Los empleados públicos son amenazados, persegudos y despidos por apoyar al presidente encargado Juan Guaidó o participar en actividades de la oposición.
Los sindicatos han recibido más de 3.500 denuncias de despidos solo en los últimos 15 días, denunció Serbando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.
Aseguró que la orden es aplicar castigos ejemplarizantes para atemorizar a los trabajadores y desistan sumarse al cambio político de Venezuela impulsado por la oposición.
Al trabajador afectado se le prohíbe entrar al ministerio u organismo del Estado. En la recepción le entregan las cartas con la calificación de despido, le quitan el carnet y le dan en una bolsa sus efectos personales de la oficina, dijo.
Agregó que la situación laboral se agrava porque el gobierno ha removido a muchos inspectores del trabajo y los sustituye con gente sin experiencia, pero leal para hacer efectivas las expulsiones pasando por alto el derecho del trabajador a la defensa previsto en la Ley.
Carbone precisó que ante los atropellos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Garantías para Empleados Públicos el 2 de abril pasado. Indicó que solicitarán al parlamento la aprobación de un fondo de protección a los despedidos porque se quedan sin cobrar salarios.
Pablo Zambrano, directivo del sindicato de trabajadores de la Salud, advirtió que en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales despidieron 400 enfermeras por opinar o manifestar en contra del gobierno.
Destacó la persecución contra 13 dirigentes sindicales del sector eléctrico, Cancillería, Metro de Caracas y Banco Central de Venezuela por sostener reuniones o participar en eventos con Guaidó.