El informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo resultó condenatorio a la administración de Nicolás Maduro tal como las organizaciones sindicales y empresariales venezolanas y del exterior habían pronosticado. Le da un plazo de 3 meses para reconocer y rectificar su incumplimiento a los convenios de la OIT.
La Comisión, establecida por el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 2018, estuvo en Venezuela entre el 8 y 12 de julio para constatar in situ las denuncias de Fedecámaras, a través de la Organización Internacional de Empleadores, a las que se sumaron centrales obreras y sindicatos independientes. Los integrantes de la comisión son los destacados expertos laborales Manuel Herrera Carbuccia, María Emilia Casas Baamonde y Santiago Pérez Castillo de República Dominicana, España y Uruguay, respectivamente.
El informe es lapidario contra el gobierno dadas las graves y reiteradas violaciones durante la presidencia de Hugo Chávez y de Maduro, manifestó Serbando Carbone, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores.
Recordó que en entrevistas con testigos sindicales, empresariales y gubernamentales, la comisión recabó más de 200 exposiciones y denuncias bajo juramento a los integrantes de la comisión de la OIT, la cual en el texto del informe insta al cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión.
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Aquí se inserta el caso del presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Iván González, condenado en agosto a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar.
Conforme al artículo 28 de la OIT, el informe expone el resultado de las averiguaciones de la Comisión además de las conclusiones y recomendaciones respecto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social.
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Señala una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, la injerencia de las autoridades, la falta de consulta tripartita, especialmente en la fijación del salario mínimo que Maduro decreta unilateralmente, y la exclusión del diálogo social.
La Comisión plantea el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.