Abogados: Giros en casos de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo no entorpecerán investigación de la CPI

El fin de semana, Tarek William Saab, fiscal general de la República de la administración de Nicolás Maduro, anunció que estaba haciendo entrega del tercer informe de gestión ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que dio un giro a las declaraciones ofrecidas anteriormente por el Ministerio Público) venezolano, en tres casos emblemáticos que son investigados como crímenes de lesa humanidad.

El cambio de lo informado fue en los casos del dirigente político de Primero Justicia, Fernando Albán, el estudiante universitario asesinado en una protesta de 2017, Juan Pablo Pernalete, y el capitán de corbeta Acosta Arévalo. Sobre estos cambios, en HispanoPost conversamos con dos abogados que han llevado causas de violaciones a los derechos humanos, para conocer cuál puede ser la influencia de este giro del discurso oficial en la investigación que sigue la CPI.

Joel García, abogado especialista en Derecho Penal y defensor de varios presos políticos, explicó que el giro que dieron esos tres casos no entorpece la investigación. “Esos tres casos no son los únicos considerados por la CPI. La corte no pierde el proceso que ha venido realizando, pero hay que esperar el pronunciamiento a finales de junio a ver qué va a decir la Fiscalía de la CPI. Esos casos están debidamente sustentados ante esa instancia y tendrán que corroborar lo que dice Tarek William Saab”.

Indicó que el informe entregado por Saab corresponde a los plazos establecidos por la fiscal de la Corte Penal Internacional para realizar la investigación. “Dijo que para el primer semestre de 2021 tenían que emitir un informe sobre si procedía el inicio de la investigación contra los representantes de gobierno venezolano por delitos que le competen a la CPI: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, entre otros, establecidos en el Estatuto de Roma. Las informaciones que la Fiscalía le solicita para establecer si en Venezuela hay voluntad política para juzgar a las personas responsables en estos crímenes, entre otros casos que están denunciados en la CPI”.

Ramón Aguilar, abogado defensor de la familia del concejal Fernando Albán, dijo que estas declaraciones sientan precedentes ante lo denunciado por los familiares de las víctimas y sus defensores ante el derecho internacional. “El cambio de narrativa evidencia que el señor Saab y la dictadura mienten permanentemente, que han sido encubridores de los crímenes al dar versiones distorsionadas, al asegurar que tenían pruebas de algo distinto para, posteriormente, reconocer lo que era evidente, especialmente, en los casos del capitán Acosta Arévalo y el joven Juan Pernalete”.

“En el caso de Fernando Albán, continúan mintiendo porque lo que se ha hecho es agregar un nuevo delito, un supuesto homicidio culposo. Pero cuesta entender cómo es que hay un homicidio culposo de una persona que es lanzada desde el piso 10 del edificio del Sebin”, agregó.

Aguilar advirtió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la fase 2 determinó que posiblemente existen fundados indicios para considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

Señaló que la diferencia entre una violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad “es que para lo segundo tiene que haber una actuación sistemática y permanente, una ejecución pensada, una orden emanada de las altas autoridades o cuando menos una convivencia, un permiso, un hacerse de la vista gorda ante estos crímenes”.

Dilatar responsabilidades

Aguilar insistió en que las recientes declaraciones de Saab buscan “evadir y engañar a la Corte Penal Internacional cuando su Fiscalía está en la fase 3 de la investigación, que consiste en verificar el principio de complementariedad, es decir, la corte revisa si además de existir un crimen de lesa humanidad, en el país donde se hayan cometido estos crímenes se está realizando una investigación seria, oportuna, autónoma e independiente y si se están juzgando estos delitos”.

Describió lo que a su parecer es la estrategia del Estado venezolano: “Lo que pretende el régimen es hacer creer que se está realizando esa investigación, pero no van a poder engañar a la Corte Penal Internacional o a la Fiscalía, porque se están imputando a meros funcionarios y ni siquiera por los delitos que se cometieron. Resulta que los crímenes de lesa humanidad implican una actuación sistemática, es decir, que hay una política gubernamental para cometer esos crímenes y eso implica la responsabilidad directa de los altos mandos: el director del Sebin, del director de la Guardia Nacional, el director de la DGCIM, del ministro de Interior y Justicia e incluso del presidente de la República”.

