judicial- vulneran el artículo 65, pero además cuando el indiciado por la contraloría es un diputado, se afecta su inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 200 en la Constitución. Solo el TSJ puede llevar a cabo un juicio contra un funcionario de esa envergadura y además se requieren dos pasos muy importantes como el Antejuicio de Mérito y la aprobación de la AN para que el juicio continúe.
Cuando Leopoldo López hubo una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, diciendo que las inhabilitaciones políticas tienen que implicar un juicio completo en donde además se tiene que respetar el debido proceso, el derecho a la defensa. Lo que acabamos de ver es una decisión unilateral y de un ente administrativo.
Contralor ilegítimo, ANC ilegítima, decisión espuria
La nueva medida de Maduro contra Guaidó ocurre en un período de suma crispación social producto de los reiterados apagones, pero además en el que ha habido una degradación del orden constitucional y una alteración funcional de los poderes públicos que se profundizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro decidió juramentarse en el TSJ con la anuencia del Alto Mando Militar.
Tan ilegítimo es Nicolás Maduro, como la Asamblea Nacional Constituyente y las decisiones y designaciones desde ahí emanadas, según explicó José Vicente Haro, abogado constitucionalista, quien reiteró que el nombramiento de Elvis Amoroso fue hecho por Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada instancia.
Amoroso fue designado el 23 de noviembre de 2018 en sustitución de Manuel Galindo, pese a ser una facultad de la Asamblea Nacional -de acuerdo a lo establecido en el artículo 279.
¿Y si no acata, qué?
Un desacato o desconocimiento por parte de Guaidó a la decisión de la Contraloría no puede acarrearle alguna sanción según lo explicado por Haro.
En Venezuela, para este tipo de casos, no existe una sanción de carácter penal pero nunca hay que subestimar la naturaleza del régimen que tenemos, pero no hay ningún tipo de medidas como la privativa de su libertad, ni sanción de carácter penal que se le pueda aplicar a Guaidó por desconocer lo dicho por Elvis Amoroso, dijo.
Pero Haro destaca que la sanción más importante es que ante el CNE actual no podría postularse para ejercer funciones políticas. Advierte que el pasado 30 de enero el Ministerio Público abrió una averiguación administrativa y fueron bloqueadas sus cuentas, por lo que no descarta que estas nuevas acusaciones sean incluidas en el expediente.
El doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Varnagy también considera que Guaidó no debe reconocer la inhabilitación.
Si lo hace estaría reconociendo la presidencia de Nicolás Maduro y eso inmediatamente echaría para atrás el reconocimiento de más de 60 países que lo reconocen precisamente a él como presidente interino, pero además reconocería las instituciones que maneja el señor Maduro como las que están dentro del estado de derecho y se pondría de espaldas a este estado de derecho que él encabeza.
Guaidó no solo ha pulido su discurso, sino que además se ha tornado desafiante y retador al dirigirse directamente a Maduro. Aquí estoy, dale, pues, le dijo después de que el Sebin se llevara al director del despacho, Roberto Marrero.
Así mismo lo hizo el 28 de marzo cuando conoció la nueva acción en su contra. No es Contralor, no existe una ANC (…) a ese señor lo desempolvaron para amedrentar a los hoteles donde nos hospedamos, contestó.
Qué debe hacer Guaidó
Haro considera que Guaidó tiene que actuar en dos bandas, en la política y en la jurídica. Explica que políticamente, debe desconocer absolutamente la decisión de Amoroso. Debe restarle importancia y seguir con la agenda política que se ha trazado, asegura.
En cuanto a las acciones jurídicas, recomendó que su equipo de abogados y la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional acudan a instancias internacionales como lo hizo Leopoldo López en su momento.
Lepoldo logró demostrar y creó un precedente en el sistema interamericano que en el caso venezolano, esas inhabilitaciones no se pueden dar. Él debe acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciar esta medida en su contra como una violación de sus derechos civiles y políticos, pero también como una violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos a elegir en un eventual escenario electoral, agregó Haro.
Los especialistas consultados por HispanoPost coinciden en que el régimen de Maduro ha visto que la figura de Juan Guaidó ha ido creciendo y buscan neutralizarlo políticamente.
Independientemente de sus altos y bajos en el discurso; y algunas veces en la incertidumbre que todavía tiene cierto sector de la población sobre el camino que él ha trazado. El régimen lo que está es adelantándose, jugando una posición desde el punto de vista político para sacar a Juan Guaidó de cualquier posible escenario de elecciones en Venezuela, es decir, que no pueda ser candidato presidencial.
Negociaciones entre Estados Unidos y Rusia
Daniel Varnagy opina que el hecho de que estén aquí unos aviones de la Federación Rusa, no quiere decir que entre Estados Unidos y esa Federación Rusa no haya conversaciones de espaldas al conocimiento de Venezuela para negociar algunos aspectos que pudieran generar avances en la estabilización de la situación política venezolana.
Varnagy considera que el resultado de esas negociaciones es la inhabilitación de Guaidó, como parte de un pacto en el que no se le priva de su libertad pero si lo saca del juego electoral, pues encarcelar podría generar una inmediata reacción militar por parte de EE.UU.