Tras el allanamiento por parte de presuntos funcionarios de las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana a la sede del partido Voluntad Popular en Caracas, la dirección nacional, diputados y activistas reivindicaron su compromiso con la lucha pacífica y democrática para conquistar el cambio que permita a los venezolanos avanzar hacia un mejor país.
En este sentido, la diputada a la Asamblea Nacional y responsable del Comité para la Liberación de los Presos Políticos de la tolda naranja, Adriana Pichardo, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro pretende montar una olla contra la organización y contra el coordinador nacional de activismo, Alexander Tirado.
«El día viernes 15 irrumpieron en nuestra sede unos ciudadanos con actitud de malandros, amedrentando y robando a nuestros trabajadores. Actuaron de una manera despreciable, golpeando a nuestros activistas hombres y mujeres. Pretenden montar una olla contra «El Gato» de Aragua, pero en Voluntad Popular somos hombres y mujeres de bien, dispuestos a luchar en la calle hasta que cese la usurpación».
La parlamentaria condenó que el Ministerio Público no haya abierto una averiguación con respecto a este caso e informó que en las próximas horas el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, ofrecerá un balance sobre la investigación del hecho. Asimismo, el también comisionado para los DDHH y atención a las víctimas, Humberto Prado, realizará las gestiones necesarias para denunciar los atropellos en la sede de VP ante los organismos internacionales pertinentes.
«Enviaremos un expediente a la Comisión de DDHH de la ONU donde hay una investigación abierta sobre las persecuciones a este partido y enviaremos a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, los videos y las pruebas de estos delitos. Nuestro partido ha sido brutalmente perseguido desde que en el pasado año 2014 nuestro líder Leopoldo López alzó su voz para denunciar a la dictadura; fueron contra él, contra Carlos Vecchio, contra nuestros dirigentes y diputados, pero mientras persiguen a uno, se levantan miles más. Hoy, el presidente interino de nuestro país pertenece a la familia de Voluntad Popular», dijo.
A juicio de Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda, el allanamiento a la sede de la tolda naranja buscaba amedrentar a los ciudadanos de cara a la movilización convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. «Buscaron amilanar y desvirtuar la lucha, dejarnos como los violentos, pero el pueblo respondió y la movilización del 16 de noviembre fue un éxito. Nuestro pueblo salió a las calles de manera pacífica y la dictadura fracasó, encerrada en unas cuadras en el centro de Caracas».
La abogada defensora de los DDHH, Ana Leonor Acosta, denunció que durante la irrupción a la sede se cometieron al menos 10 delitos contra los trabajadores y activistas que se encontraban en el lugar; entre los cuales destacó: daños y violación a la propiedad privada, robo, uso desproporcionado de la fuerza pública, amenazas, quebrantamiento de tratos internacionales, violación a los derechos humanos y de la mujer.
«Desconocemos a qué cuerpo de seguridad pertenecen los presuntos funcionarios que irrumpieron en nuestra sede el día viernes. Al menos 40 personas estuvieron secuestradas, en su mayoría mujeres, a quienes vejaron, tocaron y apuntaron en la cara. Vimos con la brutalidad con la que actúa el régimen, que no es capaz de respetar la dignidad de la mujer. Ellos trataron se sembrar armas en el partido y decir que nuestros activistas son violentos, pero lo del sábado fue una movilización pacífica. La justicia va a llegar a quienes han atropellado inocentes durante los últimos 20 años», concluyó.
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