La organización no gubernamental (ONG) Justicia Venezolana se pronunció sobre el informe técnico presentado este jueves por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la 43 Sesión Ordinaria del Consejo de DDHH; aseverando que el mundo sigue clamando por la libertad de presos políticos, civiles y militares, que hoy permanecen tras las rejas en Venezuela.
Yonathan Mustiola, abogado y director de la mencionada ONG, sentenció que el retardo procesal hoy mantiene en los calabozos de cárceles militares a más de 200 uniformados, a quienes no se les sigue un debido proceso y no se les garantiza el pleno ejercicio del derecho a la defensa. «Se trata de oficiales institucionales a los que condenan con la falta de procesos justos y expeditos, como estipulan las leyes venezolanas», precisó.
El jurista refirió además, como de suma importancia, que Bachelet insista en la necesidad de adoptar un protocolo que permita, observar a su equipo, el desarrollo de las audiencias y juicios, y así, monitorear el respeto de garantías judiciales.
Según Mustiola, Justicia Venezolana ha exigido reiteradamente que se cumplan los lapsos procesales descritos en el Código Orgánico Procesal Penal y se cumpla con el debido proceso, así como también que se ponga fin a los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que han sido víctimas los militares presos políticos a la hora de su detención e incluso, después de la misma. «Urge frenar la violación al debido proceso, dar un alto a los abusos en los centros de detención contra presos políticos militares, lo cual contaría su derecho a la defensa, y de igual modo detener la tortura y persecución contra familiares de militares detenidos», puntualizó.
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