Las autoridades del Ministerio de Petróleo intentaron hacer varias negociaciones para la entrega de campos mediante el uso de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, pero en las conversaciones con abogados de empresas privadas nacionales y sobre todo extranjeras se advirtió que jurídicamente un contrato con una firma foránea tendría problemas si se sustentaba en esa legislación, indica Exclusivas Económicas.
“Las conversaciones y negociaciones para agilizar inversiones en los sectores petroleros y gasíferos se mantienen apegadas a las disposiciones que consagran tanto la Ley Orgánica de Hidrocarburos en materia petrolera, como lo que señala la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos para el gas natural”, comentó una fuente vinculada al área jurídica del Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
“Es verdad que se han hecho intentos de concretar negocios utilizando la Ley Antibloqueo, pero eso es prácticamente imposible para los sectores de exploración, producción e incluso refinación”, añadió la fuente.
Todo indica, de acuerdo con el semanario, que la administración de Nicolás Maduro no quiere reconocer la inviabilidad que tiene la Ley Antibloqueo porque forma parte del discurso político que se mantiene frente a la oposición y al gobierno de Estados Unidos. Además, se busca señalar que existen logros económicos pese a las sanciones.
En contrataciones con organismos del Gobierno, así como en el sector turístico, el uso de la Ley Antibloqueo tiene avances, pero básicamente para negociaciones con empresarios locales que no tienen negocios o actividades comerciales en Estados Unidos, agrega la publicación. El Ministerio de Petróleo ha intentado que los Acuerdos de Servicios Productivos –que son como los antiguos convenios operativos que existieron en los años de la apertura petrolera- tengan soporte jurídico con la Ley Antibloqueo ante la imposibilidad que tiene la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero también ha afrontado problemas para que estos contratos cuenten con el suficiente blindaje legal, puntualiza Exclusivas Económicas.