A juicio de García, la admisión de los delitos por parte de Saab es una estrategia para dilatar el proceso. “Tarek William Saab emite una versión distinta a la que había aseverado en el pasado, deja claro que en aquella oportunidad mintió y es posible que siga mintiendo. Para mí sigue mintiendo y a su vez reafirma lo que el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela informó a la comunidad internacional en septiembre de 2020, de que en Venezuela hay una práctica sistematizada para violar derechos y que va dirigida por el propio gobierno de Nicolás Maduro”.

Añadió que el venezolano común no conoce el contenido de los informes presentados por Saab. “No sabemos qué mentiras dicen, porque con estas nuevas versiones que Saab saca. Por ejemplo, en el caso de Fernando Albán se cansó de decir que se trató de un suicidio, incluso en una oportunidad advertió que podían tener consecuencias quienes mantenían la hipótesis de que no se había suicidado. Ellos quieren hacer ver es que tienen la intención de hacer justicia y responsabilizar a los culpables y, si es necesario, condenarles, pero eso es simple y llanamente una estrategia de dilación y con ello rompen la responsabilidad hacia los superiores de esos funcionarios subalternos que cometieron esos hechos”.

Las nuevas versiones

Para ninguno de los dos abogados, la idea de que Tarek William Saab haya cambiado la versión de los hechos ayuda en el proceso de investigación a favor del Estado. Sin embargo, advirtieron que quedan vacíos que generan más confusión y buscan encubrir a los culpables.

García explicó que en el caso de Pernalete admitieron la versión de asesinato por bomba lacrimógena, tal como lo había admitido en 2017 la fiscal de aquel entonces, Luisa Ortega Díaz. Le ponen homicidio preterintencional, cuando la intención es lesionar más no matar. “Además, bajo la figura de complicidad correspectiva, que significa que ante varias personas que podrían estar vinculadas no se logró determinar a ciencia cierta quién fue el que disparó”.

Aseguró que esta medida les atenúa las penas a los responsables de los delitos. En el caso del capitán Acosta Arévalo, “ahora sí imputó por el homicidio calificado y no como el homicidio preterintencional. Sale diciendo que Albán murió a causa de un homicidio culposo y que imputaron a unos custodios y otros delitos como agavillamiento, homicidio culposo, favorecimiento de fuga e incumplimiento de los deberes de custodia”.

Explicó que el homicidio culposo es cuando no existe intención y el homicidio se comete por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de órdenes y reglamentos del autor del hecho. “Tanto en el caso del capitán Acosta Arévalo como de Fernando Albán, para justificar sus aprensiones o detenciones arbitrarias, dijeron que ambos estaban implicados en el magnicidio frustrado, ocurrido el 4 de agosto de 2018 contra Nicolás Maduro. Yo que formo parte del equipo defensor del diputado Juan Requesens, imputado por este mismo caso, hay que decir que en este caso no se han mencionado ni una sola vez ni al capitán Acosta Arévalo ni a Fernando Albán, ni los funcionarios policiales ni el ministerio público han hecho ver que estas dos personas estuvieran involucradas”.

Próximas acciones

Aguilar instó a los familiares de las víctimas y a sus defensores a continuar con las denuncias, aportando pruebas. “La Fiscalía ahora también tendrá que hacer sus investigaciones, interrogar a los familiares de las víctimas, tendrá que hacer experticias técnicas y es un proceso que puede ser lento para los que queremos justicia, pero es un proceso que ya está avanzado y avanzando. Los defensores y familiares tenemos que mantenernos firme, presentando denuncias, documentos y testimonios, colaborando con la justicia internacional para que se juzgue a los altos personeros del régimen”.

García aseguró que “los familiares de estas personas no comparten estas declaraciones, saben que es una burla para ellos, para Venezuela y para la comunidad internacional, y muy especialmente para los miembros de la CPI”.

“Los crímenes de lesa humanidad a la luz del derecho internacional y a la luz de nuestra propia Constitución de 1999 no prescriben jamás. Las acciones son seguir, insistir en que estos hechos van a quedar impunes si quedan dentro de la jurisdicción de Venezuela, porque la responsabilidad directa la tienen desde los directores de esos cuerpos policiales, el mismo Ministerio Público que es el titular de la acción penal, que es quien ha acusado, investigado y perseguido a estas personas e incluso los jueces que son copartícipes de ellos. Y, por supuesto, toda la cabeza de mando que pudiera llegar hasta la Presidencia de la República”, puntualizó.

Más del autor

Keissy Bracho
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual Especializada en Comunicación Política, Opinión Pública, Marketing Político, Gestión de Políticas Públicas. Aprendiendo de Género

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